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Lograr justicia contra los crímenes del Estado mexicano, cometidos durante décadas contra el movimiento obrero y social es una de las demandas más trascendentes de nuestras luchas. Una verdadera justicia, es decir, el esclarecimiento de los hechos, el castigo a los culpables y la rehabilitación de las víctimas es una demanda que aún debemos de enarbolar.

A estos crímenes cometidos en las décadas pasadas se suman todos los muertos, desaparecidos, desplazados y otros “daños colaterales” de la falsa Guerra contra el narcotráfico que ha desatado una violencia inaudita contra los pobres de este país. Además, los crímenes cometidos contra los movimientos sociales en los años recientes, han sido ocultados bajo esta falsa guerra, tal es el caso de Tlatlaya, Allende, Cocula o Ayotzinapa.

AMLO ha declarado que su intención es pacificar al país, con foros, una amnistía, comisiones de la verdad y muchos acuerdos. Su idea está enfocada fundamentalmente en las víctimas de la violencia del estado y los cárteles en los pasados 2 sexenios. Deja de lado las masacres contra estudiantes, campesinos, maestros, trabajadores, etc. Ofreciendo que no habrá olvido pero que tiene que haber perdón, es decir, que tenemos que tragaros la rabia y hacer como si nada hubiera pasado porque vamos a ser un nuevo país.

Sin embargo, los Foros de pacificación están resultando un acto dónde víctimas y sus familiares son telón de fondo, adorno de declaraciones grandilocuentes. Situación que incluso ha resultado insoportable aún para algunos aliados del nuevo gobierno como Nestora Salgado o Manuel Mireles, quienes impulsaron la defensa tomando las armas ante la inutilidad del gobierno y también, no olvidamos, el silencio de los dirigentes de Morena. Han optado por retirarse de estos foros haciendo duras críticas.

Nosotros hacemos una crítica a esta visión, pues tiende a dejar fuera a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado; como caso paradigmático, el genocidio del 2 de octubre de 1968. Además, nuevamente tiende a dejar impunes a los responsables. Con el llamado a la conciliación que hace, calla la voz de quienes estamos poniendo los muertos; aunque se condene a algunos de sus miembros, los grupos de poder quedan en su lugar.

Otro punto importante es que la o las llamadas comisiones de la verdad no tienen facultades para impartir justicia, sino únicamente para investigar y emitir recomendaciones que no son vinculantes1. Lo que en realidad necesitamos es una Fiscalía especial que castigue a los responsables, y para que algo así funcione es necesario depurar a todo el poder judicial de los jueves cómplices de las masacres, encubridores de los asesinos.

Sólo de esa manera se puede avanzar contra la corrupción y la impunidad. Sólo de esa manera puede haber justicia, justicia sin la cual no puede haber ningún perdón. Los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por el Estado mexicano contra el pueblo, no prescriben, las heridas infligidas en la carne viva de nuestras hermanas y hermanos no se pueden curar con buenos deseos.

Las luchas dadas en el terreno judicial por parte del Comité 69, de los defensores de derechos humanos en casos como Tlatlaya y Ayotzinapa deben ser arropadas por el conjunto del movimiento no como medidas legales sino como armas políticas contra el Régimen. Deben ser usadas como auxiliar de la organización independiente y la movilización revolucionaria desde las escuelas y centros de trabajo por conseguir una verdadera justicia y por una transformación social de raíz que deje en el pasado el Estado autoritario y asesino que siempre hemos sufrido.

[1] Verduzco Ríos, Carolina, El multifacético carácter del movimiento estudiantil de 1968, folleto editado por el Comité 68, 2018.


Periódico de la Izquierda Revolucionaria

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