La gestión privada de los centros extiende los malos tratos y no rehabilita
El pasado 1 de julio volvió a saltar el escándalo. Otro joven había muerto en un centro de menores. En el reformatorio almeriense “Tierras de Oria”, el mismo cuyos métodos inhumanos fueron denunciados en 2015. De hecho, en 2016 el Consejo de Europa denunció lo mismo, así como el Defensor del Pueblo en 2018. El gobierno de Susana Díaz no hizo nada. ¿Por qué?
Hay varias razones. Pero lo primero a señalar es que el problema es a nivel estatal, ya que existe un amplio consenso político en materia de justicia juvenil y protección de menores. De hecho, todo emana de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM), en vigor desde 2001.
Una ley que, a pesar de la neolengua que emplea para darse apariencia pedagógica, se basa en la represión y el castigo y no en una supuesta rehabilitación. Su reglamento es un calco del reglamento de Instituciones Penitenciarias, incluso más restrictivo en algunos aspectos. Una ley orgánica perversa, especialmente diseñada para castigar la pobreza. Los jueces, a la hora de tomar medidas cautelares como la prisión preventiva o dictar sentencia, tienen muy en cuenta los informes elaborados por el equipo técnico (profesionales del ámbito social). Informes que analizan el entorno familiar y social del menor. Es decir, que finalmente no se juzgan los hechos sino a las familias, lo que posibilita que dos menores que han cometido juntos un delito puedan tener condenas tan dispares como un año y medio de internamiento o tres meses de libertad vigilada, dependiendo básicamente de la solvencia económica de los progenitores.
Además, la LORPM dio vía libre a las comunidades autónomas para privatizar los centros de cumplimiento de medidas judiciales, convirtiéndose la justicia juvenil en un fabuloso negocio de trágicas consecuencias. Como ejemplo basta citar lo ocurrido en la Comunidad de Madrid. En 2001 había tres reformatorios públicos y un total de 45 menores presos. Se aprobó la ley, y en 2006 ya había 18 reformatorios (todos los nuevos privados) y un total de 422 menores encerrados. Queda claro de qué va la cosa, ¿verdad?
La privatización en materia de gestión de derechos fundamentales (y la libertad lo es) tiene consecuencias muy preocupantes. Una de ellas es la opacidad, aún mayor en los reformatorios que en las cárceles.
Del “tratamiento” que reciben los chavales en los centros tampoco podemos esperar nada bueno. En palabras de Jorge Del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, se producen malos tratos de tres tipos: la “humillación permanente” –desde insultarles, que es constante, a las de tipo sexual, obligándoles a desnudarse–, “sanciones arbitrarias” –en demasiadas ocasiones por conductas normales a estas edades como distraerse en clase, tirarse bolitas de pan o hablar cuando no se debe–, incluyendo el aislamiento, y “agresiones físicas puras y duras, lo cual incluye golpes, patadas, puñetazos, porrazos”. El Estado español incumple los tratados internacionales (como las “Reglas de Beijing” de Naciones Unidas) que prohíben las penas de aislamiento para menores de edad. La Coordinadora ha documentado en sus informes una media de dos muertes bajo custodia en centros de menores al año.
Las autoridades supuestamente responsables del bienestar de los menores no hacen nada porque lo dicho no implica un mal funcionamiento de los centros. Es que se han diseñado para ser un negocio y eso hace que funcionen así. Por eso generalmente los “excesos en el cumplimiento del protocolo” no sólo quedan impunes, sino que se termina persiguiendo a los denunciantes. Como les ha pasado a los que hace cuatro años denunciaron a este centro de Almería. Centro gestionado por GINSO, al igual que el centro “Teresa de Calcuta” en Brea de Tajo (Madrid). Allí murió otro joven en 2011. Esta entidad es ejemplo paradigmático del sector. La Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), es una fundación propiedad de Alfredo Santos García que gestiona varios centros en Madrid y Andalucía. Pero GINSO supone, además, un paso más allá en el modelo de negocio: tanto en Madrid como en Andalucía se ha encargado, a través de empresas de Santos o de sus socios, de construir los centros que después ha gestionado. La diputada de Podemos Isabel Serra ha denunciado a esta empresa como parte de la trama Púnica. Santos colabora, además, con gente como Javier Urra, antiguo defensor del Menor de la CAM y conocido tertuliano de Antena 3, que desarrolla en las mismas instalaciones de Brea del Tajo la actividad de su sociedad limitada, Urrainfancia, con un programa llamado Recurra de asistencia a familias con conflictos, destinado a los chavales que han acabado de cumplir las medidas.
Es urgente acabar con este modelo de justicia juvenil, basado en el castigo y el maltrato, que termina de empujar cada año a cientos de jóvenes hacia la exclusión social, formalizándoles como presidiarios. Acabar con la privatización no será suficiente (hay que cambiar también el modelo, y acabar con las condiciones de pobreza y desigualdad que están en la raíz de estos problemas), pero sí el primer paso necesario para acabar con las barbaridades que se cometen en nombre del interés superior del menor. Centros públicos, con personal formado y con condiciones de trabajo dignas, y sujeto al control de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del sector, así como de las familias, son imprescindibles para que pueda plantearse un tratamiento humano y que de verdad cumpla funciones rehabilitadoras
