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Por elecciones democráticas para definir al próximo Director General

La derrota del PRIAN en las pasadas elecciones del 1 de julio abrió un panorama de posibilidades para la educación en nuestro país, impensable bajo la derecha en el poder, misma que desde la reforma al Artículo 3° Constitucional de Salinas en 1993, lanzó una salvaje ofensiva contra las universidades públicas para debilitarlas y favorecer con ello el desarrollo de las instituciones privadas de educación en todos los niveles.

Ante un escenario cada vez más hostil para los jóvenes proletarios y sus aspiraciones de estudiar alguna carrera profesional, la clase trabajadora y la juventud se movilizó para llevar a AMLO y a Morena al poder con el objetivo que revertir los nefastos resultados de décadas de gobiernos de derecha. 

Esa aspiración conectó con las promesas de AMLO de eliminar los exámenes de selección, además de asegurar que no haya un solo joven sin espacio en las aulas universitarias. Por consecuencia, a escasas semanas del 1 de diciembre, día en que AMLO oficialmente será nombrado presidente de la República, es necesario pasar a los hechos y tomar medidas que creen condiciones adecuadas para verdaderamente poner a la educación superior a la altura de las expectativas de los estudiantes, profesores y trabajadores. 

Si bien para ello una precondición insoslayable es el incremento significativo del presupuesto del Estado para educación superior, otra medida inaplazable resulta ser la democratización de sus formas de gobierno, ello a razón de que la alta burocracia de las universidades ha vuelto a éstas un botín por medio del cual reproducen todos sus privilegios en demerito de las condiciones de estudio y de trabajo. Además se trata de una casta universitaria encabezada por Rectores y Directores generales con fuertes lazos con el PRIAN, mismos que no dudaran en usar su poder para sabotear toda iniciativa en beneficio del desarrollo y defensa de la educación pública para los hijos de los trabajadores y que ponga en peligro sus intereses.

Esas advertencias son válidas para la tradicional alta burocracia de las universidades, pero también lo es para aquellos lobos con piel de cordero que mimetizándose en las filas de la izquierda se han puestos al servicio de la reacción desempeñando un papel abiertamente nocivo para los estudiantes. Ese es el caso de Joel Ortega, mismo que mueve sus fichas para intentar quedar al frente del Instituto Politécnico Nacional (IPN) como Director General. 

Joel Ortega siendo titular de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP-DF) de la ciudad de México en 2007, ordenó y orquestó la salvaje represión contra el Movimiento de Estudiantes No Aceptados (MENA) de la noche del 6 y 7 de agosto de ese año, misma en la cual sería lanzado el cuerpo de granaderos contra un grupo nutrido de estudiantes y padres de familia que se manifestaban pacíficamente en las instalaciones del IPN-Zacatenco demandando un lugar para estudiar. 

La represión dejaría como saldo decenas de estudiantes y padres de familia heridos, varias órdenes de aprensión contra activistas, además de nueve jóvenes presos políticos acusados de cargos federales que jamas cometieron. La represión contra el MENA sería el pago del titular de la SSP-DF a José Enrique Villa Rivera, entonces Director General del IPN, y quien el 29 de junio, apenas unas semanas antes del ataque de los granaderos contra los estudiantes, otorgaría Joel Ortega la presea Lázaro Cárdenas, misma que es el máximo reconocimiento que otorga dicha institución educativa. 

El brutal ataque contra el MENA sería la carta de presentación de Joel Ortega con dedicatoria para la alta burocracia del IPN, con la cual demostraría qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para salvaguardar los privilegios de esa casta de parásitos de la educación y así formar parte de su círculo más íntimo. Incluso, otro dato que es relevante, no resulta casual que el porrismo del IPN, el cual se vio severamente debilitado tras movilizaciones históricas por parte de la comunidad politécnica expulsando, mediante la lucha, a esta lacra y paralelo a esto, la derrota del PRI en 1997 a cargo del PRD y Cárdenas, haya experimentado un proceso de recuperación a partir del 2000, año en el que Ortega queda al frente del gobierno de la GAM por el PRD, demarcación que aloja las instalaciones del IPN-Zacatenco.

Maniobra tras maniobra, Joel Ortega se ha ido posicionando en las entrañas de la alta burocracia politécnica, de ello habla la proximidad lograda en su momento con  Yoloxóchitl Bustamante, nombrada por Calderón titular del IPN (2009-2014) y ahora virtual secretaria de educación del próximo gobierno panista de Guanajuato. Y en ese mismo tenor se ubica el nombramiento de Joel Ortega en agosto de 2017 como presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del IPN.

De éste modo, su infiltración en la izquierda, la participación en el equipo que ayudaría a AMLO a definir la agenda de seguridad pública pocos días después de las elecciones de julio, pero además su cercanía con la alta burocracia politécnica, lo ponen como el posible candidato a modo para la dirección general del IPN. 

De cumplirse esa perspectiva, podemos dar como hecho que al frente del IPN quedaría alguien que no sólo estaría al servicio de los intereses de la casta parasitaria politécnica, sino que además estaría dispuesto a usar la fuerza bruta para imponer sus condiciones y un proyecto privatizador en el IPN. 

Es por ello que todos los estudiantes, profesores y trabajadores del IPN y del resto de las universidades públicas, así como el conjunto de las organizaciones estudiantiles, debemos repudiar con acciones el eventual nombramiento de Joel Ortega como Director General del IPN y dado el vuelco que le ha dado la clase trabajadora a la situación del poder político en nuestro país tras el 1 de julio, movilizarnos para demandar la democratización de las universidades e institutos de educación superior, a la vez de exigir la elección de Rectores y Directores General a través del voto directo y universal de estudiantes, profesores y trabajadores. Éste último tiene que ser el caso de la definición del siguiente Director General del IPN. 

Basta de imposiciones y represión en nuestras escuelas, fuera de la educación los represores, arribistas y políticos que ven la educación como un negocio y no un derecho.  

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