En abril pasado, en una reunión de tipo arrodillamiento de la Secretaria de Educación Pública frente a 27 directivos de empresas de la industria chatarra, entre otros, Barcel, Bimbo, La Costeña, Grupo Alpura, Danone, Herdez, Lala, Maseca, Kellogg, Nestlé, PepsiCo, Sigma Alimentos Corporativo, Unilever de México, Mattel. Los funcionarios que encabezan dicha secretaria permitieron que la industria chatarra comparta la responsabilidad directiva en la prohibición de la venta de comida chatarra en las escuelas a partir de marzo de 2025 y con ello sea partícipe de la toma de decisiones que solo compete al Gobierno de México, sobre un programa de protección de la salud impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum denominado "Vida Saludable". Con dicho acuerdo se refuerza la rendición del gobierno y el pacto de normalización de hábitos alimenticios poco saludables, que se perpetúa a lo largo de la vida, en detrimento de la salud pública y de los derechos de toda la comunidad educativa, no solo de las infancias y de las adolescencias.

Esta iniciativa que incluye la promoción del consumo de agua natural, la capacitación en nutrición para los responsables de las cooperativas escolares y la instalación de bebederos en los planteles y no una prohibición, distanciamiento y sanción a la industria chatarra.

Es limitada la eficacia de estas medidas si no se abordan las estructuras de poder que permiten la influencia de las corporaciones en las políticas públicas y que le restan a la alimentación escolar el carácter de derecho para convertirla en un negocio. La implementación de políticas saludables debe ir acompañada de una transformación profunda del sistema económico y político que garantice el acceso equitativo a alimentos saludables y promueva la soberanía alimentaria.

Ridículamente, en comparación con el gran gasto del sistema de salud para atender los daños a la salud que el consumo de chatarra causa, los líderes de la industria se comprometieron a donar básculas, elaborar materiales para promover la actividad física, y compartir información derivada de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en los planteles escolares.

Visto desde otra perspectiva, cuando la industria chatarra dona, elabora y se hace parte del programa, exige imponerse para debilitar a su favor la protección de la salud, pues lo harán de acuerdo con sus intereses económicos, disfrazando y minimizando desde su pseudociencia el daño que causan sus productos ultra procesados.

La presencia de la comida chatarra en las escuelas mexicanas es un reflejo palpable de las contradicciones inherentes al sistema capitalista neoliberal que ha permeado las políticas públicas en México. Esta problemática no solo se aborda como una cuestión de salud pública, sino como una manifestación de las estructuras de poder económico que priorizan las ganancias corporativas sobre el bienestar de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

A pesar de las normativas existentes, como los Lineamientos Generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas, obligatorios desde 2014 y convenientemente ignorados por más de 10 años, la venta de productos chatarra persiste en un alto porcentaje de las instituciones educativas. Estudios indican que en el ciclo escolar 2023-2024, el 98% de las escuelas aún comercializaban estos productos, mientras que el 95% ofrecía bebidas azucaradas y el 78% refrescos, tanto dentro como fuera de los planteles.

Esta situación evidencia la falta de implementación efectiva de las políticas públicas y la influencia de las grandes corporaciones en la toma de decisiones gubernamentales. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido señalada por organizaciones civiles por ocultar convenios con empresas como Coca-Cola, Pepsico y Bimbo, los cuales permitieron el acceso directo de estas compañías a las escuelas para promover sus productos entre los estudiantes.

La colaboración entre la SEP y la industria alimentaria no es una excepción, sino una manifestación de cómo las políticas públicas pueden ser cooptadas para servir a los intereses de las grandes corporaciones. Estos acuerdos no solo comprometen la salud de los estudiantes, sino que también perpetúan un modelo económico que prioriza el lucro sobre el bienestar colectivo.

Aunque la prohibición de la venta de "comida chatarra" en las escuelas es un paso importante, su efectividad dependerá de la voluntad y capacidad del gobierno de México para implementar y hacer cumplir las regulaciones, el gobierno debe dejar claro para quien quiere gobernar, para las grandes corporaciones o para el bienestar de las infancias del país.

Esta es una razón más para solidarizarnos y unirnos como familias trabajadoras en lucha para exigir educación digna con alimentación saludable para toda persona estudiante, lejos de las manos de las empresas y el capitalismo.