Carlos Marx

La contrarreforma laboral aprobada en noviembre de 2012, al cierre de la administración panistas de Calderón, fue impuesta bajo la argumentación falsa de que tras su aprobación la economía nacional marcharía mejor estimulando el combate al desempleo generando más y mejores empleos acompañados de salarios decorosos. Sin embargo, a poco más de dos años de dicha aprobación y en el marco del 1 de mayo, los resultados son totalmente opuestos, de ello habla con nitidez el caso de los 80 mil jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, sometidos a un régimen de trabajo típico de la hacienda porfirista.

El verdadero objetivo de la última contrarreforma laboral fue darle rango constitucional, y por consecuencia de legalidad, a la estrategia definida por el gran capital desde mediados de los años 80, consistente en eliminar todas las conquistas de la clase trabajadora para llevar las relaciones laborales a un punto que se asemeje al existente antes de la Revolución Mexicana de 1910.

En esencia el objetivo de la burguesía, consiste en estrujar aún más a los trabajadores con la intención de obtener más ganancia y palear de ésta forma ese largo proceso de decadencia del capitalismo mexicano de tres décadas y media, caracterizado por un escaso crecimiento económico acompañado de importantes episodios de crisis, tal como la más reciente en 2009.

Decadencia capitalista y estrategia burguesa

Arrastrada por el extraordinario boom de la segunda postguerra del capitalismo mundial, la economía nacional crecería a un promedio anual del 6.65% en el lapso de 1954 a 1976; después, con los altos precios del petróleo como aval y la deuda externa como una significativa palanca de financiamiento, entre 1978 y 1881 el Producto Interno Bruto (PIB) experimentaría el proceso económico más dinámico en toda la historia del país, creciendo a un ritmo anual de 8.5%.

Todo ese contexto se desvanecería tras el colapso de la economía mundial de mediados de los años 70, y después por la caída de los precios internacionales del petróleo a principios de los 80, precipitando la crisis de la deuda externa. En ese marco se abriría un nuevo ciclo en la historia del capitalismo mexicano de carácter decadente: por ejemplo, el crecimiento promedio anual de 1980 a 2012 sería de un 2.28 %,

Para el sector industrial todo ese marco se traduciría en toda una trasformación en su participación como principal pistón de la economía, ya que mientras entre 1978 y 1981 la producción fabril creció a un ritmo anual de 8%, a lo largo del sexenio de Calderón ese crecimiento anual fue del 1.4%.

Todo ese largo periodo de decadencia económica y de desindustrialización es el que ha marcado la estrategia laboral de la burguesía, cristalizando ello en lo que el Estado definiría como la Nueva Cultura Laboral (NCL), terminología que posteriormente adquiriría carta de naturalización tras la firma del convenio de colaboración de clases, en 1995, entre Carlos Abascal, entonces presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el añejo líder de la CTM, Fidel Velázquez.

En esencia la NCL no es más que la demagogia que oculta la mentada flexibilidad laboral, es decir la eliminación de toda clase de trabas legales para el libre despido, la contratación individual y sin derechos, así como la cancelación de prestaciones laborales; también implica importantes modificaciones en las Formas de Organización del Trabajo a través de la innovación tecnológica, la intensificación de la jornada de trabajo, su prolongación, así como la flexibilidad funcional en las tareas asignadas al obrero junto con la flexibilidad salarial definiendo el pago en función de la productividad.

Todo lo anterior con el objetivo de abaratar la mano de obra todo lo que se pueda para producir mercancías más baratas y competitivas en el mercado, derivando en más ganancias para el patrón, mismas que le darían mayor fortaleza para palear las adversidades económicas.

En el terreno del mercado la burguesía nacional renunciaría al modelo de Sustitución de Importaciones sobre el cual basó su desarrollo desde la década de los años 40, para lanzarse a la conquista de algunos nichos en el mercado mundial, en especial en el de los EEUU; en esa lógica se firmarían acuerdos como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, GATT, en 1986, y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU y Canadá, el cual entró en funciones en 1994. La nueva división del trabajo y la forma en que el capitalismo mexicano se articularia al imperialismo yanqui y al mercado mundial modelarían en adelante el perfil de dominación de la burguesía y del Estado Mexicano, y por consecuencia también, en última instancia, el de la lucha de clases a lo largo de las últimas décadas.

