¡Hay que forzar a los sindicatos a exigir la dimisión del gobierno y a convocar una nueva huelga general!
En su comparecencia parlamentaria del 1 de agosto Rajoy redujo la corrupción sistemática que involucra a toda la cúpula del PP durante dos décadas a una error puntual consistente en confiar en una persona que luego resultó ser un delincuente. "Le apoyé, creí en su inocencia y me equivoqué. Y este ha sido todo mi papel en esta historia", dijo con toda la desfachatez, en un insulto a la inteligencia y obviando todos los hechos conocidos en las últimas semanas: sus sms amistosos con el delincuente, incluso después de que se conociera la cuenta millonaria de Bárcenas en Suiza; los intentos de llegar a un acuerdo con el delincuente cuando este ya estaba en la cárcel, para que no se fuera de la lengua, etc.
El “argumento” de que el PP había sido “engañado” por un delincuente, pese a su inconsistencia, se venía esgrimiendo insistentemente antes de la comparecencia de Rajoy. Como planteamos en nuestro editorial del 15 de julio: “¡Claro que Bárcenas es un delincuente, un delincuente que trataba con todos los delincuentes que manejan el poder y las finanzas de este país, y que repartía los dividendos con los dirigentes del PP! ¡Es precisamente porque Bárcenas tenía ‘cualidades’ para manejarse en los círculos del gran capital, entre los cuales no hay pocos lúmpenes de la alta sociedad, por lo que estuvo durante dos décadas siendo tesorero del PP! Por eso los anteriores responsables de las finanzas del PP, Ángel Sanchis, Rosendo Naseiro y Álvaro Lapuerta estaban hechos exactamente de la misma pasta, putrefacta, y todos han estado o están imputados por corrupción”.
Dejando aparte las ridículas explicaciones de Rajoy respecto a la corrupción que afecta a su partido, hecho que no fue reconocido ni siquiera parcialmente, otro de los ejes de su discurso ha sido transmitir, pese a la magnitud del escándalo, el firme propósito del gobierno del PP de seguir adelante con los recortes y contrarreformas, agotando los más de dos años de legislatura que le quedan por delante sin variar un ápice su política. Era un mensaje tranquilizador para los capitalistas, en especial para los llamados “mercados internacionales”. De hecho, el gobierno de Rajoy, pese al desplome de su credibilidad ante la sociedad, tiene un claro mandato de los grandes banqueros y empresarios: exprimir hasta final la estabilidad parlamentaria que le confiere su mayoría absoluta para seguir con la política de acoso y derribo contra todas las conquistas fundamentales de la clase obrera y de la juventud. En la reunión que tuvo Rajoy con la élite financiera y empresarial española poco después de las revelaciones de Bárcenas desde la cárcel, esta le exigió al gobierno que se mantuviera impasible y que se concentrara en su política de contrarreformas. El propio editorial de El País del 2 de agosto, el día después de la comparecencia de Rajoy en el parlamento, pese a su apariencia “opositora”, contenía los siguiente mensajes fundamentales: nada de elecciones anticipadas, ya que estas solo traerían inestabilidad, y nada de dimisión de Rajoy, ya que esto desataría una lucha fratricida en el PP que llevaría a lo mismo: inestabilidad. Conclusión: hay que dejar todo como está.
Rajoy, como argumento central para oponerse a cualquier dimisión o cambio de rumbo, y para tratar de justificar su agenda de nuevos ataques, ha machacado en la idea de que estamos saliendo de la crisis. “España no va bien, pero vamos mejor; hay indicios alentadores de cambio de tendencia”, afirmó. Esta perspectiva realmente no tiene ningún fundamento ya que todos los datos objetivos sobre inversión, ventas, créditos, morosidad, etc., siguen marcando récords negativos. La disminución del desempleo en 64.688 personas en junio, según el INEM, ha sido utilizada por el gobierno del PP como una confirmación de este cambio de tendencia. Sin embargo, descontando el efecto coyuntural del aumento del turismo en agosto y que mucha gente se ha borrado de las listas oficiales de paro por puro desánimo, el hecho es que la tendencia de fondo es que el desempleo sigue creciendo; por otro lado, cada vez hay más personas desempleadas sin ningún tipo de prestación social. La política del PP sólo tiene, y va a seguir teniendo si no lo tumbamos, una consecuencia cierta: el continuo empobrecimiento de la mayoría de la sociedad para favorecer los intereses y las cuentas de un puñado de banqueros y grandes empresarios.
