El “Día Cero” es un término acuñado a partir de la crisis de agua que se vivió en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2018, cuando la ciudad casi pierde definitivamente el suministro hídrico necesario para sus habitantes. Este escenario, que se evitó únicamente gracias a medidas radicales, resulta cada vez más cercano para otras zonas alrededor del mundo. En el caso de la Ciudad de México, se ha dicho que podría suceder algo parecido en 2028 si no se plantea una solución efectiva ante el estrés hídrico en el territorio. 

Sin embargo, las alarmas no han dejado de sonar desde inicios de este año, debido a la profunda sequía que mantiene al Sistema Cutzamala en niveles históricos de déficit. De mantener dichas cifras, el Valle de México podría sufrir cortes generalizados a partir de junio de 2024. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Por qué, a pesar de tratarse de un recurso vital, parece existir tanta negligencia en la gestión del agua a nivel nacional y alrededor del mundo? 

¿Qué ocasiona la crisis?

Si bien las sequías son fenómenos naturales multifactoriales, en los últimos años el número e intensidad de sequías anuales ha incrementado significativamente debido a causas que este sistema genera, las cuales incluyen:

•  Falta de control y corrupción en las concesiones de extracción de agua para uso agrícola e industrial
• Contaminación y mal manejo de residuos en las ciudades
• Sobreexplotación de los mantos acuíferos
• La desigualdad en las redes de distribución
• Falta de mantenimiento a la infraestructura hidráulica
• Temperaturas elevadas y variaciones de lluvia derivadas del cambio climático, entre otras. 

Esto evidencia, una vez más, el impacto atroz que el capitalismo impone sobre los recursos naturales del planeta. La crisis del agua no se puede analizar desde una perspectiva aislada, porque es producto de múltiples elementos propiciados por el sistema: el crecimiento no planificado de las urbes, la depredación de ecosistemas en favor de la expansión industrial, las concesiones centenarias a las mineras, las dinámicas de consumo exacerbado que se alientan en todos los medios de comunicación y entretenimiento, etc.; son engranajes de la gran maquinaria que sostiene este sistema de producción. 

Por otro lado, se ha repetido como un dogma que la problemática se debe a la sobrepoblación mundial. Este discurso no sólo reproduce narrativas aporofóbicas y ecofascistas; también es falso. En realidad, según la Oxfam, el 1% de la clase alta tiene una huella ambiental equivalente al 50% de la clase trabajadora, ya sea por hábitos de consumo, de transporte, de alimentación, etc. Basta recordar que cada actividad que realizamos y cada producto que consumimos involucra una determinada cantidad de agua en su proceso de fabricación, por lo que, entre más procesado sea un objeto u alimento, más litros de agua conlleva. La crisis hídrica es una cuestión de clase, indudablemente. 

De cualquier manera, tampoco se debe enfocar la raíz del conflicto en el consumo individual, pues el gran porcentaje del uso y desperdicio del agua reside en los sectores agrícolas e industriales, por tanto, en el modo de producción de las empresas capitalistas que, en contubernio con los Estados, explotan los recursos.

Nuevo León, un ejemplo ilustrativo

En el caso de México, en años anteriores se han podido observar claros ejemplos en que los intereses empresariales han estado por encima de cualquier consideración. Tal es el caso de la zona norte del país, donde en 2022 se vivió una de las sequías más extensas e intensas de las últimas décadas. Mientras el grueso de la población sufría las limitaciones en el abastecimiento de agua, las industrias refresqueras y cerveceras continuaron su producción sin interrupciones. 

Esto no sólo remarca las desigualdades en las redes de distribución de agua, donde la clase trabajadora es la que más afectada resulta, directa e indirectamente; también es una clara muestra de que en el sistema capitalista quienes marcan el ritmo son los componentes de la alta burguesía, independientemente de las medidas que el gobierno (sea cual sea su postura) pueda tomar. A grandes rasgos, se observa que, a pesar del veto impuesto para la fabricación de cerveza y refrescos, la producción no paró ni un segundo, y hasta el momento no hay noticias de desinversión en la zona. 

Por otro lado, las declaraciones de AMLO en su momento no resultan menos cuestionables, pues se limitó a hacer un llamado a los empresarios para que cedieran agua al uso doméstico, y después los ‘invitó’ a trasladar las fábricas al sur y sureste del país. En otras palabras, nunca se condenó la expoliación de los recursos, ni se plantearon sanciones graves ante el desperdicio y la contaminación industrial; simplemente se les dio luz verde para ir a saquear otra zona del territorio, que a su vez enfrenta otras problemáticas ambientales también producidas por el sistema. 

Acciones urgentes y necesarias

¿Qué hacer cuando las empresas persiguen sus propios intereses y el Estado es incapaz de proponer soluciones de raíz? La organización colectiva. Existen algunos casos que ilustran la fuerza de la clase trabajadora y las estrategias de defensa ante la voracidad industrial, como la lucha de Mexicali Resiste en contra de Constellation Brands en 2020, o la toma de la planta de Bonafont en Puebla en 2021, donde a pesar de la represión de las protestas se lograron atraer los reflectores hacia el papel criminal que juegan las empresas para las comunidades circundantes. 

El uso del agua es un asunto de vida o muerte, y el capitalismo ha demostrado que prioriza las ganancias privadas por encima de la vida de millones. Sin duda, es una batalla cruenta que necesita de la participación unificada y organizada de las clases oprimidas para expropiar a los expropiadores y rescatar nuestro mundo.