Empleo, salario y jornada de trabajo

La burguesía ha fijado todas sus expectativas en el mercado externo como tabla de salvación, logrando que la contribución al PIB del 2% promedio de la década de los 70, escalara hasta el 35% en 2010. Sin embargo, para obtener esos resultados se ha requerido una precondición: abaratar los costes de producción bajo diferentes medidas para obtener mercancías más competitivas y por consecuencia una cuota mayor de plusvalía.

La fórmula general se ha basado en la generación de empleos de mala calidad, recortes indirectos y directos a los salarios y en el estímulo de un gigantesco ejército industrial de reserva de desempleados y subempleados que ejerce una enorme presión sobre los trabajadores en activo para que éstos se vean obligados a aceptar toca clase de condiciones adversas a un trabajo digno.

Una de las medidas empleadas por el capital fue la implementación de sofisticadas tecnologías a través del desarrollo masivo de la industria maquiladora, para obtener rentables márgenes de beneficios con mano de obra muy barata: por ejemplo, entre 1990 y 2000, el número maquilas en México pasó de 1800 a 3700.

Otra apuesta sería la política de choque salarial impuesta desde 1998, teniendo como punto de partida al Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE), debido al cual en promedio los incrementos anuales al salario mínimo ha sido del 4%, por debajo de la inflación real, derivando en una pérdida de su valor a 2014 del 77.79%.

En lo relativo al empelo no sólo es que en datos del 2014, el desempleo ascienda a los 8 millones 735 mil personas de acuerdo al Centros de Estudios Multidisciplinarios (CAM) de la UNAM, cantidad muy por encima de la que reconoce el INEGI para ese mismo año (2 millones 746 mil 235) sino que además en los últimos años se ha agudizado la tendencia a la generación de empleos de mala calidad. Por ejemplo, de acuerdo al CAM, de los 625 mil 489 puestos de trabajo reales creados entre 2012 y 2014, el porcentaje correspondiente a los de jornadas de menos de 35 horas semanales cayó de un año al otro del 25.2% al 23.3%, mientras que en el mismo lapso el promedio de los de más de 35 horas creció del 72.3% al 73.4%. En esos mismo parámetros, el porcentaje de empleos de 0 a 3 salarios mínimos paso del 64% al 67% y los de más de 3 salarios decrecieron del 23.1 al 21.2%.

Además de la merma salarial producto del enorme rezago entre los microincrementos al salario mínimo contrastados con la inflación, en 2014 se presentó un hecho que el CAM considera inédito: recortes directos al salario de 1 millón 900 mil trabajadores. Además, la tercerización o el auotsourcing se duplicó entre 2004 y 2014, saltando del 8.6% al 16%, queriendo decir que la contratación con pocos o nulos derechos ahora es una realidad para cientos de miles de trabajadores.

Así, tras dos años de la reforma laboral los obreros mexicanos laboran más horas, perciben menos salarios y poseen menos derechos.

Todo ello ha derivado que mientras en 1975 la masa salarial en proporción al PIB era del 42.6%, en 2013 ya haya sido del 27%. Por su parte los beneficios empresariales, también entre 2003 y 2013, escalaron del 64% al 68% del PIB.

Los sindicatos

Una de las herramientas tradicionales de defensa de los trabajadores ha sido su organización a través de los sindicatos; y precisamente es ahí donde la burguesía ha actuado poniendo a las principales centrales obreras a su servicio. Ya antes mencionábamos el caso de Fidel Velázquez firmando el convenio de colaboración con la COPARMEX en 1995, pero ese es sólo un ejemplo de una política iniciada desde los 80 y que se ha mantenido a la fecha, a través de la firma de los charros de todos los pactos que durante todo ese lapso la patronal les ha puesto enfrente.

