Frente al chantaje financiero: Syriza tiene que nacionalizar la banca y movilizar a la clase obrera

El chantaje de la troika al gobierno griego de Syriza continúa. A cambio de liberar los 7.200 millones de euros pendientes del último tramo del actual rescate exige nuevas medidas de privatización, aumento de impuestos directos, reducción de las pensiones y una nueva reforma laboral, entre otras. Es decir, que se siga con la misma política que ha llevado a Grecia a una situación de catástrofe social y a la que la inmensa mayoría de la población se opone rotundamente.

La burguesía europea quiere arrodillar al gobierno griego

Por supuesto, en el tira y afloja de las negociaciones de las últimas semanas, los representantes del gran capital continúan haciendo un gran alarde de cinismo. Siguen hablando de “solidaridad” y “ayuda” a los griegos, cuando el 92% de los 240.000 millones destinados hasta ahora a “rescatar” Grecia ha ido a parar a los bancos privados internacionales. Argumentan que las medidas son duras pero necesarias para salir de la crisis, pero el hecho es que la economía griega ha sufrido una brutal devastación y sus desequilibrios (deuda pública del 180% del PIB, paro del 27%…)  son mucho mayores que antes del rescate. Aún así, como ha denunciado el ministro adjunto de Seguridad Social del gobierno griego, los funcionarios de la troika tienen “obsesión” por la “reducción de pensiones, incremento del IVA y liberalización completa de los despidos en el sector privado”. Los objetivos reales de los grandes capitalistas son dos: seguir descargando sobre las espaldas de la clase obrera el peso de la crisis económica y financiera, que dista mucho de haber concluido, y aplastar a Syriza, haciendo que hinque la rodilla ante sus intereses. Son conscientes de que ceder ante el gobierno de Tsipras animaría la lucha de clases en Grecia y se entendería como una señal para emprender un camino semejante en el resto de Europa, empezando por el Estado español, con una eventual victoria de Podemos.
El margen para un acuerdo que satisfaga a la vez los intereses de los capitalistas y del pueblo griego es nulo. Las medidas exigidas por las “instituciones” implicarían volver por la senda de los recortes y ataques directos a la clase obrera de los gobiernos anteriores. Sin embargo, la victoria de Syriza el pasado 25 de enero expresó la voluntad de la gran mayoría del pueblo griego de romper con esa situación.
La reunión del Eurogrupo del 24 de abril acabó sin acuerdo y se ha fijado un nuevo encuentro para el 11 de mayo. El 30 de junio se sitúa como una fecha clave al concluir la prórroga de cuatro meses del segundo programa de rescate que los acreedores concedieron a Atenas a principios de año. El chantaje de la troika, que juega con la amenaza de la asfixia financiera, se redoblará.

Situación límite

La liquidez del Estado griego para hacer frente a los gastos corrientes se mide por semanas. Los pagos mensuales en salarios y pensiones rondan los 2.000 millones de euros mensuales. En mayo el FMI debería recibir 1.000 millones de euros en concepto de devolución de préstamos; en julio y agosto vence la deuda contraída con el BCE, lo que implica una devolución de 6.700 millones. Para poder hacer frente a sus obligaciones, el 20 de abril el gobierno de Tsipras aprobó un decreto que obliga a los organismos públicos, incluyendo ayuntamientos, a transferir sus reservas en efectivo al Banco de Grecia para prestárselas al Estado. La situación está al límite.
Debido a la crisis y a la fuga de capitales, los bancos griegos están al borde de la quiebra. Lo único que les mantiene a flote es el mecanismo de provisión urgente del BCE, pero Draghi ya ha amenazado con cortarlo para tratar de que el gobierno griego “entre en razón” de cara a las negociaciones del 11 de mayo. Así que las próximas semanas serán decisivas y la presión sobre el gobierno griego será brutal. Si los dirigentes de Syriza confiaban en que solamente con el impacto de su victoria electoral podrían convencer a la burguesía europea de variar su política, estaban muy equivocados. A las razones económicas, hay que sumar una poderosa razón política para mantenerse firmes en su política de recortes: que no cunda el ejemplo.
Tampoco las concesiones que hizo el gobierno de Tsipras el 20 de febrero —cuando firmó con la troika un acuerdo en el que se comprometía, entre otras cosas, a renunciar a cualquier “acción unilateral”, a aceptar su supervisión, a no revertir las privatizaciones ni parar las que estaban en marcha, a cumplir puntualmente con los pagos a los acreedores…— han servido para aplacar la voracidad de la burguesía europea, y desde entonces, no han recibido un solo euro del paquete pendiente.

