El gobierno ha anunciado una nueva subida del precio de la luz, un 3,1%, acumulando así una subida del 60 % en los últimos 6 años. Como era inevitable que sucediera, la liberalización del mercado eléctrico en 2009 no sólo no abarató el precio de la electricidad, sino que todas las medidas anunciadas como el paradigma de la competencia entre empresas que mejoraría sus servicios y sus precios, han demostrado ser su absoluto contrario : una subida de precios generalizada, además de la ya clásica imposibilidad de entender una factura de la luz, hay que sumar toda una serie de conceptos como distribuidoras, comercializadoras, subastas de energía, tarifas de ultimo recurso, bono social, etc., que ocultan cómo se ha entregado a las grandes empresas un jugoso mercado del que nadie quiere quedar fuera.

El Estado español tiene una de las facturas de luz más caras de Europa.  Casi la mitad de la factura va a impuestos o a cubrir un déficit tarifario que no ha parado de crecer desde 2006 y que roza los 30.000 millones de euros.

Una reivindicación histórica de las grandes eléctricas es el déficit tarifario, que se trata de la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que se cobra por ella, según estas empresas la moratoria nuclear, la gestión de residuos nucleares, las ayudas al carbón, el bono social, el funcionamiento de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la compensación extrapeninsular (llevar energía a las islas). incluso hay que pagar a la industria por el concepto de interrumpibilidad, es decir, solicitar su desconexión en caso de exceso de demanda, de hecho se ha duplicado la producción de electricidad desde el gran pico de consumo de 2007, todos estos conceptos encarecerían la electricidad, pero decisiones políticas de los diferentes gobiernos han impedido esa subida, así arrastran un déficit insostenible y que en algún momento se debe pagar.

Si bien es cierto que en el registro público de distribuidoras de electricidad hay mas de 350 y 115 comercializadoras, la realidad es que la parte del león se la llevan las grandes, las tres empresas dominantes: Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa que acaparaban el 92% del mercado domestico en junio de 2012, entre las pymes y la industria tienen el 81% y el 61% respectivamente, un 72% del total del mercado.

Cuando se liberalizó el mercado eléctrico, el Estado creo la TUR (tarifa de ultimo recurso), esta tarifa es para consumos inferiores a 10.000 W, su comercialización también esta en manos de las grandes empresas distribuidoras a través de empresas filiales, las llamadas CUR (comercializadoras de último recurso)

Solo 8 millones de hogares están en el mercado libre, frente a los mas de 18 que tienen algún tipo de tarifa regulada, TUR, bono social y otras, lo que demuestra lo poco competitivas que son las tarifas del mercado libre  y donde  las diferencias de precio son prácticamente testimoniales, pese a la enorme campaña publicitaria que las empresas desplegaron, la liberalización en la práctica sólo fue un intercambio de clientes, su desfachatez a la hora de cobrar lo máximo a todo el mundo hace que incluso los que tienen el bono social (pensionistas con pensiones mínimas, hogares con todos en paro) tienen penalizado el consumo a partir de 500 KWh mensuales mes, en épocas de frío puede suponer que el ahorro desaparezca e incluso se pague por encima de la tarifa.

Diversas asocaciones de consumidores como la OCU han denunciado el oscurantismo que rodea las famosas subastas de energía y a aquellos que las manejan, la TUC es la tarifa que se subasta, se compone de tres partes: peajes, impuestos que fija el gobierno y el precio de la energía, que según las eléctricas es la mitad de la TUR, las subastas se realizan cada tres meses, están controladas por una empresa privada llamada OMIE, el Estado fija la cantidad de energía necesaria para el periodo de la subasta, normalmente 3 meses y son las cinco grandes empresas suministradoras las que ofrecen la energía: Endesa, Iberdrola, Gas Natural EO.N y HC Naturgas. La subasta se realiza en diversas rondas y con diversos paquetes de productos y a través de “algoritmos confidenciales” según la CNE finalmente se alcanza un precio. Según la OCU es aquí donde está el verdadero engaño, no puede haber competencia ya que los que compran ¡son los mismos que los que venden! haciéndonos creer que producir la luz es mucho mas caro de lo que es en realidad, esto hace que el déficit tarifario lejos de reducirse se incremente continuamente.

La alternativa no es una compra colectiva y solidaria de luz por parte de un grupo mas o menos grande de ciudadanos, para las grandes compañías no supondría ningún esfuerzo apartarlos e incluso legitimarían ese teatrillo de la libre competencia que pretende ser las subastas. Solo la expropiación sin indemnización, el control democrático de estas empresas por parte de los trabajadores y sus organizaciones y los consumidores haría posible bajar el precio de la energía.