Pero además la precarización masiva del empleo, la destrucción de sindicatos y el endurecimiento legal o en los hechos del derecho a la sindicalización, ha arrojado como saldo una cuota muy baja de afiliación, ubicándose éste rubro en el 10% de la Población Ocupada (PO).

La política de pacto social encabezada por el sindicalismo charro ha sido determinante para llevar la relación entre trabajo y capital, al punto en el que se encuarta actualmente; de hecho, al amparo de ese sindicalismo Zedillo pudo mutilar o eliminar el 70% de los contratos colectivos de trabajo. Un resultado más de esa perniciosa política ha sido el de que en la actualidad, de acuerdo a los especialistas, entre el 70 y el 90% de los contratos son de protección patronal.

Por un sindicalismo de clase

Las perspectivas del capitalismo mexicano son poco halagadoras y no se avizora ninguna clase de recuperación económica, a no ser de raquíticos repuntes, que pudieran suponer algún cambio para bien de la clase trabajadora a partir de la política de la burguesía; por el contrario, el modelo aplicado en todos esos años es el que ha permitido una bestial concentración de riquezas pues en la actualidad el 10% de la población más rica monopoliza el 64% de la riqueza nacional. Ello de forma paralela al hecho de que, de acuerdo a un estudio de la UNAM de 2012, un obrero de la industria manufacturera requiere apenas 9 minutos para producir lo suficiente como para recuperar la inversión en su salario, significando ello que el resto de tiempo, 7.51 horas, representan trabajo gratuito para el patrón. Como podemos ver, la tasa de explotación es en extremo alta en nuestro país.

Como explicamos antes, la burguesía nacional ha podido llegar muy lejos al amparo de los sindicatos ofíciales, pero también gracias a la política claudicante del sindicalismo independiente, el cual ha estado muy por debajo de las necesidades de lucha. Si bien es cierto que durante el sexenio de Fox la UNT y el FSM jugaron un papel relevante frenando algunos ataques, esa tónica tendió a decaer a lo largo del sexenio de Calderón, a tal grado que ello posibilitaría importantes ataques contra la clase obrera, tales como el decreto de extinción de Luz y Fuerza en 2009, la declaratoria de quiebra de Mexicana de Aviación en 2010 (por sí mismo ese par de episodios derivaron en el despido de miles de trabajadores) y la contrarreforma laboral de 2012. En todos esos episodios la clase trabajadora fue abandonada a su suerte por una dirección sindical que se presume independiente del gobierno y del PRI, pero que en los hechos ha forjado vínculos estrechos con los intereses de la burguesía y el Estado capitalista.

Además, lamentable en los dos últimos años, esa pasividad de la UNT ha sido llevada a un punto de inmovilidad extrema, renunciando a luchar más allá de las declaraciones. Ese panorama señala la necesidad de los trabajadores por regenerar a sus organizaciones sindicales, máxime en un punto en el que el capitalismo no puede ofrecer más que ataque tras ataque.

Pero la inmovilidad de los sindicatos independientes es sólo un lado de la moneda, el otro es la búsqueda de alternativas de lucha por parte de la clase trabajadora a pesar de la apatía de su dirección; nos referimos al hecho de que a pesar de todo, a lo largo del gobierno de Peña hemos visto importantes esfuerzos de los trabajadores para defenderse, tal como ha sido el caso del magisterio democrático movilizándose y haciendo paros laborales en muchos puntos del país en 2013 contra le reforma educativa, o el de los médicos lanzando acciones a nivel nacional en 2014 contra la política de criminalización en su contra impulsada por el Estado. Lo mismo hicieron las enfermeras; luchado a finales de ese mismo año y a principios del presente, contra una reglamentación de su profesión que en la práctica le imponía el estatus de técnico para abaratar sus salarios; y más recientemente el ejemplo ha venido de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, quienes en marzo pasado realizaron un paro de labores de tres días poniendo de cabeza a la patronal y al Estado en un abrir y cerrar de ojos.

