Las elecciones legislativas del pasado mes de octubre reflejaron el giro a la izquierda del pueblo portugués, que ha mostrado una y otra vez su rechazo frontal a los recortes y políticas de austeridad del gobierno de la derecha, PSD-CDS, y de la troika, con cuatro huelgas generales y manifestaciones históricas en las que la clase obrera y la juventud han llenado las calles.
Con un 55% del voto para la izquierda –un 23% para las formaciones a la izquierda del PS; el Bloco de Esquerdas y el PCP— frente al 39% de la derecha, el PSD-CDS perdió su mayoría absoluta, permitiendo que la mayoría de izquierdas de la nueva Asamblea a través de una moción de censura tumbara a Passos Coelho (PSD) y que el PS conformara, a finales de noviembre, un gobierno en minoría con el apoyo del Bloco y el PCP.
Revertir la austeridad
En poco más de un mes, el consejo de ministros y el parlamento han aprobado una serie de medidas económicas y sociales con las que, en palabras del primer ministro António Costa, se pretende “interrumpir el camino del empobrecimiento y retroceso social que las políticas de austeridad impusieron”. Entre ellas están el aumento del salario mínimo un 5% (hasta los 505 euros, con el compromiso de subirlo anualmente un 5%), una ligera subida de las pensiones, algo que no ocurría desde 2010 y que beneficiará 650.000 personas, la prohibición de los desahucios, el incremento de subsidios a jubilados en el umbral de la pobreza, así como de las ayudas a las familias más desfavorecidas de entre un 3% y un 10%, que beneficiará a más de 1,1 millón de niños. Otra de las medidas económicas más significativa ha sido la referente al impuesto extraordinario sobre la renta, del 3,5%, que impuso el gobierno del PSD-CDS en 2013. Este impuesto, que supuso un fuerte ataque para los trabajadores del sector privado, será suprimido para las rentas inferiores a 7.000 euros al año, y se mantendrá para las superiores a los 80.000, mientras que en los casos intermedios habrás distintos tramos de rebaja en función de las cuantías de la renta.
El gobierno revocará la ley de recalificación de los funcionarios excedentes. Esta ley, también impuesta por la mayoría absoluta del PSD-CDS, implicaba en la práctica una rebaja salarial y el despido de cerca de un millar de funcionarios. Además, habrá una devolución gradual de los recortes a los funcionarios y quienes trabajan en la Seguridad Social serán readmitidos inmediatamente.
El nuevo gobierno también ha revertido uno de los peores ataques contra las mujeres que se llevó a cabo en la anterior legislatura: el endurecimiento de la ley del aborto. La mayoría conservadora impuso la obligatoriedad de someter a la mujer a una “consulta psicológica” y al pago de una tasa de 7,75 euros para la interrupción del embarazo, cuando desde 2007 existía una ley de plazos y era gratuito. Además, se reconoce el derecho a la adopción por parte de matrimonios o parejas de hecho homosexuales.
Otra de las decisiones de Costa más aplaudidas por el pueblo portugués ha sido el restablecimiento de la negociación colectiva y la paralización de la privatización del transporte público en Lisboa y Oporto, así como el anuncio de la anulación de la privatización de la aerolínea TAP. Medidas que están poniendo de los nervios a la derecha, uno de los diputados del PSD-CDS decía: “El CGTP (el sindicato del PC) utiliza los transportes públicos para paralizar la economía del país, organizar huelgas en cascadas y convertir la vida de las familias en un infierno. Veremos si este Gobierno está al servicio de Portugal o al servicio del PC”. Estas declaraciones evidencian el miedo de la derecha a la movilización de los trabajadores y a perder todos los privilegios acordados con las grandes empresas durante sus años de gobierno.
No hay términos medios
Sin duda los primeros pasos dados por el nuevo gobierno, presionado por un clima social de profundo rechazo a los recortes, son positivos, sin embargo, revertir la pesadilla de estos años de austeridad, se requiere mucho más que eso. Desde 2011 el PIB ha caído un 5%, se han destruido 600.000 empleos, un millón de portugueses trabajan diez o menos horas a la semana. Entre parados y subempleados se llega a un tercio de la población activa, entre el 25 y el 33% de los niños y de los mayores sufren pobreza y desnutrición, más de 500.000 personas, en su mayoría jóvenes, han emigrado en busca de un futuro mejor. Dar un vuelco a esta dramática situación es contradictorio con el compromiso del gobierno de António Costa de que se respetará el “pacto de estabilidad” y la “disciplina presupuestaria”. El primer ministro ha enfatizado en que será “realista, cuidadoso y prudente” y gobernará con “moderación” porque “Portugal no avanzará con radicalizaciones”. De hecho, en plenas navidades ha aprobado el rescate de Banif, en este caso con el voto en contra de Bloco y PCP y la abstención de la derecha, vendiendo la parte que aún era del Estado al Banco Santander por 150 millones de euros e inyectando nada menos que 2.255 millones como garantía de los activos problemáticos. Nuevamente se regalan millones y millones para salvar a la banca en lugar de dedicar esos recursos a las necesidades sociales más básicas. Si no se rompe con esta dinámica, lo que implica una batalla directa contra los grandes poderes económicos, es imposible un cambio social profundo, objetivo para el que la movilización sigue siendo la clave. La dirección del Bloco y el PCP tienen la responsabilidad de impulsarla y una oportunidad histórica para avanzar.
