El pasado 19 de septiembre una jueza argentina dictaba una orden de busca y captura internacional contra cuatro acusados de torturas y crímenes contra la humanidad a consecuencia de la querella que en abril de 2010 un grupo de víctimas de la represión franquista interponían a través de la justicia argentina.
El impacto de la noticia trascendía las fronteras españolas. Tras años de duro trabajo por parte de las víctimas y los familiares de las mismas los nombres de los cuatro querellados se repetían en los medios de comunicación: de los cuatro, dos de ellos, Celso Galván, ex escolta del rey y del dictador Franco, y el excomisario José Ignacio Giralte González, ya han fallecido. Los otros dos, el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y el exinspector José González Pacheco, conocido como Billy el Niño, debían haber sido detenidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional nada más haberse recibido la orden de detención internacional de la Interpol. Sin embargo, y hasta el momento, eso no ha sucedido.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional respondía a la orden de detención negándose a ejecutarla y tachándola de “innecesaria”. Aún está por ver cuál es la respuesta del juez Ruz, encargado del caso, cuando llegue la siguiente solicitud de detención vía diplomática prevista para los próximos días y, sobre todo, cuál es la respuesta que tanto el aparato judicial español como el propio gobierno, a través del Consejo de Ministros, deberán dar cuando llegue formalmente la solicitud de extradición a Argentina de estos dos acusados. Pero hasta el momento, la actitud del gobierno del PP ha sido la del boicot completo. En un primer momento trataron de evitar que se abriese la causa en Buenos Aires diciendo que se trataba de crímenes que ya estaban siendo investigados por la justicia española (mientras lo que realmente sucedía era que se suspendía al juez Baltasar Garzón por ese motivo y posteriormente en 2012, el Tribunal Supremo cerraba las investigaciones de los crímenes del franquismo). Más recientemente impidieron la toma de declaraciones por videoconferencia a víctimas del franquismo que estaba preparada para realizarse en el consulado argentino en Madrid.
Los torturadores que prosperaron y continúan en el aparato del Estado
El grado de impunidad es tal que hasta una comisión de las Naciones Unidas en el informe elaborado tras su reciente visita al Estado español solicita “la puesta en marcha de medidas legislativas y judiciales para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía” y ha recalcado que la Ley de Amnistía de 1977 supone un obstáculo para juzgar los crímenes del franquismo, emplazando al gobierno a “prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España”, en alusión a la iniciativa argentina.
Pero no sólo se trata de impunidad, al hablar de torturadores franquistas hablamos de personajes que, una vez llegada la mal llamada “democracia” han seguido con sus carreras profesionales e incluso han sido premiados por sus servicios. Sin ir más lejos el propio José Ignacio Giralte, uno de los dos acusados ya fallecidos, estuvo al mando de la policía nacional de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (Madrid). Otro ejemplo es el actual comisario jefe de Leganés, Jesús González Reglero, que también ha sido denunciado por las víctimas como torturador en la Dirección General de Seguridad. Su hermano, Miguel Ángel González Reglero, fue nombrado comisario jefe de Getafe en el año 2010, muy posteriormente a que, en el año 1982, fuesen publicados en el diario El País sus vínculos, y los de su hermano, con bandas de extrema derecha, así como testimonios de sus víctimas en los últimos años de la dictadura.
Pero hay muchos más casos. Recientemente se conocía que Emilio Hellín Moro, el fascista que asesinó en 1980 a la joven estudiante y militante de izquierdas Yolanda González Martín, había seguido trabajando para el Ministerio del Interior tras cumplir su condena y que se le fabricase una nueva identidad.
37 años después, la lucha contra la impunidad continúa
Desde que alrededor del año 2000 comenzaran las exhumaciones de cadáveres y la proliferación de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, el camino de las víctimas de la represión franquista y de sus familiares ha sido duro y lleno de obstáculos. La resistencia feroz a que se investiguen estos crímenes y se condene a los responsables proviene de la vinculación directa entre los empresarios franquistas y los miembros del gobierno dictatorial de Franco con las actuales fortunas y miembros de la derecha política. Unos vínculos no solo económicos sino también familiares. Es el caso del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y su suegro, el exministro franquista José Utrera Molina, uno de los denunciados por los querellantes. Otro factor de resistencia es la pervivencia en el aparato del Estado –que jamás fue depurado— de elementos fascistas, responsables y ejecutores de la represión. Ha sido el caso de Manuel Fraga Iribarne hasta su reciente muerte o el de otro de los acusados, Rodolfo Martín Villa, querellado por la muerte de cinco trabajadores en Vitoria en la huelga de marzo de 1976, siendo ministro de Relaciones Sindicales, y cuyas colaboraciones se extendieron hasta el gobierno de Aznar.
Sólo la presión social que gracias al tesón y denuncia pública han sido capaces de generar estos colectivos ha hecho posible que prosperase la querella en Argentina (también desestimada allí en una ocasión). Sólo continuando e incrementando la presión y la denuncia de los vínculos entre quienes se beneficiaron de la dictadura —las grandes fortunas españolas representadas políticamente por el PP— será posible avanzar en la condena, el castigo a los culpables y la reparación y el reconocimiento de las víctimas de la represión franquista.
