El pasado 29 de junio el Gobierno de derechas de Nueva Democracia (ND) presentó un proyecto de ley con el que se endurece la represión y las restricciones para organizar y participar en manifestaciones y protestas.

A un año de que la derecha ganase las elecciones generales y pocos meses después del fin del confinamiento, las protestas sociales en Grecia comienzan a resurgir y la burguesía griega lo tiene claro; para enfrentar la crisis capitalista y mantener sus ganancias, va a intentar seguir machacando los derechos sociales y empeorando las condiciones laborales. El Gobierno de ND, a su servicio, no duda en recuperar medidas legislativas propias de la época de la dictadura.

El citado proyecto de ley establece sanciones de hasta un año de prisión por participar en una protesta no autorizada, además, se responsabiliza a los organizadores de los daños a la propiedad pública o privada que se puedan producir en las manifestaciones.

Contra esta ley los sindicatos y movimientos sociales convocaron del 7 al 9 de julio manifestaciones contra la llamada “ley de la dictadura” en 40 ciudades. En Atenas participaron en torno a 10.000 personas.

Las protestas fueron duramente reprimidas por la policía que utilizó gases lacrimógenos y llevó a cabo numerosas cargas y multitud de arrestos. La lucha contra esta ley represiva continúa impulsada por la juventud y nuevas capas incorporadas después de la amarga experiencia con el Gobierno de Syriza.

La catástrofe económica y social en Grecia continúa

Después de todos los ataques y recortes sociales de los últimos años avalados por los capitalistas griegos y diseñados por el FMI, el BCE y la UE, que tanto sufrimiento han causado a la mayoría de la población, las perspectivas económicas para Grecia son de nuevo muy sombrías.

Antes del confinamiento, decretado el 12 de marzo, se esperaba un crecimiento del PIB para el 2020 del 2,4%. Pero tras la llegada de la pandemia, las previsiones estiman una caída del 10% y el desempleo, que actualmente es del 16%, se calcula que crecerá hasta el 20%.

Si tenemos en cuenta el grave estado de la economía griega después de la crisis de 2008 y lo que han supuesto para la clase trabajadora las medidas draconianas de la troika durante estos últimos diez años, la situación se encamina a una nueva catástrofe social.

La recesión mundial y la crisis sanitaria afectan doblemente a la débil economía griega: el turismo representa el 12% del PIB, sector en el que se prevén pérdidas de entre 8 mil y 10 mil millones de euros.

De la misma manera que el resto de Gobiernos al servicio del capital, las ayudas de dinero público para garantizar los beneficios de las empresas durante el tiempo de paralización de la economía han supuesto la parte del león de los recursos liberados por el Ejecutivo heleno para paliar los efectos de la pandemia, llegando a los 6.800 millones de euros.

La deuda pública en mayo se encontraba en el 176% del PIB y la previsión de la Comisión Europea es que acabe 2020 en el 196,4%.

El confinamiento estricto contuvo la extensión del virus y con 11 millones de habitantes el covid-19 ha provocado 194 muertos. Esta medida ha hecho posible que el mermado sistema sanitario público haya podido sortear, de momento, el colapso absoluto.

Durante los primeros cinco años de crisis el presupuesto sanitario se redujo cada año un 8,7%, y el sistema ya se encontraba al borde del desastre antes de la pandemia. Como muestra un botón: Grecia cuenta con la mitad de camas de UCI que la media europea.

La pandemia ha obligado al Gobierno a retrasar los nuevos planes de privatización y aportar al sistema público de salud provisionalmente 70 millones de euros, migajas para tratar de cubrir las necesidades más urgentes.

Un año de blindaje de los beneficios capitalistas, ataques a los trabajadores y escalada represiva

ND ganó las elecciones en julio de 2019, desplazando a Syriza tras el desencanto provocado entre la clase obrera y la juventud por la política de recortes sociales y de sumisión a la troika aplicada por el Gobierno de Alexis Tsipras.

La participación en aquellas elecciones fue la segunda más baja en la historia de Grecia, con un 57,92%.

El actual Gobierno está formado por derechistas y ultraliberales. El primer ministro Kyriakos Mitsokakis forma parte de la élite y está vinculado a grandes bancos y financieras.

Las primeras medidas que el Ejecutivo aplicó fueron la bajada de impuestos de sociedades, la rebaja de cotizaciones empresariales a la seguridad social, la reducción del gasto social, profundizando en las catastróficas recetas de austeridad.

