Los desequilibrios del sistema capitalista, la gran profundidad y extensión de la crisis económica internacional que amenaza con replicarse y provocar una caída aún más abrupta, subyacen en las miles de movilizaciones por todo el mundo; ya sea de migrantes o refugiados, de jóvenes estudiantes, de mujeres contra la opresión de género; de diferentes sectores de trabajadores, desde los más precarios como los de comida rápida, hasta los más calificados como los astilleros en Portugal o los metalúrgicos en Alemania, etc., asistimos a una época de profunda inestabilidad económica y política que también impacta y afectará aún más a México.

México tiene una gran histórica de dependencia económica con el capital extranjero y su relación comercial con Estados Unidos (EU), esta situación nos hace muy vulnerables a las presiones de estos capitales. Existe un gran riesgo para la economía mexicana ante las medidas proteccionistas de Donald Trump, pese a haberse convertido México en el primer socio comercial de esta gran potencia, desplazando a China debido a la guerra comercial; esto no es una buena noticia en medio de tal conflicto y en una batalla del ultraconservador por reelegirse en 2020 con la promesa de devolver los capitales a su país.

En los últimos días se han emitido datos alarmantes sobre la situación económica, empezando por la reducción a la previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, que se estima en tan sólo 1.1 por ciento, según la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los menos optimistas como Banxico prevén un 0.7 por ciento (Expansión, 28 de agosto 2019). Una previsión tan negativa corresponde a los últimos meses, en los que el PIB se estancó, según datos de agosto del 2019 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Sin embargo, la mala proyección de crecimiento sólo es una expresión de una economía ahogada por las presiones externas e internas. La deuda, refleja por su parte el continuo crecimiento de la dependencia hacia el capital financiero; el pronóstico es que al cierre de 2024 la deuda será de 50 por ciento, según el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) y aunque esto no representa las cifras de endeudamiento de países como Japón, con más del 200 % de su PIB, EU o naciones europeas que rebasan 100 por ciento, el problema está en la fragilidad de la economía dependiente mexicana por su capacidad limitada de ingresos.

Durante el gobierno de Peña Nieto, la deuda se incrementó 10 por ciento del PIB. Actualmente, la deuda corresponde a 10 billones 559, 667.9 millones de pesos, de este total, 64 % es interna y el 36 % es externa, de acuerdo con datos de la SHCP.

Por otro lado, los ingresos petroleros también han caído, en lo que parece una tendencia que continuará. Hasta ahora el déficit total calculado es de 154.000 millones de pesos en relación a lo esperado para este año. ¿De dónde saldrán los recursos necesarios para todos los programas sociales prometidos por el gobierno actual?

Los empresarios mantienen una presión constante y brutal sobre las de por si insuficientes políticas del gobierno de Morena para paliar la pobreza en el país; según el Presidente, la situación económica es mejor porque se ha reformado la “distribución de la riqueza “y combatido la corrupción (mediante los programas sociales, vales de útiles escolares, becas para estudiantes a todos los niveles, ayudas para madres solteras, aumento del salario mínimo), pero para los empresarios esto es una política equivocada y preocupante, pues desde su perspectiva, en palabras del economista Francisco Coll de la revista Forbes: “No podemos seguir hablando de políticas sociales, mientras la economía, en su conjunto, precisa de otra serie de políticas como el estímulo fiscal, o la ayuda a las empresas…” Una de las voces del empresariado ilustra muy bien cómo la economía capitalista puede “funcionar muy bien” acosta de marginar a los que ya pagamos la crisis.

A todo esto, sumamos la medida de Trump recientemente anunciada sobre el recorte de impuestos a la ganancia de capital, iniciativa que eventualmente provocaría una caía de la inversión en países como el nuestro, y con el pronóstico de aumento de la deuda, este tipo de medidas llevaría a una mayor salida de capitales.

Pero no es lo único que provocará salida de capitales del país. En estos momentos existe una gran preocupación de los grandes empresarios inversionistas, tanto locales como extranjeros, sobre el futuro de sus beneficios, debido especialmente a la política, calificada como populista de AMLO, por ejemplo: la cancelación de megaproyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; de hecho, la mayoría de los inversores señalan esta razón como el origen principal de la desconfianza. Las calificadoras Moody’s y Merrill Lynch están de acuerdo con ello y aseguran que “el 61 por ciento de los consultados consideran que las decepcionantes decisiones del gobierno son el mayor riesgo de cola para la economía” (El Economista, 13 agosto de 2019), ¡incluso por encima de la guerra comercial entre EU y China, que han puesta a temblar a todo el mundo!

Recientemente el gobierno, en un viraje para recuperar la confianza, ha anunciado un plan de transporte de gas por siete gasoductos, cinco de ellos en conflicto por la lucha organizada en defensa del territorio. Este es un claro ejemplo de cómo la política de no confrontar los grandes intereses económicos provoca el enfrentamiento directo con el pueblo y sus diferentes luchas. El gobierno de AMLO entra a una nueva encrucijada, o sigue la dinámica al capitalismo rapaz y depredador, o se basa en el pueblo y se expulsa a estas empresas.

El fondo del problema no es la orientación de las inversiones sino la política capitalista del máximo beneficio que mantiene nuestra dependencia y atraso frente al desarrollo y la competencia que ofrecen otros países; dentro de este sistema que genera naturalmente estas desigualdades es imposible librarnos de una caída económica en un contexto de crisis como el que se avecina; la única manera de romper con tal dinámica está en expropiar las industrias fundamentales y ponerlas a marchar bajo el control de los trabajadores, con lo que se aseguraría no sólo la verdadera distribución de la riqueza, sino el control de ésta por el conjunto de la población, y no a interés de una minoría.