Desde que América entró al sistema capitalista, este continente ha servido a las potencias mundiales y a las burguesías nacionales como un proveedor de materias primas, cuestión que se ha venido acelerando con el modelo neoliberal desde los años 80s. Es tras estos intereses que se da el despojo de tierras y se crean los llamados megaproyectos: extracción masiva de materias primas, zonas industriales y vías de comunicación de primer nivel que ayudan al transporte de las mercancías; y suelen establecerse en lugares de la periferia urbana o bien, en zonas rurales y territorios de los pueblos originarios. La construcción de dichos proyectos trae consigo el despojo de tierras, y daños severos e irreparables al medio ambiente y a la salud por la contaminación de suelos, aguas y aire; razón por la cual, las personas afectadas, en su mayoría indígenas, se organizan para detener estas construcciones. Luchan por la vida y reciben represión.
En México, estos proyectos son impulsados por paraestatales, y empresas privadas nacionales, extranjeras o de narcotraficantes. Sin embargo, en la práctica estos cuatro intereses se entrecruzan siendo difícil saber en dónde empieza y termina uno; y los cuatro utilizan a grupos armados, ya sean del estado o mercenarios, para defender sus intereses ante las protestas sociales. Las acciones que estos ejecutan van desde campañas de desprestigio, amenazas, amedrentamientos, hasta golpes, abuso sexual, detenciones arbitrarias, tortura, violaciones, desapariciones forzadas y asesinato.
En el 2018, México fue señalado por un estudio de The Guardian y la organización Global Witness como el cuarto país más mortal para los defensores del medio ambiente. Las estadísticas de los afectados no son exactas y apenas se tienen conteos de los últimos años, según datos de la ONU, para el 2017 se contabilizaron 275 ataques y 750 violaciones a derechos humanos. Empero, estos datos no reflejan todos los casos, menos aún las cifras oficiales; y las estadísticas se nublan aún más para la situación de las mujeres violentadas, es hasta estos últimos años que empiezan a asomarse tímidamente a la luz, sin contar las redes de prostitución ligadas a estos proyectos. En general se ha visto que la población más vulnerable son las mujeres indígenas de bajo estrato económico.
El papel de las mujeres defensoras dentro de sus comunidades originarias, oscila entre la estigmatización por ejercer funciones fuera de su género, y según Dina Shelton (exrelatora de la CIDH), un fuerte reconocimiento a su “organización y liderazgo […] para la incidencia política y al interior de las comunidades originarias…”. Mientras que los ataques que reciben, responden a violencias machistas de los intereses capitalistas. Teodomira Rosales, abogada de desplazados de Guerrero a causa del narcotráfico, fue abusada sexualmente por policías estatales; Claudia Cob, defensora maya y comisariada comunal en el 2018, fue encarcelada y calumniada con propaganda sexista para destituirla de su cargo; Lucila Bettina Cruz, activista zapoteca, huyó junto con su familia y pidió protección federal, por estar amenazada al defender a comunidades zapotecas del itsmo ante la construcción de una subestación eléctrica, vinculada a Gamesa Eólica (empresa española), al aeropuerto de Ixtepec y a la SEDENA; en el 2006, al oponerse a la construcción del NAIM, 11 mujeres nahuas de Atenco fueron brutalmente atacadas sexualmente, violadas y torturadas, la operación policial fue avalada por el entonces presidente Vicente Fox y ejecutada bajo órdenes del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña. En el 2018, la Corte IDH falla a favor de las denunciantes, y aunque el actual régimen ha reconocido la responsabilidad del Estado, aun no ha acatado los ordenamientos del fallo.
Por otro lado, los crímenes sexuales en contra de mujeres y niñas aumentan cuando se lleva a cabo el despojo de tierras y megaproyectos. Tal es el caso de la ciudad fronteriza Ciudad Juárez y su zona fabril de maquilas, en donde la sociedad ha nombrado como las muertas de Juárez al fenómeno social feminicida de esa ciudad. Desde 1993 hasta el 2018 se han contabilizado 1,779 feminicidios, la mayoría son menores de 30 años, pertenecientes a sectores socioeconómicos vulnerables, trabajadoras o relacionadas con las maquilas, y encontradas con señas de ataque sexual. La violencia machista no es igual para todas, son las mujeres de la clase trabajadora las más afectadas.
Así, ante las amenazas de estas empresas, los pueblos originarios han optado por unir fuerzas, creando guardias y policías comunales u organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala o La Red de Mujeres Mesoamericanas Defensoras del Medio Ambiente, integrada por unas 800 mujeres, donde se trabaja el autocuidado, la documentación y comunicación de acciones y agresiones, y la manifestación social.
Mientras el gobierno mexicano siga promoviendo proyectos como el Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Itsmo, sin respetar la decisión de los pueblos, sin velar por su bienestar, y generando impunidad de los agresores, la violencia generada por la política extractivista y de despojo (esencia de capitalismo) se perpetuará. Es necesario que la sociedad clame por la justicia a las víctimas, clame por otro sistema en el que si se respete la vida.
