La intensa propaganda de los principales medios nacionales y europeos sobre la eficaz gestión de Mario Draghi y la buena salud de la economía italiana no pueden esconder las políticas de recortes y privatizaciones de su Gobierno de banqueros, la situación desastrosa en la que se encuentran las finanzas del país ni tampoco la desigualdad creciente o un descontento social en aumento que ha obligado a los sindicatos CGIL y UIL a convocar el 16 de diciembre la primera huelga general en siete años.
La recuperación económica, a costa de los trabajadores
La realidad es que tras el fuerte desplome del 8,9% del PIB en 2020, la economía ha crecido solo un 6,2% en 2021. La tímida recuperación que estima el Banco de Italia para el 2022 y 2023, del 4% y el 2,5% respectivamente, apenas servirá para recuperar los niveles ya precarios previos a la pandemia.
Según datos del sindicato CGIL, solo el 1% de los contratos firmados durante este último año han sido por más de un año. Aunque oficialmente la ocupación ha crecido un pírrico 0,3%, el número medio de semanas trabajadas ha descendido dos puntos porcentuales desde 2019. Según la OCDE, los salarios reales italianos son hoy un -2,9% inferiores a los de 1990; solo en 2020 el salario medio cayó un 4,33%, mientras la inflación ascendía ya en noviembre el 3,8%, encareciendo notablemente el coste de la vida: el carro de la compra en el último mes subió el 1,2% y el precio de la luz es el segundo más caro de Europa, alcanzando los 437 euros/MWh.
Por otro lado, la insostenible deuda pública, escaló en el primer trimestre de 2021 al 160% del PIB, siendo la segunda de la zona euro, y según las estimaciones del Banco de Italia apenas se reducirá hasta el 153% este año.
En medio de este panorama, los nuevos presupuestos, que ya incluirán una parte de los fondos europeos (232.000 millones hasta 2026), servirán exclusivamente para apuntalar los beneficios de las grandes empresas, que recibirán la mayor parte de este chorro de dinero (en torno a un 80%). En contraste, para el desmantelado sistema sanitario —golpeado otra vez ante el avance imparable de la variante ómicron del Covid— solo se destinarán 9.000 millones.
La huelga general y el descrédito de la burocracia
El malestar de muchos sectores de la clase trabajadora y las protestas sociales, en aumento antes de la pandemia (especialmente, las significativas manifestaciones del movimiento de Las Sardinas), luchan por abrirse paso y romper el escenario de paz social y “unidad nacional” en torno al gran capital que representa Draghi, y que tanto el Partido Democrático como los principales sindicatos están defendiendo todo este tiempo, cosechando retroceso tras retroceso para los trabajadores.
A lo largo de todo el país en el último año se han desarrollando conflictos laborales importantes, sacando a las calles a miles de trabajadores y el 11 de octubre se convocó una huelga general por parte de los sindicatos de base (COBAS, USB…) contra los despidos y la catástrofe social, y ante la parálisis del sindicalismo oficial. En la planta de Whirpool en Nápoles peligran 300 empleos directos, Stellantis (antiguo grupo PSA fusionado con Fiat) prevé reducir hasta 2026 el 18% de sus 66.000 trabajadores, y otras empresas importantes como Air Italy o Saga Coffee también prevén despidos masivos.
En el sector público, los trabajadores sanitarios, que continúan en condiciones inhumanas ante la pandemia fruto de las políticas privatizadoras durante décadas, en noviembre han protagonizado movilizaciones en las principales ciudades contra la escandalosa falta de medios y de personal, y la escuela fue a la huelga general educativa el 10 de diciembre exigiendo aumento salarial —el profesorado recibe los sueldos más bajos de toda la administración pública—, reducción de ratios y mayor inversión.
En este contexto y como una forma de tratar de recuperar una cierta “fortaleza” ante una patronal a la ofensiva que los ningunea cada vez con mayor soltura, ahondando en su desprestigio ante los trabajadores, CGIL y UIL, dos de los tres principales sindicatos del país (CISL se desmarcó), se vieron obligados a convocar el 16 de diciembre una huelga general de 8 horas contra el borrador de los Presupuestos Generales par 2022, la primera desde el 2014, cuando la clase trabajadora paralizó el país e inundó las calles contra la reforma laboral del Gobierno de Renzi.
En esta ocasión, sin embargo, la huelga general ha tenido un impacto limitado y un seguimiento desigual. Los sectores con mayor seguimiento han sido el del metal, con un 80% —en fábricas como Lamborghini o Magneti Marelli pararon más del 90% de los trabajadores—, el agroalimentario y la construcción, con picos puntuales del 90%, y los transportes con un 60% de media, afectando notablemente a las conexiones aéreas y ferroviarias aunque con un seguimiento muy variado en metros y autobuses urbanos. En el resto de sectores el paro ha sido generalmente reducido y las manifestaciones no han tenido una fuerte afluencia.
Los organizadores apostaron por organizar solo cinco marchas —en Roma, Milán, Bari, Cagliari y Palermo— con el objetivo de que tuvieran mayor impacto pero no ha funcionado. En Milán 20.000 personas se manifestaron y en la capital no consiguieron llenar Piazza del Popolo. Los sindicatos, aunque hablan de “plazas llenas”, ni siquiera han publicado en sus webs las cifras de las manifestaciones.
