El jueves 22 de octubre, el Tribunal Constitucional polaco, administrado por jueces vinculados al Ejecutivo ultrarreaccionario de Jarosław Kaczyński, tomó la decisión de considerar inconstitucional la interrupción del embarazo en caso de malformación o enfermedad irreversible del feto. En un país donde estas fueron las circunstancias para el 98% de los abortos realizados legalmente en 2019 (1.074 de 1.100), esta decisión representa un bloqueo casi total del acceso al aborto legal para las mujeres polacas. Este ataque a sus derechos reproductivos es la culminación de años de agresiones de los sucesivos Gobiernos conservadores de derecha.
El lunes 26 de octubre, decenas de miles de manifestantes en casi cincuenta ciudades bloquearon las calles con automóviles, motocicletas, bicicletas y cadenas humanas. Las protestas se extendieron a las inmediaciones e interior de las iglesias, blanco de las manifestantes en respuesta a la violenta influencia de la Iglesia Católica en la vida política del país.
Tras cinco días de lucha, las protestas en las calles han culminado con una huelga general de mujeres, que ha generado un gran apoyo y simpatía en el conjunto de la población como se ha visualizado con la participación no solo de mujeres sino también de trabajadores, denunciando el carácter reaccionario de este Gobierno.
La pandemia del Covid-19 es utilizada por el Estado burgués como arma contra la clase trabajadora
Este ataque difícilmente puede cogernos por sorpresa. Polonia no solo es el país europeo con la ley de aborto más restrictiva -solo está permitido en casos de violación, incesto y riesgo de fallecimiento a mujeres embarazadas-, sino que ir más allá en su limitación ha sido una bandera de los diferentes Gobiernos de la derecha.
Cada vez que el Ejecutivo ha intentado llevar a cabo estas medidas en el parlamento, la clase trabajadora respondió en las calles.
En 2016, Kaczyński afirmó que "nos aseguraremos de que, incluso en los casos de embarazos que son muy difíciles, cuando el niño ciertamente morirá, incluso si está muy deformado, las mujeres darán a luz, para garantizar que el niño pueda ser bautizado, enterrado y le sea atribuido un nombre". El líder del partido Ley y Justicia (PiS)* demuestra así, sin pudor, que está más que dispuesto a sacrificar la autonomía, la dignidad y la salud mental de las mujeres, obligándolas a dar a luz a sus hijos muertos.
Ese mismo año, unas 100.000 personas, en su mayoría mujeres, protestaron para paralizar la propuesta. La posición de la población polaca sobre este tema es abrumadora: las encuestas muestran que una clara mayoría se opone a nuevos límites legales y cada tentativa se ha encontrado con manifestaciones masivas.
A finales del año pasado, un grupo perteneciente a los partidos de Gobierno y parlamentarios de extrema derecha solicitaron al Tribunal Constitucional la revisión de la ley, saltándose el proceso legislativo habitual, lo que ha terminado provocando—como estamos viendo— una gran oposición en las calles.
Con las reuniones públicas restringidas a un máximo de 10 personas -una imposición que no ha servido para frenar las protestas de los últimos días- y volviendo a convertirse Polonia, el mes pasado, en uno de los países más devastados por el covid-19, el Gobierno del PiS encontró en la crisis provocada por la pandemia el momento perfecto para llevar a cabo su ofensiva contra las trabajadoras.
El viernes 23, el día después de que comenzaran las protestas, Polonia alcanzó un nuevo récord en los registros del covid-19: 13.600 casos diarios. El país se encuentra ahora en un cierre nacional llamado "zona roja", que incluye la clausura parcial de escuelas primarias y restaurantes. Casi 5.000 personas han muerto en Polonia desde que comenzó la pandemia. La clase trabajadora es, como siempre, la que paga el precio más alto: el sistema nacional de salud polaco, cuya falta de financiación es ya crónica, está a punto de estallar.
La lucha por el derecho al aborto es una lucha de toda la clase trabajadora
Nada de esto es nuevo. El partido de Kaczyński, que tomó el poder en 2015, representa los intereses de la oligarquía católica. Las mismas fuerzas que, en 1989 y 1993, impulsaron la legislación que privó a las mujeres del derecho al aborto gratuito, lideradas por miembros de la oposición anticomunista y fuertemente apoyadas por la jerarquía de la Iglesia católica, ahora entran en escena a través de la figura del obispo de Varsovia, del arzobispo Stanislaw Gadecki y de toda la institución católica polaca.
