Tan sólo en el mes de diciembre de 2018 se registraron 113 denuncias de violación en la Ciudad de México, una de las expresiones más violentas contra las mujeres.
Desde 1993 empezaron a ser visibles los casos de feminicidios con “las muertas de Juárez”, se atribuía a la violencia casi endémica en la región. La causa real fue la vulnerabilidad de las trabajadoras de la creciente industria maquiladora, que sin alumbrado, en calles solitarias, eran expuestas al crimen por este sistema económico y político para el que no somos importantes.
Las mujeres del resto del país nos sentíamos alejadas de esa situación, pues solemos normalizar la violencia, desde la simbólica, psicológica, hasta llegar a la violencia sexual y feminicida. Hasta que la violencia llegó a municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl o Chimalhuacán colocándolos en los primeros en las listas de desapariciones de mujeres y feminicidios.
Ante este aumento de violencia se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que desde las diferentes instancias de los tres niveles de gobierno se establecieran las medidas para combatir y erradicar la violencia de género. Sin embargo, en estos 12 años hemos sido testigxs de cómo la violencia ha aumentado, el Gobierno de la CDMX ha aceptado el incremento de las cifras, pero no acepta que sus instituciones son negligentes, incompetentes e incapaces, que no funcionan sus leyes y que la estructura de impartición de justicia está impregnada de machismo, dando como resultado que difícilmente nos permitan a las mujeres una vida libre de violencia. A penas en mayo se activó el protocolo de búsqueda para encontrar a Daniela, lo último que se supo de ella fueron las sospechas de ser secuestrada por el taxista que debía llevarla a una fiesta con sus amigos, el 9 de julio pasado se encontraron los restos de la joven trabajadora.
Después de esta terrible noticia empezaron a ser virales experiencias similares de mujeres trabajadoras que se sintieron aterradas ante cualquier cambio en la ruta y huyeron de esa amenaza, por fortuna ellas están con vida.
En diciembre de 2018, desde Libres y Combativas, hicimos públicas denuncias de violación de dos mujeres después de abordar un taxi, entonces exigimos se pusieran en marcha medidas para tener mayor control sobre el transporte público en todos los niveles, por el contrario, el gobierno de la CDMX se ha limitado a rechazar la solicitud de alerta de violencia de género y argumenta que no hay elementos suficientes para activarla. En cambio, se compromete a “diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público”, lamentablemente su actuar “inmediato” va tarde, pues este modo de violencia ha cobrado la vida de Daniela y cientos de mujeres jóvenes y trabajadoras.
Las mujeres sobrevivientes de violencia machista, difícilmente tendremos una vida “normal”, pues ahora vivimos con miedo y coraje que decidimos transformar en organización para luchar por una trasformación socialista de la sociedad, donde mujeres y hombres, podamos ser libres de la violencia machista.
Exigimos:
- Depuración de cuerpos policiacos de todos los rangos, ¡Investigación y cese de todos los elementos vinculados con el crimen!
- Mantenimiento regular a las cámaras de seguridad. Disponibilidad de videos de todas las cámaras de seguridad por al menos un mes y no sietes días como hasta hoy y resguardo durante todo el proceso a partir de la denuncia.
- Personal suficiente, capacitado y femenino en las fiscalías con verdadera perspectiva de género.
- Atención psicológica inmediata a las víctimas.
- Apertura de casas-refugio para víctimas de violencia.
- Regulación del parque vehicular de taxis, creación de medidas de seguridad para la asignación de permisos.
- Acceso inmediato a las carpetas de investigación.
- Tratamiento de casos de violación simultaneo en la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Sexuales.
- Alumbrado público necesario y eficiente
- Destitución del Mtro. Gustavo Omar Jiménez Escudero, Fiscal Central de Investigación y Mtra. María Concepción Prado García, Fiscal Central de Investigación para la atención de delitos sexuales, por negligencia en los casos de violencia presentados por Libres y Combativas.
