El anuncio realizado el 31 de octubre de 2012 por Ignacio González, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), de privatizar la gestión de seis hospitales y el 10% de los centros de salud fue el pistoletazo de salida de una auténtica rebelión de los trabajadores de la sanidad pública madrileña.
Desde entonces las movilizaciones convocadas por la marea blanca han inundado una y otra vez las calles de Madrid, a la vez que se han ido sucediendo multitud de actos reivindicativos en gran parte de hospitales y centros de salud de toda la CAM.
La solidaridad y el apoyo social conseguido en esta lucha han sido muy fuertes, estrellándose todos los intentos del PP de aislar y de desprestigiar a los trabajadores y su lucha. Aquí se encuentra la explicación al varapalo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado al gobierno madrileño: la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, respondiendo al recurso presentado por la asociación de médicos AFEM, ha dictado un auto en el que ordena la suspensión cautelar del proceso hasta que tome una decisión, que puede tardar entre año y medio y dos años. A la vez ordena que se mantenga la prestación sanitaria tal y como está hasta que haya sentencia. Esta misma sala dictó el pasado 25 de septiembre un auto por el que admitió a trámite el segundo contencioso administrativo, presentado por el sindicato médico AMYTS. En dicho contencioso se defiende que “la suspensión de la convocatoria para la licitación y de los Pliegos implica la suspensión del proceso de licitación y de todos los actos posteriores que de ellos deriven”. La Consejería de Sanidad, por tanto, no puede hacer ninguna gestión más, como formalizar los contratos que aún no se han firmado.
Sin duda es una gran victoria. Pero hay varios aspectos que también debemos tener en cuenta: que nos encontramos ante una victoria temporal y por tanto reversible y que los intentos de desmantelar la sanidad pública siguen adelante por otros caminos. Sin ir más lejos, el Gobierno del PP acaba de aprobar la ampliación del copago sanitario. En concreto, el paciente deberá abonar el 10% del precio del medicamento siempre que no supere 4,2 euros, que es el máximo que pagará el enfermo por medicamento. La medida afecta a fármacos destinados a procesos crónicos o graves —como varios tipos de cáncer, VIH o hepatitis C— que requieren control médico. Una nueva vuelta de tuerca contra los enfermos crónicos y contra aquellos que sufren enfermedades muy graves, la mayoría pensionistas con recursos económicos muy limitados.
Los trabajadores sanitarios de Madrid han protagonizado una lucha que ha tenido un altísimo grado de participación y autoorganización, vinculándose de forma ejemplar al conjunto de los trabajadores. Si se ha conseguido una victoria en la sanidad madrileña es porque se ha adoptado una orientación combativa que contrasta con la pasividad dominante en las cúpulas sindicales frente al vendaval de ataques del gobierno del PP.
Los máximos dirigentes de CCOO y UGT deberían tomar nota, cambiar drásticamente su orientación y apoyarse en la experiencia de Madrid para extender estos métodos de lucha a todo el Estado, tanto para hacer frente a los recortes y demás medidas regresivas que afectan al sistema sanitario público, como al resto de ataques a los que estamos siendo sometidos los trabajadores. La lucha contundente y unificada es el único camino para defender unos servicios sociales que tanto trabajo y esfuerzo nos costó conquistar.
