5 policías comunitarios pertenecientes a la CRAC-PC de guerrero resultan asesinados. Ocurrió a manos de elementos de la policía municipal y fuerzas armadas del ejército mexicano

El pasado domingo 7 de enero se registró una violenta represión hacia policías comunitarios de guerrero (CRAC-PC) por parte de agentes de la policía estatal y fuerzas armadas del ejército mexicano, quienes trabajando ilegalmente en conjunto, dejaron un saldo de 11 muertos, 5 de ellos policías comunitarios y 38 detenidos.


Los hechos sucedieron entre las 3-11:30 AM, cuando un escuadrón perteneciente a la CRAC-PC patrullaba el poblado La Concepción, donde se celebraba la feria de La Purísima Concepción, mismo lugar en que recibieron provocaciones por parte de vecinos y elementos estatales.
Posteriormente, la policía ministerial y elementos del ejército mexicano arribaron al lugar y tras un violento accionar de las fuerzas del Estado, hubo un saldo total de 11 muertos, 5 policías comunitarios, los cuales expresa Roberto Álvarez Heredia, vocero y representante estatal en cuestión de conflictos, portaban “580 dosis de mariguanas y 7 armas de uso restringido”.


Voceros de la policía comunitaria dieron a conocer que el mismo día en que ocurrieron los hechos se pensaba trasladar al centro de la coordinadora CRAC-PC al sujeto identificado como Iván Soriano Leal, agente encubierto por parte del ejército mexicano, comentan que tenía órdenes de asesinar a dirigentes comunitarios opositores a proyectos mineros.


Los hechos ocurridos no se quedan aislados del panorama nacional mismo. En un comunicado emitido el día 8 de enero, se lee “Esto que ocurre nos confirma el modo en que comienzan a operar las fuerzas policíacas y militares con la anuencia de todos los poderes públicos que han llevado a efecto, la inconstitucional y fascista Ley de Seguridad Interior, para brindar total impunidad a los asesinos que se encubren como servidores públicos.”


Lo ocurrido en el poblado La Concepción, Guerrero, es un ejemplo más de como el Estado mexicano se pone al servicio del capital nacional e internacional; protegiendo proyectos mineros multimillonarios y llevándose consigo a todos los opositores que encuentra en el camino.
Desde el Sindicato de Estudiantes repudiamos todo tipo de represión hacia grupos de autoprotección, de igual manera hacemos responsables intelectuales al General Pedro Almazán Cervantes, secretario de seguridad pública; Javier Olea Peláez, fiscal general del estado y Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, así como responsables de cualquier cosa que en un futuro dañe la integridad de miembros pertenecientes a la CRAC-PC.


Exigimos la liberación inmediata de todos los miembros de autodefensas arrestados, hagamos de la autorganización una política de organización nacional contra el narco-Estado.


"EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA".


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