Los hechos en Iguala han calado hondo, no solo por su atrocidad sino también porque reflejan claramente la situación política del país. El estrecho vinculo entre las altas esferas del poder del Estado con el narcotráfico, al que de palabra se dice combatir, así como la respuesta que reciben quienes hozan desafiar el estado de cosas. La masacre de Iguala se cuenta ya entre las peores de la historia de nuestro país contra los estudiantes y jóvenes provenientes de las familias más humildes. La descomposición del régimen, sus vínculos con el narco, su debilidad y el cinismo de sus representantes son cada vez más claros para los jóvenes y trabajadores que desde hace ya varios años hemos sido el blanco de los ataques de ese mismo régimen en descomposición.
La indignación no ha tardado en manifestarse. Desde el día lunes diversas escuelas realizaban asambleas masivas para discutir las acciones para organizar la lucha por la aparición de los compañeros normalistas, ese mismo día media docena de escuelas votaban mayoritariamente un paro de labores de 48 horas. Para el martes 14 de octubre una decena más de escuelas desarrollaban asambleas masivas, votando unánimemente el paro de labores. Por si no fuera poco todavía el miércoles alguna decena más de escuelas se unían a las acciones y al paro de labores. En total han sido aproximadamente 35 escuelas las que han paralizado las aulas exigiendo la aparición con vida de los compañeros normalistas. Pero si no fuera suficiente con ello, el día jueves otras escuelas como la Facultad de Química han realizado también asambleas masivas para pedir el retorno de nuestros compañeros de Ayotzinapa. De hecho se prevé que en el transcurso de la siguiente semana otras escuelas más, como las del Centro Nacional de las Artes, realicen asambleas para discutir las acciones a impulsar.
En realidad a Peña Nieto ni a la PGR les interesa la verdad, ni localizar a los 43 normalistas desaparecidos. Para ellos el destino de los normalistas desaparecidos y el dolor de las familias representan aspectos secundarios. Al Estado lo único que les interesa es salvar el pellejo y sus privilegios como representante de clase dominante, por ello dolosamente conducirá una investigación sobre el caso tratando a toda costa de que los resultados no se transformen en catalizador para una escalada de lucha mayor a la actual que ponga en peligro ya no sólo al gobierno de Aguirre, sino incluso al del propio Peña Nieto; pero también conducirá una investigación que borre toda huya de los nexos de varios prominentes hombres del gobierno con los carteles de la droga.
Incluso, considerando todo ello, no resulta descabellada la hipótesis de que las vidas de los 43 normalistas estén siendo usadas como prenda de cambio por Guerreros Unidos para tratar de llegar a un arreglo con los operadores políticos de Peña Nieto. De ser así, dado el salvajismo de los narcos y el hecho de que el Estado subordinará a sus intereses una eventual salida a la crisis en Guerrero, además de las repetidas torpezas de gobierno de Peña Nieto, nos atrevemos a decir que ambos bandos representan un verdadero peligro para la vida de los normalistas desaparecidos.
¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!, es por eso que tenemos que intensificar la presión a través de niveles de lucha que hagan que Peña Nieto sienta verdaderamente miedo de que si no da una respuesta satisfactoria a las demandas de los estudiantes de Ayotzinapa y a las familias de los normalistas desaparecidos, entonces sí el Estado tendrá que probar toda la furia revolucionaria del pueblo trabajadores de Guerrero y de todo México. En ese mismo contexto debemos presionar más aún para forzar la dimisión de Ángel Aguirre, que se le finquen responsabilidades legales y para evitar que las palancas de poder de Guerrero que todavía están bajo su mando obstaculicen las investigaciones para localizar a los 43 normalistas. Pero además debemos exigir que las investigaciones de la PGR sean supervisadas directamente por una comisión reconocida oficialmente e integrada por estudiantes de Ayotzinapa, familiares de los normalistas desaparecidos, profesores de la CETEG, miembros de las policías comunitarias de autodefensa y organismos internacionales reconocidos como los peritos argentinos para dar absoluta certeza de los resultados obtenidos. Esta comisión debe no sólo supervisar sino además tener la capacidad de tomar decisiones sobre el rumbo de las investigaciones.
Si Peña rechaza esta clase de medidas, entonces debemos transformar el ejemplo de los estudiantes del IPN y el del paro universitario del 14 y 15 de octubre, en el camino a seguir en todo el país impulsando un paro nacional de labores y de todas las universidades de 24 horas para obligar a el Estado a aceptar nuestras demandas y para forzar la aparición en con vida breve y de los 43 normalistas, para obligar la dimisión de Aguirre y para encarcelar a todos los culpables de los hechos.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Investigaciones transparentes y fiscalizadas por el pueblo organizado!
¡Fuera Aguirre, YA!
¡Juicio y castigo a todos los culpables!
¡Ayotzinapa Vive, la lucha sigue!