La burguesía griega exige recortes más profundos y para poder llevarlos a cabo considera imprescindible imponer medidas represivas y antidemocráticas que asfixien al movimiento obrero.

La batería de medidas antidemocráticas no ha cesado. Una de las primeras iniciativas fue el endurecimiento del Código Penal y la última es el proyecto de ley que establece controles más estrictos a las manifestaciones.

El Ministerio de Protección Ciudadana, dirigido por Mijalis Jrisojoidis, ministro de Interior con el PASOK, ha creado un nuevo cuerpo policial fuertemente armado llamado “Panteras Negras”. Este se encuentra desplegado en las estaciones más concurridas. También ha reactivado la unidad especial Drassi (antes Delta), conocidos como los “hooligans de la policía” y que fue desmantelada por Syriza.

Los cuerpos policiales fueron el principal mecanismo de represión después de la guerra civil y durante la dictadura de los coroneles. El aparato del Estado que quedó intacto y sin depurar tras la llegada de la “democracia” refuerza una vez más esta herramienta represiva contra la lucha social.

Desde finales de 2019 se han incrementado las denuncias por actuaciones violentas y arbitrarias de la policía, que han pasado a ser muy habituales. Estas prácticas responden a la estrategia del Gobierno de infundir miedo garantizando la impunidad a la brutalidad policial.

En el céntrico barrio de Atenas de Exarchia, donde existe una gran participación social, hay desplegados de manera casi permanente cuerpos de antidisturbios que acosan arbitrariamente a los vecinos. En los últimos meses han realizado desalojos de espacios ocupados desde hace años por refugiados y migrantes. También son muchos los casos de jóvenes humillados por la policía al ser obligados a desnudarse en parkings públicos o restaurantes.

En el mes de noviembre tuvieron lugar protestas estudiantiles para exigir la retirada de cargos a dos estudiantes y contra la supresión de la ley de asilo universitario.
Dicha ley se instauró tras la caída de la dictadura con el objetivo de evitar los sucesos de 1973, cuando grupos de militares entraron con un tanque en la Universidad Politécnica de Atenas contra un encierro de estudiantes en protesta contra la dictadura y provocaron cerca de 40 muertos.

Tras esta supresión la policía entró por primera vez desde 1974 en una universidad y reprimió una protesta estudiantil.

La juventud y el movimiento obrero retornan al camino de la lucha

Siguiendo esta estrategia represiva, el Gobierno presentó en septiembre de 2019 un proyecto de ley que supuso un salto cualitativo en la dificultad para convocar las huelgas. Según este proyecto estas tienen que aprobarse mediante votación electrónica.

Con ello se busca acabar con la convocatoria de asambleas generales, impedir que las plantillas participen directa y colectivamente en las luchas, poder localizar mejor a las y los trabajadores más combativos y fortalecer el control policial y burocrático del movimiento.

Además esta ley también ataca a los convenios colectivos, dando prioridad a los acuerdos de empresa frente a los sectoriales o estatales, atacando al corazón de la fuerza de los sindicatos como herramienta de la clase obrera en su conjunto.

El movimiento obrero inmediatamente respondió antes estas medidas y se convocaron huelga general el 24 de septiembre y 2 de octubre de 2019. Las dos huelgas generales contaron con una alta participación de médicos, profesores, transporte marítimo y armadores de los principales puertos del país y significaron el primer paso en el rearme de la clase trabajadora y de todos los movimientos sociales contra la derecha.

La estrategia represiva del Gobierno está impulsando de nuevo la movilización y la toma de conciencia de nuevas capas de jóvenes y obreros. Muchos de los movimientos sociales fueron paralizados por el desencanto con Syriza, que tras cinco años de gobierno mermó la confianza y ánimos de cientos de miles de activistas.

Las movilizaciones de estos últimos meses comienzan a ser protagonizadas por numerosas capas de jóvenes que no han experimentado el duro fiasco de Syriza. El Gobierno de la derecha intenta frenarlo mediante la criminalización de los estudiantes e intentando generar miedo con la represión arbitraria.

La clase obrera griega está recuperando el pulso de la lucha y para esta nueva etapa cuenta con la valiosa experiencia de estos años y la inspiración de los enormes movimientos de masas que recorren los cinco continentes.

La tarea fundamental, una vez más, se encuentra en la necesidad de construir un auténtico partido revolucionario que dotado del programa de la revolución socialista acabe de una vez por todas con la barbarie social que imponen la burguesía y el caduco y podrido sistema capitalista.