De no ser el caso de la conculcación de la reforma educativa, por lo demás, los médicos lograron frenar por el momento la persecución del Estado en su contra. Un resultado similar se han logrado temporalmente las enfermeras, y por su cuenta los jornaleros del Valle de San Quintín: en lo que va de su lucha, han logrado la afiliación masiva al IMSS, derecho que se les había negado por décadas. Actualmente la lucha de San Quintín continua, pues los jornaleros han rechazado el 15% de aumento salarial ofrecido por los patrones por considerarlo insuficiente.

Todas esas luchas son ejemplares porque demuestran que el camino para defender los derechos de los trabajadores es la lucha decidida y no la inexistente conciliación de intereses entre las clases, ni la pasividad ante la patronal y una relación “civilizada” con ésta para solucionar los conflictos laborales, tal como lo suponen los dirigentes sindicales que se han asimilado a los intereses de la patronal, o los dirigentes sindicales que han caído en la rutina de limitar la acción sindical a la gestoría, descartando la actividad política de los sindicatos. Queda claro que los males que aquejan a la clase trabajadora, como la violencia e inseguridad, no se pueden resolver únicamente a partir de aumentar los salarios o las prestaciones, de ahí que los sindicatos también tengan que ser una fuerza política, vinculada a las luchas sociales que luchan contra todas las políticas de la derecha.

Otra aportación de los jornaleros de San Quintín, es la demostración de que incluso es posible romper el cerco gansteril impuesto con matones a sueldo por los sindicatos de la CTM y la CROM, mismos que durante décadas han mantenido maniatados a éste sector de los trabajadores. El ejemplo de los jornaleros de San Quintín luchando contra el control los sindicatos oficiales tendría que ser evaluado por el sindicalismo independiente, mismo que en la práctica se ha negado a lanzar alguna iniciativa seria contra los charros sindicales. Esta última tarea es lejana a ser irrelevante pues tan sólo la CTM controla 1351 sindicatos, al lado de los 160 que conforman la UNT y los 40 que se agrupan en el FSM.

El magisterio democrático y los jornaleros del Valle de San Quintín son dos ejemplos que demuestran que es posible tener un sindicalismo que responda a los intereses de la clase trabajadora. También enseñan que a pesar de los obstáculos y dificultades que enfrentan los trabajadores, los cuales tienen que combatir no sólo a los patrones, sino a la propia burocracia sindical, la lucha decidida y la movilización es la única vía para conquistar sus derechos.

El que ese impasse de lucha impuesto por los dirigentes ya muestre fracturas importantes, habla de una tendencia que podría fortalecerse, abriendo nuevos e importantes causes para la lucha de los trabajadores. Ello no significa que la estructura burocrática sindical, enquistada por décadas y que cuenta con todo el amparo de la burguesía, vaya a verse destruida en el corto plazo. Sin embargo, es necesario replicar la movilización, la lucha por los derechos laborales, como lo han hecho los jornaleros de San Quintín. Los trabajadores debemos organizarnos, crear sindicatos democráticos, que surjan de la base y se mantengan vinculados a la misma. Donde ya existen estas organizaciones, pero en los hechos no sirven como herramientas de lucha, es preciso dar una batalla por regenerarlas, poniéndolas al servicio de las bases. Debemos celebrar sin excepción cada intento de los trabajadores por luchar a pesar del obstáculo objetivo que en estos momentos están representando los dirigentes, pues de esa forma, poco a poco y a través de hechos concretos, es como se va perfilado ese sindicalismo de clase que tanto urge en nuestro país.

Así pues, para consolidar esa tendencia, es necesario impulsar un plan de acción que unifique a todos los sectores en lucha juntos con sus demandas y a aquellos que están buscando un cauce para expresarse, acompañado esa medida con un programa que abiertamente rompa con el capitalismo, pues el extremo grado de deterioro en el que han sido hundidas las condiciones de vida y de trabajo resulta imposible de revertirlas en el marco del capitalismo.

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