Las telecomunicaciones en México tienen una historia asociada al poder y al clasismo. Esta industria comienza en el siglo XIX, pero se desarrolla en el Porfiriato, con dos empresas concesionarias que no otorgaban a sus clientes la facilidad de comunicarse con los clientes de la otra empresa: Ericsson (sueca) y Bell (gringa). Imposibilidad técnica de interconectarse, se argumentaba. De cualquier modo, la empresa Mexican Telephone Company, subsidiaria de Bell y de capital estadounidense controlaba casi todas las líneas telefónicas del país. La búsqueda capitalista de monopolizar un servicio estratégico. Fue Lázaro Cárdenas quien creó una red unificada controlada por el gobierno, a partir de la adquisición de la empresa de Bell y de otras pequeñas compañías: la empresa de propiedad mixta Teléfonos de México que, con el tiempo, sería completamente del estado mexicano.

Sin embargo, que el gobierno mexicano controlara esta empresa no redundó en beneficio del pueblo. En el marco del modelo económico capitalista de “desarrollo estabilizador” de Miguel Alemán, la empresa apenas avanzó, tanto en el aspecto tecnológico como en el mercado. Tener teléfono en casa era un símbolo de estatus al que sólo podían acceder las clases alta y media alta. Incluso había zonas del país y de las ciudades mexicanas en las que no había posibilidad de una línea telefónica. Para el pueblo se destinaron teléfonos de monedas, pero, nuevamente, de manera discrecional y discriminatoria. En algunas ciudades, la gente tenía que recorrer kilómetros para encontrar un teléfono público. Y en muchas zonas del país, no había un teléfono en cientos de kilómetros.

Por lo que toca a la radio y televisión, se otorgaron concesiones de manera discrecional a empresarios cercanos al régimen, que apoyaron el control de la población, tanto ideologizándolo en la resignación y admiración del amo, como distrayéndolo de los sucesos políticos nacionales. Es emblemático el caso de Azcarraga Milmo, propietario de lo que hoy es Televisa, quien afirmaba ser “un soldado del presidente”, y que la televisión mexicana era de mala calidad porque era “para los jodidos”. ¿Así o más clasista?

El retraso tecnológico de Telmex fue subsanado con la explotación de les trabajadores que se organizaron en un sindicato buscando mejoras laborales. Sin embargo, esto coincidió con dos hechos: uno nacional relativo a los sindicatos. Después de que los trabajadores ferrocarrileros, liderados por Demetrio Vallejo y Valentín Campa, detuvieron al país, el gobierno mexicano decidió controlar los sindicatos de las industrias y servicios estratégicos; entre ellos, el de Telmex, usando desde la amenaza de la requisa (que el ejército tomara el control de las operaciones), y la represión física, hasta la cooptación del sindicato y el robo de las banderas de los trabajadores. Ésta última le funcionó. El estado había aprendido que debía “adelantarse” a las demandas de los empleados, anulando su espíritu de lucha y su consciencia de clase, como había hecho en Pemex.

El otro hecho fue relativo a la industria de las telecomunicaciones y ocurrió en la metrópoli del imperio: el gobierno gringo descubrió que una sola empresa controlaba la telefonía y que era un riesgo nacional depender de ella o de sus decisiones; así que ordenó a Bell Company dividirse en varias empresas (las Baby Bell) y cumplir la regulación que el estado emitiera. Era un recurso estratégico que ningún gobierno, ni el más capitalista del planeta, podía dejar en manos de una empresa; particularmente cuando se veía que el ejército norteamericano iba a liberar una tecnología para comunicar datos, Arpanet, que hoy conocemos como Internet.

En los ochenta, con el arribo de los tecnócratas y neoliberales al gobierno mexicano, empezó la fiebre privatizadora y por supuesto que, ante las noticias de la disponibilidad comercial de Internet, Telmex se volvió un bocado apetecible para los capitalistas, que Salinas de Gortari remató a una quinta parte de su valor. También entregó a un socio de su hermano (Salinas Pliego) el control de la televisora del estado, el Canal 13.

Slim, nuevo dueño de Telmex, no hizo nada por ampliar la cobertura de la telefonía en el país. Cumplió estrictamente con lo decía la concesión y se enfocó en el mercado empresarial, más redituable que los hogares o las comunidades de pocos habitantes. Para los capitalistas como él, eso era un mercado viejo: teléfonos fijos. Ellos estaban interesados en la telefonía móvil y en la comunicación de datos. Poco después, Zedillo arranca la “apertura telefónica” abriendo la puerta a empresa extranjeras.

De acuerdo con experiencias en otros países capitalistas, el operador preponderante (Telmex) debía interconectarse y permitir el uso pagado de su infraestructura a las demás empresas, para evitar la concentración de mercado y la dependencia de un solo proveedor para un servicio estratégico. En el colmo del cinismo, la defensa del monopolio de Carlos Slim se basó en decir que esas empresas iban a usar la infraestructura construida por los mexicanos, sin aclarar que ya no era de la nación, sino de él. Por cierto, el sindicato de Telmex apoyó y sigue apoyando a la empresa contra los tibios esfuerzos regulatorios del estado.

A la usanza de otros países capitalistas, el gobierno mexicano creo una Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), sin la capacidad humana ni legal para sancionar las conductas de estas empresas. Por ejemplo, a pesar de que la empresa de telefonía móvil de Salinas Pliego, Unefon, fue multada porque no pudo demostrar su capacidad técnica en tres ocasiones consecutivas, se le regresó esa multa con intereses y actualizada. Este mismo oligarca tomó con gente armada las instalaciones del Canal 40 y lo operó de manera pirata por muchos años. La Cofetel no hizo nada. Quizás porque buscaban pagar a las empresas dominantes, el trabajo de control de la población.

