Poco duró la alegría inicial de los sectores reaccionarios nacionales e internacionales ante la designación de las autoridades del ente comicial venezolano, que hace unas semanas realizó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El saboteo que realizaron en la Asamblea Nacional los diputados de la reacción para evitar que los directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE) fuesen escogidos de acuerdo a lo establecido en la ley y forzar un pronunciamiento del TSJ, junto con la campaña mediática a la que ya nos tienen acostumbrados, no sirvieron de nada. El júbilo que mostraron todas las organizaciones políticas de oposición, incluidos medios de comunicación y poderes extranjeros, en cuanto se supo de la designación de los nuevos rectores del ente comicial hacía sospechar que habrían logrado un ente comicial permisivo para sus fraudes y aventuras seudo electorales. La presencia en esa junta de quien, usurpando el nombre de aquel gran prócer revolucionario, había sido partícipe del anterior Consejo Supremo Electoral que con el escrutinio manual había convertido en lugar común en los procesos electorales venezolanos la doctrina de “acta mata voto” no hacía sino prever un oscuro panorama y una nueva cubierta para “legalmente” intentar otro golpe de estado, esta vez por la vía electoral. Pero los hechos han venido demostrando hasta ahora que a la reacción no le será tan fácil llevar adelante los fraudes electorales que preparan la alta burguesía con el apoyo directo del capital extranjero.

La carrera por fraguar un nuevo golpe disfrazado de proceso electoral se inició a finales del año pasado cuando la oposición, en su desespero por retomar el poder a cualquier costo, intentó convocar a un Referéndum Consultivo pidiendo la renuncia del Presidente. Es decir, a destiempo e irrespetando la constitución nacional, trataron de convocar un referendo revocatorio presidencial. Armados con una gran campaña mediática y abogados que se prestaron para justificar semejante exabrupto legal, se trató de hacer ver que la petición era ajustada a derecho y que una negativa de parte del TSJ demostraría la falta de democracia y el irrespeto a los derechos democráticos existente en el país. Contra toda lógica legal intentaron este asalto a la constitución nacional, convocando a sus exaltados a recoger firmas para la convocatoria de este referendo. Las denuncias sobre graves irregularidades en el proceso de recaudación de las firmas terminaban de opacar la legalidad de todo el proceso y una decisión de la Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisible la solicitud realizada, que ya había sido aprobada por una directiva del CNE corrupta e incapaz que aún le debía al país los resultados electorales oficiales de las elecciones sindicales en las que fraudulentamente Carlos Ortega se apropió de la presidencia de la CTV.

Ante la frustración causada por la no consecución de los objetivos golpistas del cierre patronal de empresas y comercios y del saboteo a la industria petrolera en Diciembre pasado, la dirigencia de la reacción convocó a una jornada de recolección de firmas, la famosa parodia de “El Firmazo”, realizada el pasado 2 de Febrero, y en la que se anunciaban más de cuatro millones de firmas recogidas para solicitar el revocatorio presidencial. Las denuncias de firmas forjadas y de fraude agravado han sido numerosas. Listas de ahorristas de bancos, nóminas de empleados, recolección fraudulenta bajo engaño son las firmas que habrían engrosado las planillas que algunos incautos y exaltados habrían firmado voluntariamente, según se ha denunciado repetidamente. Ante esta situación, se habían iniciado las primeras investigaciones con las anteriores firmas recolectadas para un Referéndum Consultivo, pero un oportuno incendio en la sede del ente comicial sirvió de cortina de humo y fue presentado inmediatamente como un intento del “régimen autoritario del Sr. Chávez” por hacer desaparecer las millones de firmas consignadas para el revocatorio. Pero el incendio se había producido lejos del lugar donde las firmas estaban almacenadas, firmas éstas que servirían de prueba de los reiterados intentos de fraude electoral que han intentado los reaccionarios ante su incapacidad de derrotar al movimiento popular que apoya el proceso revolucionario venezolano.

Resulta interesante que la empresa escogida por la dirigencia opositora para supervisar la corrección y depuración de firmas mantiene estrechas conexiones con el capital nacional y los intereses de potencias extranjeras. Han surgido graves denuncias en relación a esta, desde la relación filial entre los dueños de uno de los canales que más se ha dedicado a difamar al gobierno nacional y la Vicepresidenta y Tesorera de esta organización, las conexiones con la red de usurpadores que llevaron a cabo el golpe de estado de Abril 2002 hasta incluso la financiación por parte de la CIA y sus organizaciones que le sirven de cubierta para sus operaciones desestabilizadoras.

