¡Solidaridad con Cañamero, Gordillo y el resto de compañeros encausados!
¡La cárcel para los banqueros, los corruptos y los explotadores!
Ayer 11 de noviembre se inició en Granda el juicio contra Diego Cañamero, José Manuel Sánchez Gordillo y 52 militantes del sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT), acusados por ocupar la Finca las Turquillas en el verano de 2012. Un juicio que tiene una clara motivación política: perseguir con saña a los jornaleros que exigen tierra y trabajo, porque son un ejemplo para toda la clase trabajadora. Una vergüenza más de un régimen podrido, que pretende encarcelar a trabajadores por defender con dignidad el derecho de todos a una vida decente, mientras absuelve o mira para otra parte cuando estallan escándalos que implican a miembros de la familia real, a banqueros, especuladores, empresarios y dirigentes del Partido Popular que saquean las finanzas públicas, roban los ahorros a nuestros pensionistas o defraudan masivamente a Hacienda.
Diego Cañamero ha declarado ante la entrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, rodeado de centenares de simpatizantes y militantes del SAT: “No es un juicio contra una actuación ilegal, es una actuación política del Gobierno contra el movimiento sindical y social más consecuente”. En efecto, Cañamero tiene toda la razón. De lo que se trata es de criminalizar a todas las organizaciones y colectivos que luchan consecuentemente y movilizan a la población contra esta ofensiva que estamos sufriendo. Como le ocurre a la PAH o al Sindicato de Estudiantes, el SAT y los jornaleros están en el punto de mira del PP desde hace mucho tiempo, y lamentablemente también en el de los dirigentes del PSOE en Andalucía. Uno los tres militantes del SAT que sí han entrado en el juicio —tanto Cañamero como el resto de los acusados se han negado a aceptar participar en el mismo— señaló las intenciones de la ocupación: “Lo único que pretendíamos conseguir es dar trabajo en una comarca [Osuna en la provincia de Sevilla] con un 40 por ciento de paro”, señalando que la finca de Las Turquillas, propiedad del ejército y sin explotar, podría generar 50.000 jornales al año.
En cualquier caso el juicio es un burdo montaje, uno más, en una campaña de acoso contra el SAT y la lucha jornalera: ya hay más de 800 militantes sometidos a juicios y multas administrativas que superan el millón de euros. La ocupación de Las Turquillas, que se realizó de manera pacífica, se dio por finalizada cuando los trabajadores decidieron en asamblea atender la orden llevada a la finca por la Guardia Civil para el desalojo. Pero nada de eso se ha tenido en cuenta a la hora de pedir cárcel a los jornaleros por el “delito” de haber reclamado tierras para trabajarlas.
Cuando todos los días conocemos datos sobre la corrupción y la complicidad del aparato de PP con la red de grandes empresarios de los que obtenían financiación “ilegal”. Cuando los responsables del desplome del sector financiero siguen disfrutando de una vida de oropel y lujo. Cuando el Señor Rodrigo Rato, después de hundir a Bankia y robar los ahorros de miles de pequeños accionistas, sigue paseándose por donde quiere y es fichado por Telefónica con un sueldo multimillonario. Cuando los datos sobre el saqueo de Canal 9 en Valencia salen a la luz pública tras la decisión de la Generalitat de no aplicar la sentencia judicial que declara ilegal el Ere en la televisión pública valenciana, y les conmina a readmitir a más de 1.000 trabajadores despedidos. Cuando la familia real se ve inmersa en procesos judiciales por fraudes fiscales y malversación de fondos públicos…Es realmente vergonzoso, un completo escándalo que deja al desnudo el carácter de clase de la justicia capitalista, que la Fiscalía Superior de Andalucía solicite para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otros dos acusados en este procedimiento, también militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un ¡¡¡delito de desobediencia grave!! Y eso no es todo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de los acusados —un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT— el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños. Igualmente, solicita que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, “sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación”, que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.
Esta justicia que actúa con esta saña contra los humildes, contra los jornaleros, que expulsa y desahucia de sus casas a miles de familias siguiendo los dictados de la banca, que reprime nuestros derechos democráticos, que vela por los intereses de los patronos, no es legítima: es una justicia al servicio exclusivo de los capitalistas. Y es también una vergüenza que esta actuación inquisitorial contra los trabajadores del campo en Andalucía, contra los parados y las familias más necesitadas que luchan por su supervivencia, no cuente con la condena del gobierno de la Junta de Andalucía. La dirección de Izquierda Unida en Andalucía debe actuar con firmeza y debe exigir, desde el Parlamento y las posiciones que ocupa en las instituciones, que se ponga fin a esta persecución movilizando todos sus recursos para conseguirlo. De nada sirve estar en un gobierno con el PSOE si al final se toleran estos hechos, o se justifican los recortes sociales.
Desde el Sindicato de Estudiantes y la Corriente Marxista El Militante, decimos alto y claro: ¡Basta de represión contra Diego Cañamero y los militantes de SAT! ¡Basta de juicios farsa! ¡Anulación de todos los procedimientos, de todas las condenas y de todas las multas impuestas! ¡Trabajo, tierra y pan para los trabajadores andaluces! ¡Contra el paro lucha obrera!