En ese tenor, se aprobó en 2006 una reforma conocida como la Ley Televisa que, entre otras cosas, eliminaba el derecho a la información de las audiencias y extendía la duración de las concesiones a 20 años, ¡con renovación automática!

El pago a esta ley llegó rápidamente. Televisa construyó una imagen y una historia de amor a un miembro del grupo hegemónico en el PRI, Peña Nieto, hasta hacerlo presidente de la república. Él a su vez, les pagaría con una reforma en el marco del “Pacto por México”, propuesto por el PRD y firmado por el PRI y el PAN. Se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, autónomo en la letra, pero controlado por los operadores preponderantes en los hechos.

Por cierto, la encargada de construir en Televisa la imagen de Peña Nieto, cambió de trabajo a Google y la Estrategia Digital Nacional de ese sexenio indicaba a que las dependencias del gobierno federal contrataran a esta empresa para el almacenamiento de los datos; incluyendo confidenciales y de los ciudadanos.

Consecuencias de la privatización de las comunicaciones

Las consecuencias de medios de comunicación privatizados son incalculables, desde la facilitación de golpes de Estado e imposición de gobiernos hasta la apertura a ideas de ultraderecha que atizan los crímenes de odio.

Actualmente existe una avalancha de redes sociales que recaban y venden datos de los ciudadanos sin que el IFT haya hecho nada por regularlos. El funcionamiento de estas redes ha empeorado pues son usadas por grupos de poder para influenciar la opinión política de la ciudadanía, vender productos y servicios y para introyectar resignación, apatía y odio entre la población. Esto sin contar el uso que, de estas redes, hace el crimen organizado, tanto para promoverse una imagen falsa entre la gente como para reclutar jóvenes y amenazar a otres. Nuevamente, el gobierno mexicano es indiferente a que noticias falsas y leguaje de odio corran libremente por estas redes, como los de otros países, incluso los llamados “desarrollados”.

El riesgo de que estas redes se vuelvan los canales de comunicación de grupos criminales y de odio, se incrementó con la llegada al gobierno gringo de un nazi propietario de la red X/Twitter. Los efectos no tardaron en aparecer: Meta (propietaria de Facebook y de Instagram) declara que suspende cualquier software que vigile su red para permitir “la libertad de expresión”, cuando fue omisa para detectar las redes de pedófilos y de grupos de odio que operan en ella, o cuando en 2018 permitió que los datos de sus usuarios fueran usados para buscar influir en las elecciones de México y de  EE. UU. Google suspende sus programas internos de diversidad atendiendo el concepto de Trump, de que sólo hay dos géneros; pronto veremos la consecuencia de esto en las plataformas de esta empresa.

Las redes sociales manejan los contenidos a su antojo, permitiendo el lenguaje de odio y la pedofilia, mientras censuran fotos de la Venus de Milo. Venden nuestros datos, introyectan odio, racismo, clasismo e individualismo. En la decadencia de Televisa y del broadcasting (transmisión centralizada y unidireccional de contenidos) estas redes y plataformas sustituyen a Televisa, TV Azteca y otras empresas enajenadoras de mentes en la dominación del pueblo. Al final del día, las telecomunicaciones siempre han sido usadas como un arma de dominación de la oligarquía contra el pueblo. Antes, sólo en el aspecto ideológico; ahora también con nuevas formas de explotación laboral, sexual y criminal.

Otro fenómeno de las telecomunicaciones es la “uberización”, es decir el uso de Internet para conectar a clientes con proveedores de servicios (microempresas en el mejor de los casos, proletarios explotados las más de las veces), sin responsabilidad alguna para las empresas tipo Uber, ni con los clientes ni con los “proveedores”, más allá de una disponibilidad “razonable” de su plataforma tecnológica, a cambio de lo que se llevan una buena tajada de cada operación ejecutada por los proveedores de servicios. “Razonable” porque, además de escudarse en que sus plataformas están alojadas en la nube de cómputo, y el responsable de la disponibilidad es el dueño de esa “nube”, los gobiernos no han emitido regulación suficiente para controlar a estas empresas, ni para detener la explotación de sus trabajadores, mal llamados “socios” por ellas.

Acaso en algunas ciudades del mundo, los conductores de Uber, gracias a sus propias luchas, han logrado que se reconozca su relación laboral con esa empresa. En México, los trabajadores de las plataformas tipo Uber siguen siendo explotados y sin reconocimiento de su relación laboral.

Consideremos esto y luchemos porque la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones mexicana no otorgue más poder a las empresas y sus estructuras de control y de dominación ideológica del pueblo. Por el contrario, lo que necesitamos es la expropiación de los medios de comunicación nacionales para ponerlos en manos del pueblo trabajador, de las comunidades, de grupos vulnerables, y a disposición de nuestras necesidades.

Esta ley debería servir para obligar a las empresas de redes sociales trasnacionales a no comerciar los datos de les mexicanes, a no dar difusión a noticias falsas o grupos de odio, ni a redes criminales; y a no influir en la política interna a través de cualquier tecnología de información. Por lo que toca a las plataformas de tipo Uber, la ley debería obligarlas a reconocer los derechos de sus trabajadores que no empleados, así como a responder por el servicio prestado frente a los ciudadanos y gobierno mexicano. Pero estas expectativas están fuera del horizonte.

Debemos derribar estas estructuras de dominación y de control que son las telecomunicaciones en México y ponerlas al servicio del conjunto de la sociedad.