Con todo este legado de ofensivas, este Gobierno se presenta como defensor de los valores tradicionales y acusa a sus oponentes de antipolacos y anticristianos: las mujeres, los inmigrantes y las personas LGTBI son particularmente blanco de esta narrativa patriarcal y xenófoba. Los movimientos sindicales y las organizaciones feministas se estigmatizan como “peligrosa propaganda comunista” que aleja a las mujeres de su propósito divino: el matrimonio y la maternidad.
Los médicos en Polonia pueden negarse a realizar un aborto legal o incluso a recetar anticonceptivos acogiéndose a la objeción de conciencia por razones religiosas. La violencia psicológica asociada al estigma y los malos tratos por parte de los profesionales de la salud a los que son sometidas las mujeres en Polonia es extremadamente alta, llegando hasta el 2% de los casos entre las que tienen acceso al aborto legal.
Y, nuevamente, son las mujeres de la clase trabajadora las que soportan la carga más pesada. En Polonia se realizan menos de 2.000 abortos legales cada año, pero las organizaciones feministas estiman que más de 200.000 mujeres abortan clandestinamente o en el extranjero cada año. Sabemos que, mientras las mujeres burguesas pueden viajar a Alemania o Francia y pagar por un procedimiento seguro, las mujeres pobres son sometidas a abortos clandestinos, llevados a cabo en clínicas ilegales en barrios degradados de las afueras de las grandes ciudades. Cuando sobreviven, pagan un alto precio en una combinación de trauma psicológico y lesiones frecuentes en el sistema reproductivo que, a menudo, conducen a infertilidad, ciclos menstruales irregulares y dolor crónico. Para nosotras, no hay apoyo ni elección.
Como mujeres jóvenes y trabajadoras, defendemos un feminismo revolucionario y anticapitalista. Sabemos que la lucha contra la opresión machista es un tema central en la lucha de clases y que, por tanto, es una lucha de toda la clase obrera: las protestas que se han extendido por ciudades, pueblos y aldeas polacas en los últimos días, protagonizadas principalmente por mujeres, contó con la entusiasta participación de taxistas, mineros del carbón y campesinos. El domingo 25, los agricultores de la pequeña localidad de Nowy Dwór Gdański, en el norte del país, formaron un bloqueo con tractores. El lunes, un sindicato de mineros salió en defensa de sus compañeras, advirtiendo del carácter fascista y totalitario del Gobierno.
La juventud es el rostro de esta insurrección
El levantamiento de los últimos días y noches, que incluyen pintadas reivindicativas en las paredes de las iglesias, interrupciones de misas, manifestaciones frente a la residencia de Jarosław Kaczyński y bloqueos en cientos de calles en decenas de ciudades, demuestran la fuerza de las mujeres, los jóvenes y la clase trabajadora.
La violenta represión de las fuerzas policiales no parece tener ningún efecto disuasorio sobre las manifestantes, como se vio con la convocatoria de una huelga general para el miércoles 28 de octubre. Es más, muchas de ellas no solo exigen que el Gobierno dé un paso atrás en el último ataque contra el derecho a la interrupción segura del embarazo, sino que cuestionan a todo el Ejecutivo, exigiendo una nueva ley que regule el acceso de todas las mujeres al aborto. Así es como una lucha defensiva se convierte en una lucha ofensiva.
Hay que exigir el derecho al aborto hasta las 24 semanas, gratis, seguro y gratuito. Servicios públicos y gratuitos de planificación familiar, así como anticonceptivos y artículos de higiene femenina gratuitos en farmacias y centros de salud. ¡Y todo esto en un sistema nacional de salud pública, gratuito y de calidad para todos!
La situación es explosiva y no muestra signos de flaqueza. La unidad de la clase trabajadora es la única fuerza capaz de resistir este y todos los demás ataques del reaccionario Gobierno polaco. La solución es construir una organización revolucionaria que pueda canalizar todo el potencial explosivo que se ve en las calles y los vínculos que el movimiento de mujeres ha establecido con el resto de sectores de la clase trabajadora, para una transformación socialista de la sociedad.
* El partido Ley y Justicia (en polaco, Prawo i Sprawiedliwość) es un partido de extrema derecha que, en el parlamento europeo, constituye la mayor fuerza numérica del grupo político Reformistas y Conservadores Europeos. Como parte de los RCE, Lei e Justiça se articula, por ejemplo, con Vox, del Estado español, y Solución Griega, el partido que busca ocupar el espacio de la organización fascista Amanecer Dorado en Grecia.