No hay terceras vías

La utilización de aquellas concesión “para ganar tiempo”, como argumentó Tsipras, se está demostrando como una táctica completamente equivocada. Las declaraciones de Varoufakis en su blog el 24 de abril, en plena negociación, diciendo que “los desacuerdos con nuestros socios no son insalvables”, que “nuestro gobierno está deseoso de racionalizar el sistema de pensiones (por ejemplo, limitando la jubilación anticipada), de proceder a la privatización parcial de bienes públicos (…) de fomentar el espíritu empresarial”, demuestran que cada vez más se están alejando del Programa de Salónica, con el que Syriza se presentó a las elecciones. Con esta orientación quienes en realidad ganan tiempo y lo utilizan a fondo para tratar de socavar la enorme autoridad de Syriza ante las masas, de desmoralizar y desmovilizar a la clase obrera griega y de toda Europa, son precisamente los capitalistas.
Es cierto que el gobierno de Tsipras no quiere cruzar determinadas “líneas rojas”. De hecho, se ha negado a aprobar nuevos recortes de salarios y pensiones. Ha presentado un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo de 586 a 751 euros, en dos plazos. Se ha comprometido a restaurar los convenios colectivos, a reforzar en 2015 el sistema público de salud contratando a 4.500 nuevos profesionales y a eliminar el pago de cinco euros por consulta; ha aprobado una ley de emergencia humanitaria que garantiza el suministro de luz y alimentos a las familias más necesitadas; otra ley para prohibir los desahucios de primera vivienda (frente a lo que el BCE ya ha puesto el grito en el cielo) y se está discutiendo en el parlamento un decreto para la reapertura de la Radio Televisión Pública (ERT) cerrada por el gobierno de Nueva Democracia. Todas estas medidas son positivas, pero no son suficientes para revertir la situación de catástrofe social provocada por las políticas anteriores y por la crisis capitalista. Es más, si no se rompe con la deuda y con la troika, estos pequeños avances corren el peligro inmediato de no poderse llevar a cabo.
No hay que subestimar lo lejos que pueden llegar los capitalistas en su objetivo de doblegar al gobierno de Syriza. El objetivo político central de la burguesía es demostrar que cualquier desafío a su política está condenado al fracaso. La idea de que la troika va a cejar en su estrategia de eliminar las conquistas de la clase obrera de las últimas décadas es una utopía. En un momento determinado podría incluso asumir los grandes inconvenientes de una eventual salida de Grecia del euro, incluso promover su expulsión, si valorase que, en compensación, se creasen mejores condiciones políticas para hacer frente a la amenaza de la clase obrera y al auge electoral de la izquierda que lucha.
Dentro o fuera de la zona euro, una Grecia capitalista sólo puede ofrecer miseria y represión a las masas griegas. Incluso fuera de la UE, si Grecia no rompe con el capitalismo, su dependencia del mercado mundial y del poder financiero seguiría siendo la misma, determinando en último término su política económica y social. El debate de fondo que debe afrontar el gobierno de Syriza es la aceptación o no de las reglas del capitalismo. Y si se acepta el capitalismo como único sistema posible  (incluyendo la defensa de un utópico capitalismo de rostro humano) se acaban asumiendo todas sus consecuencias, y por ese camino se puede llegar muy lejos. El recorrido de todos los partidos socialdemócratas europeos, empezando por el PASOK, es bastante elocuente.

¡Sí hay una alternativa!

El gobierno de Tsipras tiene muchísimas bazas a su favor, pero para aprovecharlas tiene que rectificar y volver a la senda del Programa de Salónica, que contempla la renacionalización de sectores estratégicos como el agua, la electricidad y algunos medios de transporte. Lejos de debilitarse, si el gobierno griego emprendiese reformas progresistas que llevasen a un choque abierto con el capital financiero, este apoyo, tanto interno como internacional, se multiplicaría, acelerando un proceso de cambio político hacia la izquierda en toda Europa. Sería la manera más eficaz de impulsar el ascenso de Podemos e Izquierda Unida en el Estado español y crear condiciones todavía más favorables para una profunda transformación política y social en todo el continente.
La baza fundamental y más importante es el apoyo de la clase obrera, que está movilizada y dispuesta a luchar hasta donde haga falta, y de amplios sectores de las capas medias empobrecidas, es decir, de la inmensa mayoría de la sociedad griega. Y sí hay una alternativa: un programa claramente socialista, apelando a la clase obrera a hacerse con el control directo de las palancas de poder político y económico. Lo que está en juego en Grecia es la lucha por quién controla la sociedad: los capitalistas o los trabajadores. Frente al sabotaje, la huelga de inversiones, la fuga de capitales, hay que oponer la nacionalización completa y bajo control obrero de todos los sectores fundamentales de la economía. Frente a la amenaza de asfixia financiera externa hay que llamar activamente a la solidaridad de la clase obrera europea, a que sigan el mismo camino que en Grecia instaurando un gobierno favorable a sus intereses. Frente a la amenaza de salida del euro hay que levantar la alternativa de una Federación Socialista Europea.


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