La economía estadounidense se ha convertido de nuevo en foco de preocupación mundial tras el “cierre” del gobierno federal el 1 de octubre. El cierre es consecuencia de las infructuosas negociaciones entre demócratas y republicanos, que controlan respectivamente senado y congreso, tras no lograr un acuerdo sobre el presupuesto para el nuevo año fiscal que comenzaba el primero de octubre.
Desde 2010 el país ha atravesado crisis similares, en 2010 el motivo fue la extensión de la reforma impositiva de Bush que beneficiaba a los más ricos, en 2011 la causa fue el techo de deuda y el pasado mes de marzo el denominado “precipicio fiscal”. La crisis actual podría ser el preludio de otra aún mayor debido, una vez más, al techo de deuda; ambos partidos deben ponerse de acuerdo en cuál debe ser el nivel de endeudamiento permitido para el país. Si fracasan las negociaciones, el próximo 17 de octubre el gobierno norteamericano por primera vez en la historia podría declarar suspensión de pagos ya que la administración federal sólo dispondría de 30.000 millones de dólares para cumplir con todas sus obligaciones.
Los efectos del ‘cierre’
El gobierno estadounidense desde 1976 ha cerrado en 18 ocasiones, la última fue en diciembre de 1995, bajo la presidencia de Bill Clinton y duró 28 días. Ahora, más de 800.000 empleados públicos han sido enviados a sus casas sin cobrar debido a la escasez de fondos; por ejemplo, el 95% de los trabajadores del Departamento de Educación o el 92% del Departamento de Energía. Se han cerrado total o parcialmente la mayoría de departamentos federales (comercio, educación, vivienda, empleo o salud), además de museos, monumentos, parques nacionales y otras instituciones. El Departamento de Sanidad reducirá su capacidad a la mitad, el de Vivienda sólo mantendrá al 4% de la plantilla, paralizando todos los pagos de ayuda a la vivienda. El 75% de los empleados de la Casa Blanca, el 88% del departamento del Tesoro, el 97% de la NASA y 400.000 civiles del Pentágono también dejarán de trabajar. Para los empleados públicos llueve sobre mojado, llevan tres años de congelación salarial y el pasado mes de marzo decenas de miles fueron enviados a sus casas sin salario a causa del llamado “secuestro económico”, un mecanismo pactado entre los dos partidos que impone severos recortes económicos si no hay acuerdo en el nivel de gasto federal.
Los únicos departamentos y agencias no afectados serán los encargados de la seguridad interior, incluidas las agencias de espionaje, y el personal de defensa uniformado. El impacto va más allá, afectará a millones de personas, sobre todo a los sectores más desfavorecidos que dependen de las ayudas federales para subsistir, como vivienda o alimentación, éstos sufrirán el retraso de las ayudas debido a la paralización de numerosos programas sociales, por ejemplo el WIC, que proporciona alimentos a 8,9 millones de madres y niños con bajos ingresos. Lo mismo sucederá con el retraso de los pagos de pensiones o subsidio de desempleo.
La reforma sanitaria
El gran escollo en las negociaciones parece ser la reforma sanitaria que debería entrar en vigor el próximo mes de enero. Los republicanos, encabezados por los 45 congresistas del Tea Party, quieren que se atrase su aplicación, mientras que la administración Obama se niega. La utilización demagógica de la “reforma sanitaria” por ambos partidos puede llevar a creer que se trata de implantar la sanidad universal y gratuita para toda la población, pero nada más lejos de la realidad, la reforma beneficiará principalmente a las grandes aseguradoras sanitarias privadas y seguirá sin dar cobertura sanitaria a millones de personas.
A pesar de que públicamente republicanos y demócratas presenten diferencias ideológicas, la realidad es que están de acuerdo en lo fundamental: la crisis la deben pagar los trabajadores. En medio de las frenéticas negociaciones sobre el presupuesto, los dos partidos acordaron aprobar el 19 de septiembre un recorte salvaje de 40.000 millones de dólares para los próximos diez años en el programa de cupones de comida. Este recorte, por ejemplo, dejará sin recibir ayuda para alimentos a 2,1 millones de personas de familias con pocos ingresos, a 1,7 millones de parados y 210.000 niños no recibirán comida en las escuelas. Al mismo tiempo, aprobaban incrementar las gigantescas subvenciones que reciben las grandes empresas agroalimentarias. Este hecho demuestra que ambos partidos defienden los mismos intereses de clase. Como hemos visto en crisis anteriores, seguramente llegarán a un acuerdo que impondrá nuevas medidas de austeridad y recortes sociales que golpearán directamente a la clase obrera y a los sectores más desfavorecidos de la población.
