Ante el aburguesamiento, nepotismo, la impunidad, la corrupción clara y contundente, los privilegios, la inconstitucionalidad de la clase política de la derecha que enarbola el Poder Judicial, se crea el mecanismo que pretende su democratización y desmantelamiento: la reforma al Poder Judicial impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿Qué tipo de justicia necesitamos realmente?

Después de infinidades de estira y afloja en el Congreso de la Unión, se logra la aprobación de la reforma en septiembre de 2024, el cambio más profundo a la judicatura de los últimos 30 años, promovido por la izquierda parlamentaria, con alianzas y pactos hasta con integrantes del panismo como el senador Miguel Ángel Yunes, quién después sería afiliado y cobijado por MORENA, aplicando la máxima del pragmatismo “el fin justifica los medios”.

Ni las movilizaciones, bloqueos, paros de resistencia reaccionaria de las familias de las y los políticos dueños del poder judicial, burocratas, juezas y jueces, logró detener la reforma, que implica someter a elección popular todos los cargos que forman parte de este poder, la reducción de la burocracia judicial, disminuir los tiempos en los cargos de juezas, jueces, ministras y ministros, reducir la cantidad de magistradas y magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral, la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futurxs ministrxs de la Corte, ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para la o el Presidente.

Se crea un ente disciplinario y uno administrativo para el Poder Judicial independiente de la Corte, que estará a cargo de temas relacionados con la carrera judicial, el control interno y la elaboración del presupuesto.

Sin embargo, ante tan reconocido logro, la reforma aún no esta concluida, falta la reforma a los sistemas locales y a las fiscalías, espacios cotidianos de la corrupción, que quedaría pendiente por modificar.

El 1 de junio fue un día histórico para el Pueblo de México, por primera vez en la historia del poder judicial, se llevará acabo la elección popular de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros.

Esta elección, como era de esperar, se desarrolló con obstáculos para la clase trabajadora que salió a votar, como el desconocimiento de la estructura administrativa del Poder Judicial, la falta de información sobre este poder, sus funciones y organización interna, la existencia de seis boletas para votar con infinidades de nombres desconocidos, las campañas limitadas que no tuvieron alcance en las comunidades por parte de las candidatas y candidatos, haciendo compleja para el pueblo tomar una decisión en la elección, generando el azar como un método, la existencia de acordeones al ser tantos nombres desconocidos era una forma de dar claridad, pero opacada por la falta de información concreta que llegará casa por casa a la población.

Con el proceso de la democratización del Poder Judicial, resulta importante plantearnos, ¿qué tipo de justicia necesitamos las y los trabajadores en México? Con un poder judicial totalmente fusionado con la burguesía y el derechismo en la impartición de justicia, y el modus operandi de la corrupción como el mecanismo pragmático, la justicia es una puesta en escena que no hace más que defiender los intereses de quienes pueden pagar por ello. Siendo la injusticia y la impunidad para las víctimas, principalmente mujeres, el destino manifiesto.

Necesitamos una justicia de verdad, sobre todo para las víctimas de feminicidio, de las cuales se han documentado que en el caso de Ciudad Juárez, tiene 30 años sin obtenerla. Tan solo en 2022 fueron asesinadas 3 mil 765 mujeres, es decir, diez mujeres pierden la vida cada día en México En 2024 se documentaron 59 asesinatos de mujeres trans, la mayoría de ellos ocurridos en la Ciudad de México (Amnistía Internacional, 2023). 

México es el cuarto lugar mundial en asesinatos de activistas ambientalistas, tan solo en el año 2024 se tuvo 25 activistas asesinados, 21 por homicidio y 4 por ejecución extrajudicial, 27 personas buscadoras de sus familiares desaparecidas han sido asesinadas  por exigir justicia y 3 más han sido desaparecidas ( La Jornada,2025).

Hacer efectiva la amnistía para las mujeres  y hombres presos injustamente, quienes han luchado contra la opresión y por los derechos de la clase trabajadora, de la comunidad indígena, como Kenia Hernández, activista, defensora indígena afrodescendiente, quien cumple cinco años encarcelada injustamente con nueve casuales penales federales, por tomar las vías de comunicación como protesta ante la violación de los derechos humanos, este es un claro ejemplo de la criminalización de la protesta, lo que hizo el Poder Judicial fue callar la voz de todas y todos los activistas políticos que luchan contra la injusticia.

Acabar con la represión sistemática del poder judicial encarcelando constantemente a los activistas de la base de apoyo del EZLN en Chiapas, así como a los comandantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria del estado de Guerrero.

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador haría el compromiso de otorgar Amnistía a todas las presas y presos que están encarcelados injustamente, la cual, no se ha hecho. Entre 1,400 y 1,500 casos, son solicitudes de activistas y de organizaciones independientes como cartas escritas a mano desde la prisión, que solicitaron amnistía (Pie de Página, 2019).

Existen mas de 200 mujeres en prisión por abortar, mujeres que no saben escribir, ni leer, sobre todo mujeres indígenas, que incluso en sus estados ya se aprobó la Ley de derecho al aborto.

El Poder Judicial tiene una deuda histórica con las víctimas por desaparición forzada, con las y los activistas asesinados y lxs que han sido encarcelados injustamente, con los feminicidios y los transfeminicidios.

 La democratización tiene que tener como resultado terminar con la represión sistemática que ha ejercido el Poder Judicial, contra la protesta y las familias que luchan por justicia para sus víctimas, la elección del Poder Judicial solo tiene sentido sie es para garantizar el fin a la impunidad y a la omisión, garantizar la impartición de justicia para las y los trabajadores y tiene que terminar con el aburguesamiento incrustado en la clase política de las y los magistrados, jueces, ministros en todos los niveles que conlleva a la burocratización en la administración de la justicia.

Es indispensable la conciencia de clase en la impartición de justicia, los sectores de izquierda en esta nueva configuración del Poder Judicial, no deben replicar el modus vivendi y operandi de la burguesía que ha estado manejando el poder judicial.

Se necesita que existan mecanismos de rendición de cuentas que garanticen la impartición de justicia a las víctimas, sabemos que, aunque existan estos cambios en la clase política, tendremos que seguir tomando las calles, movilizarnos, protestar y hacer visible la injusticia, no solo penal, sino social, de la que serivan todas las demás.

A la izquierda parlamentaria de MORENA se la ha olvidado nombrar durante las campañas de sus candidatas y candidatos, todos estos hechos de injusticia en nuestro país, han preferido moderarse y hablar de los procesos burocráticos y de la austeridad republicana, que hacer énfasis en la importancia de la impartición de justicia en todos los casos mencionadoa anteriormente, al parecer se les borró de la memoria que alguna vez formaron parte de la izquierda militante, que fueron activistas, guerrilleros, que incluso se movilizaban y que, algunos, incluso fueron arrestados por estos hechos. Ahora les resulta más cómodo y útil para sus intereses personales seguir manteniendo el sistema capitalista supuestamente con “rostro humano” y olvidarse de su pasado combativo, no importando que eso implique ser parte de la injusticia en el país.

Referencias

Pie de Página (2019) A un año de la promesa presidencia: 1,400 casos de presos políticos, en revisión

La Jornada (2025) México, cuarto lugar mundial en asesinatos de activistas ambientales.

A donde van los desaparecidos (2025) 27 personas buscadoras han sido asesinadas y tres más desaparecidas.

Amnistía Internacional (2023 )México: A 30 años de que se empezaron a documentar los feminicidios, no hay justicia para las familias y la violencia feminicida abarca ya todo el país