Desde el feminismo revolucionario somos muy conscientes que fuerzas armadas han sido un instrumento de violencia machista utilizado por el Estado contra las mujeres, para reprimir a los movimientos feministas, violando los derechos humanos y políticos de manera sistemática.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH,2016) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un año previo a la encuesta, un aproximado de 97 mil mujeres mayores de 15 años en el país fueron violentadas por militares o marinos. Las agresiones que reportaron fueron 13.7% manoseos, tocamientos, arrimones o levantones de ropa, 19.7% declararon haber sufrido patadas, golpes, pellizcos y empujones, 18%
mencionaron haber sido vigiladas y seguidas, 4% haber sufrido violaciones o intentos de violaciones por parte de los soldados.

Históricamente la incursión de las fuerzas armadas como la SEDENA y de SEMAR en tareas de seguridad ha implicado el incremento de la violencia hacia las mujeres, la violencia sexual principalmente es utilizada como arma de guerra para el control político y territorial a través de la dominación patriarcal, violaciones a mujeres indígenas se llevan a cabo bajo la impunidad y la injusticia militar, abusos sexuales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales es el resultado de las políticas de militarización de gobiernos anteriores, por eso nos parece indignante que se trate de limpiar y olvidar ese actuar.

Las fuerzas armadas son un mecanismo creado por la clase dominante para controlar, entre otras cosas, el conflicto social que se rebela contra la implementación de las políticas económicas capitalistas, que agudizan las desigualdades sociales, de género y empobrecen a la clase trabajadora.

En el actual gobierno de AMLO la militarización de la seguridad pública como estrategia política, ante la crisis de la inseguridad delictiva y la ineficacia de las instituciones en materia de seguridad en medida de su fusión con el crimen, implicó para el gobierno la creación de la Guardia Nacional, que actualmente cuenta con 242 cuarteles y 83 más en construcción en todo el país, tratando de convencernos que es el único y último recurso en materia de seguridad pública, con el objetivo de centralizar y recuperar el control territorial en zonas capturadas por el crimen organizado en el país.

Dicha estrategia, aunque pretende estar apegada a los derechos humanos, las quejas por violaciones a los mismos se mantienen. De acuerdo con el informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, en diciembre de 2018 a junio de 2021 el Ejercito tenía 914 quejas ante la CNDH, la Mariana 341 y la GN 487, en total 1, 742 quejas aunadas a denuncias por tratos crueles, detenciones arbitrarias y torturas.

La estrategia de seguridad a través de la militarización, se mantiene alejada totalmente de una perspectiva de género, excluye una de las problemáticas principales, el contexto de violencia feminicida en el país que está en aumento. De conformidad con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, infiere un incremento de los presuntos delitos de feminicidio, desde 2015 se registraban 412, en el año 2021 969, es decir, 557 feminicidios más.

Asimismo, ha incrementado el número de mujeres desaparecidas, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de 2018, 2019 y 2020, en los cuales existen 1677, 1865 y 2217 registros.

La intromisión del ejército a través de la SEDENA, SEMAR y la GN en la seguridad pública es una tensión constante para las mujeres en sus comunidades, las amenazas de violencia feminicida es latente, no sólo en sus hogares, escuelas, en las calles, ahora en cada lugar en donde están presentes las fuerzas armadas.

Aunado a la criminalización de la protesta social del movimiento feminista, para el ejército las feministas somos estigmatizadas como enemigas del Estado, por lo tanto, las áreas de inteligencia del ejército nos mantienen vigiladas e investigadas.

Si el gobierno de AMLO ha dejado en el olvido el papel del ejército como aparato represor del Estado, a nosotras no se nos olvida, la matanza del movimiento estudiantil del 68, la matanza de Acteal, la matanza de mujeres y hombres indígenas del EZLN, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los asesinatos, las desapariciones forzadas, las violaciones, la tortura de las mujeres que han participado en los movimientos sociales en la historia de nuestro país.

El feminismo revolucionario y combativo tiene memoria histórica, la organización y la movilización de las mujeres de la clase trabajadora son nuestra lucha, nos promulgamos en contra del fortalecimiento de las fuerzas armadas y de la militarización de la seguridad pública que ha implementado el Estado patriarcal, el cual se ha enfrascado en la guerra contra el narco y en la incidencia delictiva, desdibujado los delitos de género y la violencia machista feminicida como un tema de seguridad nacional.

Por todo lo anterior y mucho más, por la memoria histórica que tenemos las oprimidas, nos oponemos rotundamente a que la GN ocupe nuestros espacios cotidianos, a que se les limpien sus crimines, a que se les dé más presupuesto que a la educación y salud públicas y a que se nos convence que son leales al pueblo y a la patria cuando sabemos muy bien siempre de qué lado han estado.