En un foro organizado por El País y la Cámara de Comercio España-EEUU en septiembre de este año, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se refirió a la economía española insistiendo en que “estamos muy cerca de salir del bosque”, y añadió que “los desequilibrios se han corregido”. Estas afirmaciones se apoyan en toda una serie de cifras macroeconómicas que se aíslan del resto de datos, trasladando una imagen de la economía española distorsionada e irreal.

Según las estadísticas oficiales, el PIB creció en 2014 un 1,4%, el 3,5% en 2015 y las previsiones son que en 2016 lo haga en torno al 3%. Las cifras oficiales de paro han pasado del 23,6% en 2014 al 20% registrado el segundo trimestre de 2016; la inversión en construcción creció una tasa anual del 5,3%, positiva por vez primera desde 2007, etc. Con estos y algún dato más, somos bombardeados a todas horas por el PP y la armada mediática para dibujar un cuadro de bonanza y recuperación, presentando al Estado español como el motor del crecimiento europeo, cuando la verdad es que la crisis continúa para la inmensa mayoría y puede recrudecerse en los próximos meses.

¿Cuál es la realidad para millones de familias trabajadoras?

El Gobierno del PP presenta como uno de sus grandes logros haber conseguido que el déficit público haya pasado del 10% del PIB en 2011 al 5,16% al finalizar 2015. Pero esta supuesta “hazaña” se ha realizado a costa de un retroceso sin precedentes en los últimos 40 años en las condiciones de vida de millones de trabajadores y jóvenes.

Son muchos los datos que pueden servir para ilustrar esta auténtica tragedia social y citaremos algunos. Entre los años 2011 y 2014, las Comunidades Autónomas (CCAA) redujeron sus gastos en términos reales (teniendo en cuenta la inflación), un 10% en sanidad, un 19,4% en educación y un 13% en protección social. Respecto al empleo, los efectos de la reforma laboral, unidos a la pérdida de derechos laborales y los recortes ha tenido consecuencias devastadoras: el 91,4% de los contratos que se firman son temporales, y la temporalidad se encuentra en un escandaloso 25,7%. El gobierno se jacta arrogantemente de la reducción del desempleo, pero éste afecta a más de 4,5 millones de parados (el 20% de la población activa), de los que el 42,3% (1,7 millones) no percibe ninguna ayuda. La tasa de paro entre los menores de 25 años alcanza el 43%. Los hogares con todos sus miembros en paro suman 1,5 millones y de éstos 721.000 no perciben ningún tipo de ingreso. Respecto a este punto, El País del 4 de septiembre señalaba: “el déficit en materia de empleo es más amplio de lo que sugiere la tasa de paro”. Cerca del 35 por ciento de la población del núcleo central del mercado laboral (con edades comprendidas entre 20 y 64 años) carecen de empleo, ya sea porque están en el paro o en la ‘inactividad”.

El retroceso en los derechos laborales se aprecia de una forma más clara todavía si nos referimos a los salarios. Según las cifras de la agencia Thomson Reuters, que publicó el diario Financial Times en mayo de 2015, desde el año 2007 los salarios reales han caído en el Estado español un 25%. Más de la mitad de las horas extra (el 53,7%) que se hicieron en el segundo trimestre de este año no se pagaron, según la EPA.

Pero el empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras ha sido pavoroso en estos años de recesión y gobierno del PP: más de 6,5 millones de ocupados obtienen unos ingresos mensuales inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), esto es, sueldos por debajo de los 656 euros. Estas condiciones laborales, propias del siglo XIX, son las que provocan, entre otras consecuencias, que la tasa de trabajadores pobres se haya elevado hasta el 14,8% según Cáritas, y que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), tres de cada diez españoles, el 28,6% de la población, se encuentre en riesgo de exclusión social, sin apenas recursos con los que pagar sus necesidades básicas (riesgo que aumenta exponencialmente entre la población joven y especialmente entre los menores de 16 años).

Todo el peso de la crisis ha recaído sobre las espaldas de los trabajadores

Con estos datos, hablar de recuperación económica y del fin de la crisis es una broma cruel para millones de personas. Todo lo contrario ocurre cuando examinamos las medidas adoptadas para aumentar los beneficios de los grandes capitalistas y banqueros.