Es el precio a pagar por la actitud sumisa que han mantenido los dirigentes de CGIL y UIL durante toda la convocatoria hacia el Gobierno, que lanzó desde el primer momento una campaña mediática feroz contra la huelga e impuso trabas salvajes con unos servicios mínimos abusivos, prohibiendo el paro en la sanidad, con el pretexto del aumento de los contagios de Covid, y en la educación (¡¡debido a la proximidad de la huelga educativa del día 10!!).
Es evidente que el descrédito de los principales sindicatos del país pesa mucho, tras años aceptando numerosos retrocesos sociales. Su mensaje en esta huelga ha estado lejos de la confrontación con el Gobierno de banqueros de Draghi. El secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, hablaba ante los medios de una huelga “expansiva” pero entre las reivindicaciones no se encontraban propuestas concretas sobre cómo evitar los despidos que están sobre la mesa, la subida de salarios, la financiación de los servicios públicos o la reducción de la temporalidad en el empleo. Eso sí, han reclamado que se les deje de marginar y se cuente con ellos “en las negociaciones de las medidas” que se pongan en marcha.
Landini parece temer más a los trabajadores que el propio Draghi. El mismo mes de noviembre, en una entrevista al diario Supersud, manifestó estar “preocupado por el creciente descontento social que podría desembocar en revueltas sociales”, para lo cual proponía únicamente cambiar “lo que estaba mal del modelo económico y social previo al Covid-19”.
Sí es posible impulsar una huelga general contundente, organizada democráticamente desde las fábricas y los puestos de trabajo, que paralice el país y obligue al Gobierno a retroceder en sus planes de recortes y ataques a la clase trabajadora. Para ello es necesaria una estrategia de lucha contundente, de confrontación seria con este Gobierno del gran capital financiero. Esta huelga general no ha tenido nada de eso: sin plataforma reivindicativa, sin asambleas, sin ningún tipo de plan para continuar la lucha... Y a pesar de todo, sectores importantes de la clase trabajadora han hecho lo posible para que fuese de verdad un golpe sobre la mesa.
El avance de la extrema derecha, un peligro real
La actitud de colaboración total del PD, dentro del Gobierno y de la mano de la ultraderecha de Salvini, es evidente. Nada indica por ahora que el Gobierno pueda romperse y el partido de Enrico Letta está completamente implicado en los planes de ajuste de Draghi que acompañarán a los fondos europeos.
Son esas políticas del PD y la actitud pasiva de la burocracia sindical de CGIL, que ni siquiera han impulsado la creación de comités antifascistas tras el asalto a su sede el pasado mes de octubre, lo que está permitiendo que Fuerza Nueva y las numerosas bandas fascistas actúen con impunidad total y estén consiguiendo movilizar a miles en las calles.
Está claro que la fuerza de la clase trabajadora es mucho mayor. Quedó claro no solo en la gran manifestación antifascista posterior al asalto, que congregó a más de 100.000 personas en Roma (a la que no se dio continuidad), sino también en las elecciones municipales de octubre donde las candidaturas de la derecha en las principales ciudades sufrieron una contundente derrota.
El avance del PD en las municipales responde a la voluntad de la clase trabajadora de evitar que la ultraderecha avance y llegue a las alcaldías, y ha sido a pesar de las políticas que está aplicando desde el Gobierno, pero esa victoria nada tiene que ver con esperanzas en que los nuevos alcaldes del PD vayan a solucionar los problemas urgentes de la población. La coalición de derechas, en la que las principales formaciones son la ultraderecha de Hermanos de Italia y la Liga, no gana en ninguna de las principales ciudades. El Movimiento 5 Estrellas se pega un batacazo aún mayor, perdiendo 11 ayuntamientos, entre ellos Roma y Turín.
Estos resultados confirman también la reorganización de las fuerzas políticas de la derecha, con el auge de Hermanos de Italia. Su estrategia de no entrar en el Gobierno, quedándose como única fuerza opositora en el parlamento, le está funcionando, beneficiándose del desgaste del partido de Salvini y de Fuerza Italia de Berlusconi, ambos dentro del Gobierno, que han quedado por detrás de la formación de Meloni en casi todas las principales ciudades.
A pesar de los resultados en las municipales, el peligro de que la ultraderecha siga avanzando sigue muy presente: según las últimas encuestas, Hermanos de Italia y Liga obtendrían casi el 40% de los votos, superando el 30% en intención de voto que cosechan los partidos del “centroizquierda”.
La clase trabajadora y la juventud obrera italiana, pese a todas las dificultades que enfrenta (pandemia, crisis económica, ausencia de organizaciones políticas y sindicales combativas y anticapitalistas…), quiere dar, y dará, como en otras ocasiones, la batalla contra el ascenso de la extrema derecha y contra las políticas capitalistas del Gobierno de Draghi. Pero para lograrlo hace falta levantar una alternativa revolucionaria con una estrategia de lucha firme, de oposición frontal a los despidos y a los retrocesos sociales, y con un programa donde sí estén representados los intereses de la clase trabajadora, que defienda la reversión de todas las contrarreformas laborales y de pensiones, la enseñanza y sanidad públicas, el aumento de los salarios, la nacionalización bajo control obrero de los principales sectores económicos y de la gran banca, y que luche por echar abajo el sistema capitalista, por la revolución socialista.
