La lucha contra el SEU y la creación de los sindicatos democráticos

Tan pronto como en 1946 comenzaron a sonar en la universidad las primeras voces de oposición al franquismo, que fueron duramente reprimidas con penas de cárcel. En 1951 los estudiantes se sumaban a las movilizaciones generales contra la subida de los precios del transporte público, concluyendo en esta ocasión con la clausura de las universidades de Madrid y Barcelona.
En 1956 comenzó la lucha por la democratización del SEU (Sindicato Español Universitario, falangista y de afiliación obligatoria) y la formación de una organización sindical de los estudiantes democrática e independiente, que motivó una huelga general a la que el régimen respondió con decenas de detenidos, el cierre de la universidad y el decreto de estado de excepción durante tres meses.
Entre los cursos 1951/52 y 1961/62 el número de estudiantes universitarios había pasado de 46.373 a 75.932 lo que, sumado a la falta de inversión, produjo la masificación de las universidades españolas y las protestas por las condiciones educativas empezaron a cobrar fuerza a la par que el movimiento estudiantil se fortalecía. Es en este contexto cuando la lucha contra el SEU comienza a adquirir nuevas dimensiones. Las organizaciones políticas y sindicales crecen, especialmente el PCE, que marcaría la orientación de infiltrarse y trabajar en los sindicatos verticales, tanto en el movimiento obrero como en el estudiantil. Así, la táctica utilizada en un primer momento por los estudiantes y las organizaciones universitarias clandestinas para combatir al régimen fue la infiltración en el SEU.
Un aspecto central en la evolución del movimiento estudiantil fue el impacto del movimiento obrero en las universidades. En abril de 1962 comenzó la mayor oleada de huelgas obreras desde 1939. Se inició en la minería asturiana del carbón y poco después se extendió a 25 provincias. El número inicial de unos 100.000 huelguistas asturianos se incrementó hasta el medio millón. Este movimiento, que inicialmente se centró en los aumentos salariales y la solidaridad con siete mineros despedidos, rápidamente amplió sus reivindicaciones a cuestiones de carácter más general y político: libertad sindical, derecho de huelga y libertad para los obreros detenidos. Estas huelgas provocaron reacciones de solidaridad en las universidades españolas, haciendo que los estudiantes incluyesen en sus reivindicaciones las de libertades políticas y sindicales, amnistía, aumentos salariales para los trabajadores, etc.
Cada vez más centros se separaban del SEU a la vez que los estudiantes creaban sus propios órganos de coordinación. Una vez liquidado el SEU (la dictadura lo disuelve por decreto en 1965) el movimiento se planteó la construcción de los sindicatos democráticos, logrando que en todas las universidades se celebraran elecciones sindicales libres.

Se desata la represión contra el movimiento. El asesinato de Enrique Ruano

1967 marcará el inicio de una represión generalizada contra el movimiento obrero y estudiantil. En apenas dos años cerca de dos mil metalúrgicos madrileños serán despedidos de sus puestos de trabajo. Miles de militantes obreros serán detenidos y procesados a lo largo y ancho del país. Las Comisiones Obreras tendrán que pasar a la absoluta clandestinidad, aunque sigan haciéndose asambleas en los centros de trabajo.
En cuanto a la vida universitaria la represión fue salvaje y dirigentes estudiantiles también pasaron a la clandestinidad. La represión comenzó con los delegados de los sindicatos democráticos, que fueron desarticulados. Miles de estudiantes fueron sancionados y detenidos, algunos murieron en circunstancias nunca bien aclaradas en dependencias policiales o cuando iban a ser arrestados. Muchos profesores fueron expulsados. La policía se instaló permanentemente en los centros (se autorizó a que entraran en las facultades siempre que lo estimase conveniente para mantener el orden, sin tener que pedir permiso a las autoridades académicas). Fue nombrado un juez especial para juzgar la disidencia estudiantil. Prácticamente cada año se declaraba el estado de excepción y, cuando, a pesar de estas medidas, las autoridades no podían gobernar ni controlar la universidad por el auge de las movilizaciones, se cerraban los centros, a veces durante largos periodos.
Es en este clima asfixiante de represión cuando el 20 de enero de 1969 era asesinado Enrique Ruano, estudiante de 5º curso de derecho y militante del Frente de Liberación Popular (FLP), al supuestamente caer a un patio interior desde una ventana del séptimo piso al que la policía lo había conducido para efectuar un registro. La policía argumentó que se había “suicidado”, pero el movimiento reaccionó con una oleada de protestas que fueron respondidas con el cierre de universidades y con la declaración del estado de excepción.