La legislación laboral impuesta a los trabajadores ha provocado que la sobreexplotación laboral tenga su reverso en los inmensos beneficios empresariales, que se han disparado en los últimos años. A esto hay que sumar la escandalosa reducción de impuestos diseñada especialmente por las grandes empresas; sin ir más lejos, el Impuesto de Sociedades se redujo en un 49,5% de 2007 a 2015. En cuanto al trato a la banca, la política aplicada es aún más escandalosa. Como señala Antón Losada: “Mantener el margen de beneficios, aliviar aún más su ya liviana fiscalidad, abaratar los costes salariales y acudir en su ayuda con dinero público cuando y cuantas veces hiciera falta. Esos han sido los curiosos y peculiares sacrificios exigidos por nuestros gobiernos a la banca para cumplir ese ‘gran objetivo nacional’ de salir juntos de la crisis mediante un gran esfuerzo colectivo”.

Los recursos sustraídos de la educación, la sanidad y los servicios sociales en general han sido entregados a la banca y a las empresas. Como muestra, un botón: al mismo tiempo que las CCAA recortaban, entre 2011 y 2014, en más de 18.000 millones de euros sus presupuestos de sanidad y educación, sus partidas destinadas a pagar la deuda crecían en 18.526 millones. Respecto al dinero desembolsado por el Estado para mantener a flote a la banca, la cantidad más aceptada es la de 250.000 millones de euros, una cifra equivalente a una cuarta parte del PIB español. En definitiva, una gigantesca nacionalización de las pérdidas mientras la privatización de las ganancias continúa a buen ritmo.

El saqueo de los recursos públicos por parte de la banca privada, legislado por el PP con el apoyo del PSOE, ha sido espeluznante. El propio Banco de España ha reconocido que da oficialmente por perdidos 26.300 millones de euros traspasados a los bancos para cubrir sus activos inmobiliarios tóxicos, y que fueron alojados en el llamado banco malo (SAREB). Y mientras este robo a mano armada es aceptado por el gobierno, pero también por la dirección del PSOE y de CCOO y UGT que no han movido un dedo para denunciarlo, la banca no ha dejado de acumular beneficios en ningún momento: más de 47.000 millones entre 2008 y 2015. Bien, pues a pesar de ello han eliminado más de 60.000 puestos de trabajo en el sector desde 2008, y la destrucción de empleo no ha terminado. Sin ir más lejos, el Banco Popular presentará en octubre un plan con el que pretende despedir a 2.800 trabajadores, un 20% de la plantilla. De hecho, según Cinco días (3/06/16): “los expertos consideran que aún sobran en España más de 5.000 oficinas. En menos de un lustro el número de sucursales en España estarán por debajo de las existentes en 1980”.

¿Los desequilibrios se han corregido?

El PP insiste una y otra vez en que, gracias a sus medidas y contrarreformas, la economía española ha sido saneada, sus fundamentos son más sólidos, los desequilibrios se han corregido y hemos iniciado la senda de la recuperación.

En primer lugar, nos encontramos todavía muy lejos de recuperar el retroceso sufrido por el PIB, caída que, por cierto, ha sido más profunda de lo que se dijo. El PIB cayó entre 2011 y 2013 un 8,6%, casi un punto y medio más de lo inicialmente indicado. A este descenso hay que sumar el retroceso del PIB entre 2008 y 2010 que fue del 3,5%. Respecto a la solidez del actual crecimiento, la agencia Moody’s insiste en “rebajar el optimismo sobre el crecimiento económico del país, que considera más cíclico que estructural, apoyado en el descenso del precio del petróleo, unas mejores condiciones de financiación y un sólido repunte del turismo” (El País, 3/8/16).

Pero el mayor problema es que los desequilibrios fundamentales de la economía española se mantienen en gran medida, mientras otros se han desarrollado hasta niveles históricos. Una auténtica espada de Damocles que amenaza con desplomarse.

Para empezar, después de haber dedicado cifras astronómicas a sanear a la banca, nos encontramos con que los problemas distan mucho de haberse solucionado. Los activos problemáticos, eufemismo que utilizan para referirse a aquellos que, en el mejor de los casos, están reflejados en los balances a un valor mucho mayor del que tienen en realidad, suponen el 23% del total. Por otro lado, la exposición al riesgo inmobiliario de los principales bancos supera todavía los 110.000 millones de euros, según los datos facilitados por las propias entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En otro orden de cosas, la deuda de las empresas y de las familias que ha sido uno de los grandes problemas que ha venido lastrando la economía española desde hace años, aunque se ha reducido, se mantiene muy alta. Ésta alcanzó en 2008 los 2,1 billones de euros, el 210% del PIB, y hoy se encuentra en 1,6 billones de euros, un 149% del PIB. Pero debemos entender que esta reducción no ha supuesto un saneamiento real del conjunto de la economía. La mayor parte de esta deuda ha sido trasvasada a los bancos y éstos, a su vez, la han trasladado al Estado, que tiene un nivel de deuda no visto desde principios del siglo XX. En el primer trimestre de 2008 la deuda pública española era de 379.406 millones de euros y suponía el 28,9% del PIB, en 2016 supera ya el 1,106 billón de euros y el 100,6% del PIB.

