Desde entonces se han hecho común la represión en contra de las movilizaciones de las masas contra el sistema; no obstante ello esa política ha sido acompañado de reformas legales tendientes a restringir cada vez más los derechos democráticos del pueblo trabajador. Los casos más recientes son los del 31 de marzo pasado, fecha en la que el Congreso de la Unión reformó el artículo 29 constitucional, otorgándole todas las facultades necesarias para que el presidente en turno suspenda las garantías individuales (derecho de organización, de manifestación, de prensa, de expresión, etc.), en decir, declarar “estado de excepción” cuando haya “… perturbaciones de factores naturales como sismos, tormentas, huracanes, explosiones volcánicas, epidemias… Así como también revueltas internas de gran calado; incursiones de grupos armados internos; graves afectaciones a la paz o la estabilidad interna del propio Estado; crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones al orden público; eventos derivados de la intervención humana (casos fortuitos) como incendios, accidentes nucleares o liberación de plagas/epidemias; entre muchas otras”, como se indica en el texto constitucional reformada.
Y para profundizar esa medida, entre la semana del 18 y 22 de abril los legisladores aprobarían cambios al Código de Justicia Militar para “… permitir el cateo de domicilios particulares y oficinas de gobierno de ser necesario; intervenir llamadas telefónicas; no responsabilizar a las fuerzas armadas en casos de violación a derechos humanos y obligar a civiles a presentarse como testigos en juzgados militares…” (revolucióntrespuntocero.com 260416)
En la práctica con esas contrarreformas, Peña Nieto ha revivido el funesto delito de “Disolución social”, derogado del código penal en 1970, gracias al enorme empuje de la lucha estudiantil de 1968.
Es evidente que el endurecimiento del Estado es un reflejo indirecto del enorme temor que le tiene la burguesía a los trabajadores y a la juventud, pues la administración de Peña ha tenido que ser testigo del enorme potencial de lucha de las masas enfurecidas y organizadas, siendo muestra de ello la enorme capacidad de movilización demostrada por el movimiento estudiantil (las maravillosas luchas del IPN en 2014 y 2016, por ejemplo), la CNTE, y las masas en su conjunto (los grupos de autodefensa en Guerrero y Michoacán 2013 y Atenco 2014)
Ante todo ello, es evidente que Peña y la derecha se están preparando para estallidos sociales de mayor magnitud pues saben que el descontento social se continúa acumulando; pero están equivocados si piensan que serán capaces de contener con acciones represivas la rabia contenida por años de explotación y opresión entre millones de trabajadores y jóvenes que no están dispuestos a seguir siendo pisoteados.
En 1968 los estudiantes levantaron como una de sus principales demandas la derogación del delito de “Disuasión social”; la del 68 fue una lucha dura y encarnizada que lamentablemente le costó la vida a decenas de estudiantes, sin embargo el otro resultado sería la derogación de dicho delito y la recuperación de muchos derechos democráticos proscritos por años de intolerancia priista.
En 1968 los estudiantes nos enseñaron el camino a seguir en la defensa de los derechos democráticos de los trabajadores; ese es el mismo camino que debemos adoptar para derrotar la reaccionara política antidemocrática de Peña Nieto y de los empresarios.