Rubalcaba, en su intervención por parte del grupo parlamentario del PSOE, si bien desmontó algunas mentiras de Rajoy y pidió “que se marchara”, ¡señaló que debería ser sustituido por otro miembro del PP! No pidió siquiera la convocatoria de elecciones anticipadas. Así, redunda en la misma “exigencia” de “dimisión” con la boca pequeña que hizo en febrero, y que semanas después se transformó, sin solución de continuidad, en una reiterada petición de grandes pactos de Estado con la derecha en los temas políticos fundamentales y en el continuo suministro de balones de oxígeno a un gobierno del PP cada vez más suspendido en el aire.
Cayo Lara, por Izquierda Unida, sí planteó de forma clara y rotunda la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas. Muy acertadamente, señaló que el gobierno no tenía ya ninguna legitimidad. Denunció la política social y económica del PP y su sumisión a la Troika. Explicó que se estaba produciendo una redistribución de la riqueza “hacia arriba” y que esta deriva no era una cuestión técnica, era “la lucha de clases”. También se preguntó, respecto a los 48 millones de la cuenta de Bárcenas en Suiza, que “si eso era la sisa, ¿cuanto sería lo principal?”.
Ahora la cuestión es qué hacer. Está claro que el gobierno del PP está tremendamente desgastado, que tiene un rechazo social brutal. Pero también está determinado a no dimitir y a seguir con su política. Como señalamos en el nuestro editorial mencionado más arriba: “Con su posición, Cayo Lara e Izquierda Unida no hace más que reconocer lo que la mayoría siente: que este gobierno, y este parlamento, están completamente divorciados del sufrimiento de la inmensa mayoría de la sociedad, y que con sus actos y su política, el PP y los que aceptan la lógica del capitalismo han perdido toda su legitimidad. Nunca como ahora la caída del gobierno del PP, y con ella toda su corrupción y sus ataques contra todas las conquistas sociales de la clase trabajadora y de la juventud, ha sido más factible. Pero la exigencia de dimisión del gobierno y de elecciones anticipadas debe ser completada con la convocatoria inmediata de movilizaciones para que todo el protagonismo esté en la calle, en la lucha de los trabajadores y de lo jóvenes y no en este parlamento ilegítimo del que sólo pueden salir maniobras de distracción”. Y es evidente que en este punto, el papel de los dirigentes sindicales es fundamental.
El 22 de julio Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, dijo que prefería “creer al presidente del gobierno, antes que a una persona que está en la cárcel”.También dijo que no quería hablar aún de dimisiones o elecciones anticipadas (ver: http://www.europapress.es/nacional/noticia-toxo-prefiere-creer-rajoy-antes-barcenas-20130722134044.html). Paradójicamente, los dos máximos dirigentes de los dos sindicatos más importantes del país, en el contexto de la mayor ofensiva emprendida contra la clase obrera en las últimas décadas, y ante un PP implicado hasta las cejas en la corrupción, no han pedido siquiera la dimisión del gobierno.
En nuestra opinión un llamamiento claro, directo y público de la dirección de Izquierda Unida a los dirigentes de CCOO y UGT a apoyar la campaña por la dimisión del gobierno y por la convocatoria de elecciones generales, a convocar una huelga general con estos objetivos, contaría con un respaldo masivo en la base de estos sindicatos. Sería un revulsivo político tremendo para millones de trabajadores y jóvenes. Impulsar un movimiento masivo y continuado es fundamental no sólo para conseguir tumbar al gobierno del PP sino también para que esta caída lleve a la elección de un gobierno de izquierdas, con un verdadero programa de izquierdas, que empiece por derogar todas las contrarreformas y todos los recortes a los gastos sociales impuestos por la derecha y que nacionalice todo el sistema financiero y las grandes empresas, para empezar a poner en práctica un plan de crecimiento económico y creación de empleo en beneficio de la mayoría de la sociedad.
