En menos de un año de la administración de Claudia Sheinbaum, hemos visto cómo ha tenido una cercanía con la patronal mexicana, dentro de este segundo piso de la 4T, siguiendo con la postura conciliadora de AMLO entre lxs empresarixs y lxs trabajadorxs; bajo esta visión del “capitalismo con rostro humano”, algo que resulta sumamente utópico y contradictorio dentro del sistema capitalista.
En noviembre del 2024, Sheinbaum anunció la creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), como parte del llamado “Plan México”, conformado por 15 empresarixs de distintos sectores con el objetivo de concretar inversiones privadas y de aterrizar la estrategia de relocalización del país. Este órgano, presentado a través de un discurso nacionalista de “estar a favor del bienestar de los mexicanos”, también fue creado con el fin de combatir la guerra arancelaria de Donald Trump, que pretende imponer aranceles a productos mexicanos.
El CADERR está encabezado por Altagracia Gómez Sierra, integrante del Consejo Asesor Empresarial, presidenta del Consejo Empresarial de Occidente, y parte del Grupo Minsa (privatizado en 1993). Gómez Sierra, quien se ha mostrado bastante cercana al gobierno de Claudia Sheinbaum, es hija de Raymundo Gómez, empresario y político priista que durante el gobierno de Ernesto Zedillo fue beneficiado junto con Altagracia y el resto de su familia por el Fobaproa, que transformó deuda privada en deuda pública.
Recientemente, en mayo del 2025, la presidenta criticó al ex presidente Zedillo por la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) lo que calificó como “un desfalco a la nación” y un ejemplo de corrupción e impunidad contra el pueblo de México. Estamos de acuerdo con que el Fobaproa fue una operación que afectó a la clase trabajadora mexicana como una deuda que seguimos pagando hoy en día, pero es sumamente contradictorio por parte de esta administración tener cercanía con personajes como Altagracia, beneficiada por este desfalco al país, y pretender que la veamos a ella y al resto de lxs empresarixs como “seres buenxs” preocupadxs por México.
El capitalismo mexicano ha demostrado en las últimas décadas una dependencia al imperialismo estadounidense, y que este gobierno apele a la unión con la burguesía, sumado a su discurso “diplomático” con el imperialismo de “mantener buenas relaciones”, podría incrementar aún más esta dependencia.
No es posible un “capitalismo nacionalista y de rostro humano”
A través del Plan México y de este nuevo Consejo Asesor Empresarial mencionados anteriormente, se habla de que habrá crecimiento y de que seremos un país más productivo. La pregunta es, ¿a quiénes beneficiarían este “crecimiento”? Principalmente, lo anterior tiene el fin de que siga habiendo un crecimiento económico para la burguesía y patronal mexicana, lo cual podría tener consecuencias como la precariedad laboral, donde millones de trabajadorxs se siguen enfrentando a bajos salarios y a trabajar extensas jornadas laborales, además de carencias de seguridad social al no poder acceder a una pensión digna.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi del mes de abril, El 47.5% de la población ocupada trabajó de 35 a 48 horas a la semana. Asimismo, aproximadamente 11.37 millones de personas que trabajan más de 35 horas a la semana tienen sueldos inferiores al salario mínimo. También menciona este estudio que la tasa de informalidad laboral se mantuvo en el 54.4 por ciento, similar al 54.3 por ciento de marzo de 2024.
Esta problemática no se solucionará a través de “cerrar filas” y ser conciliadorxs con lxs empresarixs. Hemos visto cómo éstxs, en los últimos años, se han opuesto a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, y a pesar de que recientemente se acordara que la jornada se reducirá gradualmente hasta 2030, sigue siendo una medida tibia e insuficiente para la clase trabajadora. Marath Bolaños, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), recientemente se reunió con Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial para negociar la jornada de 40 horas, quien en 2023 se pronunció contra esta reforma que era discutida en el poder legislativo y contra los que la defienden, tachándolxs de “fodongos” y de que “no tenían llenadera”. Aún así el presidente del CCE, mencionó que el sector empresarial apoyaría a la presidenta.
De nuevo, desde la visión reformista de la 4T no puede haber negociación con la patronal sobre nuestras jornadas laborales y derechos como trabajadorxs, cuando históricamente se han opuesto no solo a la reducción de la jornada laboral, sino al incremento al salario mínimo. O por ejemplo, Carlos Slim, el hombre más rico de México y que también se ha visto colaborativo con los gobiernos de AMLO y Sheinbaum, ha dicho que lxs trabajadorxs debíamos tener una jornada de 12 horas diarias y pensionarnos hasta los 75 años.
Incluso si un gobierno reformista aplicara alguna política que represente avances para la clase trabajadora, tarde o temprano podríamos retroceder. Hemos visto estos ejemplos en América Latina con la llegada de representantes de la ultraderecha alineados con la burguesía, como Javier Milei en Argentina y cómo sus políticas han afectado a la clase trabajadora. Así que “cerrar filas”no es sostenible dentro de este sistema.
El humanismo no es con la burguesía. Solo la revolución obrera logrará la transformación
La cercanía del gobierno con la burguesía no solucionará los problemas de fondo del país y tampoco combatirá al imperialismo estadounidense, sino que nos hará más dependiente, por más discursos nacionalistas que lancen. No hay posibilidad de reformar este sistema para hacerlo más humanista, al final, la burguesía mexicana, al igual que la extranjera, solo verá por sus propios intereses y no por el bienestar de la clase trabajadora.
Si se quiere lograr la transformación que tanto mencionan los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, se tiene que tirar este sistema capitalista bajo un programa revolucionario y socialista a favor de lxs trabajadorxs, y a través de una economía planificada controlada por la clase trabajadora, que esté al servicio de garantizar una mejor calidad de vida, acceso a servicios necesarios y de asegurar la nacionalización y expropiación para detener la dependencia con Estados Unidos y, en general, no tener dependencia ni de gobiernos imperialistas ni de una élite depredadora y parasitaria. Un verdadero crecimiento económico y humanista que beneficie a lxs trabajadores solo se podrá garantizar a través de un programa revolucionario.