Todas estas denuncias podrían llevar incluso a la inhabilitación política de algunas figuras de la oposición, de acuerdo a lo establecido en la Ley. Aunque aparentan estar tranquilos cuando los medios les preguntan al respecto, la verdad es que saben lo que les espera si se comprueban los fraudes agravados y están tratando a como dé lugar de mover sus redes dentro de la justicia corrupta que aún sobrevive en el país para evitar las consecuencias de sus acciones.

La decisión del recién electo CNE de rechazar las firmas consignadas el pasado 20 de Agosto con las que la oposición pretendía convocar un referéndum revocatorio contra el Presidente Hugo Chávez ha creado otra tormenta mediática. Se acusa al Presidente de la Junta Directiva del CNE, Dr. Francisco Carrasquero, de ceder ante las presiones del Ejecutivo y la dirigencia irresponsable, que han recibido de sus filas apodos como “mariscales de la derrota”, ha presentado en rueda de prensa una nueva oferta de fraude, con cronograma y todo. El respeto que los medios y partidos políticos habían anunciado para con el nuevo CNE se diluyó al viento con la misma rapidez con que la reacción venezolana diluye sus compromisos democráticos. Ya sectores opositores iniciaron su habitual campaña de hostigamiento contra funcionarios públicos que ellos consideren enemigos de la “democracia” y en una reciente sesión en la Asamblea Nacional amenazaron con la persecución implacable en donde sea visto un funcionario público, sin respetar siquiera la residencia donde habite con su familia. La calumnia y la difamación en contra del Dr. Carrasqueño son los grandes titulares de la prensa burguesa, comprometida con los golpistas y reaccionarios de siempre.

Pero hay que recordar que los argumentos con que las firmas fueron rechazadas habían sido enunciados con anterioridad por abogados constitucionalistas que militan en la reacción. La mala redacción de la pregunta, en la cual los firmantes usurpan funciones del Poder Electoral al pretender ser ellos quienes convocan al Referéndum en lugar de hacer la solicitud, la extemporaneidad de la recolección de firmas, la falta de un reglamento que regule los procesos refrendarios son algunos de los argumentos con los que se ha descartado la petición de referéndum. De nada les sirvieron las advertencias que surgieron de sus filas al recordarles que sólo pueden realizar una solicitud por período, que con las planillas que tenían, con la falta de reglas claras, podrían perder la oportunidad de solicitud. Pero igual se arriesgaron a entregar unas firmas que sabían que serían rechazadas, en busca de lograr enardecer a sus hordas de fanáticos hipnotizados y volver a tener cierto poder de convocatoria. Ahora anuncian un nuevo cronograma de recolección de firmas a pesar que el CNE no ha aprobado el reglamento definitivo que rija este proceso. El proyecto que ha presentado el Asesor Jurídico del CNE y que regularía todo lo relacionado a la convocatoria y realización de refrendas revocatorios ha sido atacado sin verdaderos argumentos ni con la oferta de una contrapropuesta. Se han limitado, como ha sido siempre su costumbre en estos últimos años, en señalar que se trata de una violación a sus derechos y libertades. Esto ha desatado una nueva campaña mediática que se centra en la difamación y la calumnia como cortina de humo a lo que realmente les incomoda: todo el proceso sería supervisado por el ente comicial, desde la realización de las preguntas para las planillas hasta la misma recolección de firmas, dificultando así el fraude que han intentado reiteradamente. Y es que saben que sin la posibilidad de forjar firmas a gran escala les va a resultar cuesta arriba recaudar el número necesario para introducir la solicitud. Sin mencionar su imposibilidad por ganar el mentado referendo…

Sin embargo, de aquella fatídica decisión del TSJ en pleno del 14 de Agosto de 2002, en la que se absolvieron a cuatro de los principales cabecillas militares del golpe de estado de Abril, nos debe quedar claro que la legalidad no es más que un reflejo, muchas veces distorsionado, de la correlación de fuerzas en la lucha de clases. Las últimas decisiones que nos han favorecido no son sino un reflejo de la aplastante mayoría mostrada en las movilizaciones populares, especialmente la del pasado 23 de Agosto. La única garantía duradera para la defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo es la profundización de la revolución. Hoy el CNE o el TSJ pueden tomar una determinada decisión, pero si mañana creen que ha cambiado la balanza pueden tomar otra justamente contraria.

La actitud de estos "mariscales de la derrota" no hace sino confirmar una vez más lo que tanto hemos advertido: no están interesados en un proceso electoral, simplemente se empeñan en justificar un nuevo intento de salida por la fuerza.

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