Las protestas contra la LGE y la lucha por la educación pública

Desde 1971 hasta 1977 tuvieron lugar las protestas más fuertes en el ámbito de la educación, contra la Ley General de Educación (LGE). A partir de 1972 participan por primera vez, y de manera masiva, además de los estudiantes universitarios, estudiantes y docentes de la enseñanza media. El movimiento iba en claro ascenso y en el curso 1974/75, con la muerte de Franco a la vista, alcanzaba su punto álgido. Los estudiantes se movilizaban contra la selectividad para entrar en la universidad, las desigualdades sociales y económicas por la imposición de distintos itinerarios educativos (en este caso era el bachiller y la FP), la privatización de las universidades, etc.
Al calor de estas movilizaciones y de las que acompañaron al Consejo de Guerra de Burgos (contra activistas de ETA condenados a pena de muerte en 1970) las organizaciones y partidos de izquierda con más implantación en el mundo obrero ganaron peso en la universidad y los lazos entre movimiento estudiantil y el movimiento obrero volvieron a recomponerse tras la fase de represión.

El movimiento se prepara para la batalla final contra la dictadura

Tras la muerte de Franco se produce el mayor periodo huelguístico. Hubo una explosión de movilizaciones por la amnistía, por la ruptura con el régimen franquista y la exigencia de libertades democráticas que alcanza su punto álgido en Vitoria en 1976, tras el asesinato de cinco trabajadores a manos de la policía.
La represión de la dictadura (un muerto en Elda el 24 de febrero, los cinco de Vitoria, uno en Basauri y otro en Tarragona el 7 de marzo y numerosos heridos en enfrentamientos entre huelguistas y manifestantes con la policía) es contestada con más movilizaciones. El 15 de marzo, según reconocía el propio Arias Navarro, la “universidad estaba sublevada”.
Para comprender el paso de esta situación de efervescencia al declive progresivo de las movilizaciones en el ámbito estudiantil hay que observar el proceso general del movimiento obrero. La política de pacto social encabezada por las direcciones sindicales y políticas de la izquierda tuvo el efecto de ir minando el movimiento y desgastándolo. Esta política junto a la falta de respuesta por parte de las organizaciones obreras a los crímenes perpetrados por las bandas fascistas contra destacados dirigentes hizo que las movilizaciones estudiantiles fueran quedando aisladas y debilitadas.
No obstante, las movilizaciones estudiantiles continuaron hasta entrados los años 80. Especial importancia tuvieron las desarrolladas bajo el gobierno de la UCD contra el proyecto de Ley de Autonomía Universitaria, el Estatuto de Centros Docentes y el Proyecto de Financiación. A finales de 1979 se crea la Coordinadora de Estudiantes que agrupa a estudiantes de enseñanzas medias, FP y universidad. Masivas movilizaciones, protagonizadas especialmente por estudiantes de institutos, sacuden nuevamente las calles, recibiendo la solidaridad y el apoyo del movimiento obrero a las reivindicaciones contra las trabas selectivas en la educación pública, la financiación con fondos públicos a las universidades privadas, el poder de las empresas en la universidad y en definitiva exigiendo una universidad pública accesible para los hijos de las familias trabajadoras. La represión ejercida contra este movimiento ha pasado a la historia con el asesinato de varios estudiantes, entre ellos el de Yolanda González, de 19 años, militante del Partido Socialista de los trabajadores (PST) y representante del Centro de Formación Profesional de Vallecas (Madrid) en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media, secuestrada y asesinada por miembros del grupo fascista Fuerza Nueva.
Una señal del potencial revolucionario de la juventud en general y del movimiento estudiantil en particular y la oposición que significó a la política de pactos es la saña con la que las bandas fascistas y los cuerpos parapoliciales del Estado arremetieron contra la juventud durante los últimos años de la dictadura hasta los años 80 para, amparados por el gobierno, acabar con cualquier resquicio de oposición. Muchos de los muertos y heridos en la calle durante la segunda mitad de los setenta tenían alrededor de 20 años.
Es por eso que la investigación de los crímenes del franquismo sigue siendo hoy una reivindicación fundamental y el motivo por el que organizaciones como el Sindicato de Estudiantes se suman a la querella argentina contra los crímenes del franquismo por el asesinato de nueve estudiantes asesinados entre 1969 y 1977, entre ellos Enrique Ruano. Algo fundamental para mantener vivo un periodo en el que gracias a la entrega de miles de jóvenes se sentaron las bases de, entre otras cosas, la lucha en defensa de la educación pública de calidad que hoy continúa.