La reforma de Matteo Renzi —que preside un gobierno de coalición entre el Partido Democrático con sectores de la derecha italiana—, ha sido ideada por el ministro de Economía y Finanzas, Pier Carlo Padoan, director ejecutivo para Italia, Grecia y Portugal del Fondo Monetario Internacional entre 2001 y 2005. La reivindicación central que ha puesto en pie de guerra a los trabajadores es que no se elimine el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores —que existe desde 1970 tras las luchas del conocido como “otoño caliente” del 69—, una conquista histórica que protege a los trabajadores de empresas con más de 15 empleados contra los despidos improcedentes, garantizando su derecho a obtener una indemnización o a ser reintegrados en su empleo si así lo deciden.
El rechazo sin paliativos a estas medidas quedó claro en las más de 50 manifestaciones que sacaron a millón y medio de italianos a la calle bajo el lema: “Cosi non va” (Así no puede ser!). La huelga tuvo un fuerte seguimiento, de más del 70%, y en numerosas ciudades y sectores se extendió más allá de las 8 horas inicialmente convocadas. La incidencia de la huelga fue superior en sectores claves como la industria, la administración pública o el transporte, afectando a aeropuertos, al transporte urbano (el Metro de Roma permaneció cerrado a cal y canto), y a los ferrocarriles. En una muestra del poco apego a los derechos democráticos del gobierno, el ministro de Transportes intentó, aunque sin existo, prohibir la huelga en los ferrocarriles y poner los trenes bajo mando militar, como si fuera una situación de emergencia, con el cínico argumento de “proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos”. Medidas represivas que reflejan el miedo a la movilización de los trabajadores.
Esta huelga se produce después de que el pasado 25 de octubre alrededor de un millón de trabajadores se manifestaran en Roma convocados por la CGIL, y de distintas protestas y huelgas sectoriales, que reflejan un descontento social tremendo y al alza, contra la política de austeridad, de privatización de la educación y demás servicios públicos y de profundos recortes del gasto público que están disparando la pobreza y la desigualdad, igual que ocurre en Grecia, Portugal o el Estado español. En los últimos seis años la renta media de los italianos se ha reducido en un 13%, siendo el poder adquisitivo medio similar al existente hace 25 años; diez millones de italianos son pobres, uno de cada tres niños vive bajo el umbral de pobreza, y el número de indigentes se ha incrementado en 1.206.000 personas en tan sólo un año. Mientras el paro, según cifras oficiales roza ya el 13%, pero alcanza el 44% entre los jóvenes.
Esta huelga es también la confirmación de que las políticas del pacto social y los acuerdos con la patronal son completamente contraproducentes e inútiles para los intereses de los trabajadores. La situación a la que se ha llegado en Italia es fruto, como en el Estado español, de la política de inacción y claudicación por parte de la dirección sindical de la CGIL, que ha estado inmersa de lleno en una dinámica de pactos y consensos con la patronal y los gobiernos de turnos, desmovilizando y defendiendo abiertamente que la huelga general ya no es un instrumento útil (en su congreso nacional en mayo de este año). Ahora, reflejando la enorme presión que hay por abajo, el descontento y la rabia, ha tenido que dar un giro significativo convocando la huelga general. Esa empuje desde la base es la que le ha llevado a Susanna Camusso, secretaria general de CGIL, a señalar que “Si el mensaje de Renzi es que seguirá adelante [con las reformas] pase lo que pase, que sepa que nosotros también sabemos tirar para adelante”. Ese tiene que ser el camino, la lucha decidida, masiva, e intransigente frente a los ataques.
Bélgica: ‘Nunca hubo una huelga tan fuerte, del norte al sur y del este al oeste’
Pero esta situación de efervescencia en el movimiento obrero no es exclusiva de Italia, ni siquiera de los países del sur de Europa. Tres días después del paro italiano, el lunes 15 de diciembre, Bélgica quedaba completamente paralizada por una huelga general (algo que no ocurría desde 2005) contra las medidas de austeridad del gobierno de coalición de derechas –formado a mediados de octubre—, consistentes en un recorte de 11.000 millones de euros en los próximos cinco años, la eliminación de la revalorizar los salarios en función de la inflación el próximo año y el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años. Como anticipo de esta huelgase vivieron en las semanas anteriores varias huelgas parciales y regionales, y el 6 de noviembre, 120.000 belgas se manifestaron en Bruselas contra los recortes en los servicios públicos, la cultura o el transporte.
Mientras el gobierno hacía alarde de sus medidas y recibía el apoyo entusiasta del FMI, la parálisis en los centros industriales y en el transporte fue prácticamente total. En los aeropuertos no aterrizó ni despegó ningún avión, no hubo trenes ni nacionales ni internacionales funcionando (tampoco los de alta velocidad), ni autobuses, tranvías o metro en las ciudades importantes como Flandes o Bruselas y la actividad en los puertos quedó detenida; no hubo periódicos; en los colegios, en las prisiones, en los tribunales, en las administraciones públicas y en el sector sanitario (los hospitales sólo abrieron para urgencias), en Correos o en la recogida de basuras la huelga fue también masiva. Incluso el comercio secundó ampliamente el paro, en una huelga de la que los sindicatos señalaron que “Nunca hubo una tan fuerte, producto de un frente común sindical, del norte al sur y del este al oeste”.
Los testimonios de los trabajadores recogidos en los medios de comunicación indican el ambiente de crítica y rechazo a los ataques de los capitalistas. Uno de ellos denunciaba lo que es una realidad en toda Europa: "Es desolador: nos piden que nos apretemos el cinturón y ellos no lo hacen", por eso "esta huelga general no será la última hasta que se vaya el gobierno". Esta determinación que existe entre la clase obrera en luchar hasta el final es lo que ha obligado a los dirigentes sindicales ha advertir que“No excluimos una nueva huelga general".