El PP prepara nuevos recortes

No, los desequilibrios no se han corregido; es más, los elementos fundamentales que han provocado que esta crisis sea especialmente virulenta en el Estado español no han desaparecido, ni mucho menos. En un contexto en el que las debilidades de la economía mundial y europea se están haciendo cada vez más evidentes y las perspectivas son cada vez más sombrías, la economía española sigue siendo un eslabón muy débil. El turismo y la caída del precio de las materias primas no pueden compensar la baja inversión productiva del capital nacional y extranjero. Tan sólo en el primer semestre de 2016 la inversión extranjera productiva alcanzó 6.716 millones de euros, un 28,7% menos que en el mismo periodo de 2015, según datos del Ministerio de Economía y Competitividad.

La prueba de que las contradicciones fundamentales de la economía española siguen presentes es que los “buenos datos” se sustentan en una depreciación bestial del precio de la fuerza de trabajo, es decir, de salarios que han retrocedido décadas. Toda la palabrería repetida de manera continuada por el PP no es más que propaganda para ocultar que sólo tienen una receta: continuar profundizando en sus políticas de recortes y austeridad.

Como ya han señalado desde el gobierno en funciones, la nueva meta para la reducción del déficit público es acabar 2016 en un 4,6%, en un 3,1% en 2017 y en un 2,2% en 2018. Estos nuevos objetivos son fruto del acuerdo alcanzado el pasado julio con la UE, a cambio del cual se decidió no multar al Estado español por incumplir el techo de déficit previsto. Y la consecuencia de todo ello será una nueva vuelta de tuerca en los ataques a las condiciones de vida de la clase obrera. Como anticipaba el “Nuevo Programa de Estabilidad”, aprobado en el Consejo de Ministros del 29 de abril de este año, la reducción del gasto público será de 1,1 punto en protección social, de 0,4 puntos en sanidad y de 0,3 en educación.

La derecha ya ha anunciado que si forma gobierno presentará una serie de medidas de cara a 2017 para aplicar un nuevo recorte, como mínimo de 10.000 millones de euros. En ese sentido, el ministro de Guindos anunciaba en septiembre “un inminente decreto ley con los recortes que exige Bruselas” (El País, 13/9/16). Medidas que, según Público (21/9/16), el PP estaría negociando con el PSOE, y que también son una piedra de toque en el golpe de Estado contra Pedro Sánchez de cara a garantizar la abstención socialista en una nueva votación de investidura de Rajoy.

Sólo con la movilización pararemos los ataques

Esta es la situación real de la economía española y los auténticos planes que esconde toda la propaganda del PP, siguiendo las directrices de los grandes empresarios y banqueros. De hecho, muchas de las medidas que se barajan pretenden profundizar los cambios estructurales que están acabando con las conquistas sociales logradas después de muchos años de lucha. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, pide más flexibilidad para bajar salarios y reducir la protección de los trabajadores indefinidos; las pensiones, la sanidad y la educación públicas, también están en el punto de mira; el objetivo, profundizar en su privatización y dejar los servicios sociales públicos al nivel de la beneficencia.

Es falso que no haya recursos suficientes para que todos podamos acceder a unos servicios públicos de calidad, para que haya pleno empleo, salarios decentes, derecho a una vivienda, a una sanidad y una educación públicas dignas. El problema es que los gigantescos recursos que producimos la única clase capaz de generar valor con su trabajo, son apropiados por un puñado de grandes monopolios y bancos, de una minoría de parásitos improductivos que gobiernan con mano de hierro la sociedad. Sólo con la lucha y armados con un programa socialista, defendiendo la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía bajo el control democrático de la clase trabajadora, lograremos que esta inmensa riqueza sea utilizada para la satisfacción de todas las necesidades sociales.