El martes 18 de octubre cerca de medio millón de jóvenes y trabajadores se manifestaron en las principales ciudades francesas, en una demostración de fuerza que tuvo que confrontar además a una dura represión policial. Las protestas formaban parte de la jornada de huelga general convocada por la CGT y otros sindicatos minoritarios contra la inflación, el ataque a las pensiones y la defensa del derecho de huelga.
En la movilización participaron decenas de miles de trabajadores ferroviarios, de las centrales nucleares y el sector energético, enfermeras, profesores y otros empleados públicos. Fue secundada ampliamente en empresas privadas importantes como Magneti Marelli o CAF. Las principales organizaciones estudiantiles convocaron también huelga en la enseñanza secundaria y formación profesional con un seguimiento masivo a pesar de la actuación provocadora de los antidisturbios.
Anteriormente, el 29 de septiembre y el 16 de octubre, centenares de miles de personas habían participado en protestas contra la pérdida de poder adquisitivo, la última de ellas convocada por la coalición de izquierdas liderada por Jean-Luc Mélenchon.
El Gobierno del reaccionario Macron cuenta ahora con un margen más estrecho para maniobrar y diseminar su cháchara populista. Después de afirmar que la "era de la abundancia toca a su fin", este representante consumado de la oligarquía financiera se ha dado de bruces con la realidad. Los trabajadores franceses se han levantado contra los efectos devastadores de la inflación en sus condiciones de vida y es evidente que lo ocurrido estas semanas es tan solo el aperitivo.
Huelga en las refinerías francesas
No cabe duda de que la acción del 18 ha sido impulsada por otra gran batalla del proletariado francés: la huelga que miles de operarios mantienen en cuatro de las siete refinerías que tiene el país. Comenzó el 27 de septiembre después de romperse las negociaciones con la patronal y está teniendo unos efectos económicos muy importantes: ha reducido más de un 60% la producción de combustible, provocado el cierre temporal de más de un tercio de las gasolineras y un coste para la industria petroquímica que se calcula en 8 millones de euros diarios. La dureza de la movilización se ha extendido y contagiado a las plantillas de dos centrales nucleares que se acaban de poner en huelga, a la que según la CGT se sumarán otras en los próximos días.
Los trabajadores de las refinerías piden un aumento salarial del 10% que compense la pérdida de poder adquisitivo. Una reivindicación reforzada por las enormes ganancias que ha obtenido la industria energética. En el segundo semestre de 2022, los cinco grandes del sector (Exxon, Chevron, BP, Shell y Total) han logrado 60.000 millones de euros de beneficios. La petrolera francesa Total ofreció a sus trabajadores un miserable aumento salarial del 3,5%, mientras que este verano anunciaba un reparto de dividendos a sus accionistas por valor de 15.000 millones de dólares y al inicio de la huelga notificó otro nuevo desembolso de 2.620 millones de euros.
El Gobierno y la patronal han intentado acabar con la huelga por numerosos medios aunque por ahora solo han logrado radicalizarla. Primero intentaron la táctica de la división sindical, firmando un acuerdo con la CFDT, el sindicato vinculado al Partido Socialista francés. El acuerdo, que recogía una subida salarial del 5,5%, además de ser rechazado provocó la indignación de las bases del sindicato.
El Gobierno y los capitalistas son conscientes del riego de la extensión de las luchas. En las últimas semanas las huelgas han estallado entre los controladores aéreos, el sector eléctrico, en empresas del sector del automóvil, de Amazon y ahora de las centrales nucleares. Por esa razón después del fracaso de la táctica de la división, el Gobierno ha recurrido a las fuerzas policiales y las leyes antiterroristas.
El 11 de octubre la ministra de Economía, Elisabeth Borne, anunció el “requisamiento” forzoso de varios depósitos de combustible de las refinerías en huelga. Si no cumplen la ley, los trabajadores se enfrentan a penas de prisión de seis meses y multas de miles de euros. Pero esta ofensiva provocó la indignación de los piquetes y reforzó la determinación a luchar de los trabajadores, empujando a la convocatoria de la huelga general del 18 de octubre.
La debilidad del Gobierno de Macron
Después de la derrota en las elecciones generales del pasado mes de junio, la alianza Ensemble (Juntos) de Emmanuel Macron ha perdido la mayoría en el Parlamento y ha dejado al Gobierno en una situación muy debilitada. Para poder aprobar los presupuestos del próximo año ha recurrido al artículo 49.3 de la constitución que le permite aprobar leyes sin la necesidad de que se voten en el Parlamento. Un método típicamente bonapartista que refleja la gravedad de la crisis política francesa.
Uno de los motivos de la huelga ha sido el anuncio del Ejecutivo de reformar la ley de pensiones, y que entre otros ataques incluye la subida de la edad de jubilación de 62 a 65 años. Esta contrarreforma no es nueva. En las últimas décadas han sido varios los Gobiernos que han intentado llevarla a cabo y todos se han encontrado con la oposición frontal de la clase obrera y la luchas de masas. La más importante fue en 1995 contra el llamado plan Juppé y que desencadenó la oleada de huelgas más importante desde 1968. Macron lo ha intentado ya en dos ocasiones, en 2019 y en 2020, y también se enfrentó a una oposición masiva. La “reforma” quedó en suspenso con la pandemia y ahora la ha retomado.
En las últimas décadas hemos visto cómo los dirigentes sindicales franceses se han limitado a convocar huelgas y días de lucha aislados con la intención de soltar parte del vapor de la olla a presión en que se ha convertido la sociedad francesa. Pero este recurso es cada vez más limitado.
La organización de una nueva huelga general, más extensa y que golpeé con toda la fuerza a las empresas privadas, es una tarea fundamental para toda la izquierda revolucionaria y anticapitalista francesa. Una huelga organizada desde abajo y no a toque de silbato, en la que se celebren asambleas democráticas en todos los centros de trabajo para elegir comités de huelga, votando una plataforma reivindicativa que no se limite a las subidas salariales, sin restar un ápice de importancia a este asunto, y que incluya la nacionalización y expropiación bajo control de los trabajadores de los sectores estratégicos de la economía, la defensa de los servicios públicos, la unidad del movimiento obrero con la juventud estudiantil.
La huelga de los trabajadores de las refinerías, las masivas manifestaciones de las últimas semanas, la jornada de acción del 18, muestran con claridad cuál es el ambiente que existe en la sociedad francesa, y la posibilidad real de transformar esta furia e indignación en un movimiento de masas capaz de derribar a Macron y su Gobierno de derechas. No hay tiempo que perder.
