Los avances científicos y tecnológicos dentro del sistema capitalista desarrollan nuevas formas de explotación laboral; y la misma lógica siguen los deseos en dicho sistema, estos se vuelven objetos, nuevas mercancías de consumo para quien pueda pagar por ellas. Estas son algunas primicias sobre las que se mueve la llamada “maternidad subrogada”, nombre que la moral burguesa utiliza para ocultar la industria lucrativa de gestar la vida sobre los cuerpos de las mujeres de la clase trabajadora, los llamados vientres de alquiler.

Actualmente existe un vacío legal en casi todos los países del mundo sobre este tema, debido a que es una práctica naciente y no todos los países cuentan con los medios para desarrollarla. Ucrania es uno de los pocos países en donde la comercialización de la “maternidad subrogada” es legal, y se estima que al año nacen 2 mil 500 niños por este procedimiento. En el 2013, el Comité para los Derechos de las Mujeres y la Equidad de Género del Parlamento Europeo señaló que este tipo de industria cosifica a los cuerpos de las mujeres y de los niños, por lo que “representa una amenaza a la integridad corporal y a los derechos humanos de las mujeres”. En este contexto, su cuerpo de la mujer se vuelve una fábrica mientras que los recién nacidos pasan a ser la mercancía. El caso de la rusa Christina Ozturk es un ejemplo desorbitado que refleja lo anterior, el deseo de obtener 100 hijos por más de 22 millones de pesos mexicanos.

¿Qué papel juega México en esta problemática?

Para algunos investigadores, México ocupa el segundo lugar de mujeres gestantes en la industria a nivel mundial. A pesar de ello, sólo hay 5 entidades que cuentan con legislación: en Coahuila y Querétaro está prohibida; en Sinaloa sólo se permite si los solicitantes son pareja heterosexual mexicana, en Tabasco es igual pero no puede haber dinero de por medio, y en la CDMX sólo existe una propuesta de ley que asegura los derechos de los padres intencionales.

Debido al vacío legal y a la prohibición en varios países, varias empresas y buffetes de abogados extranjeros han puesto su mira en México, igualmente, empresas mexicanas muestran su oferta a extranjeros que quieran pagar por un hijo, el turismo de vientres de alquiler. En el 2018 el portal El Confidencial expuso las cuentas de algunas empresas españolas: Interfertility cuenta con 600 mil euros, ahí, México aparece como país “medianamente recomendable”, y Surrobaby con casi 2 mil euros, en donde México es uno de sus 5 países afiliados. En estas empresas se venden paquetes que rondan el millón de pesos por hijo, dando opciones adicionales para escoger el sexo del bebe y otras características; son un negocio sumamente rentable que se mueve entre la ilegalidad y legalidad de los países.

Por el otro lado, tenemos a empresas mexicanas como CARE quien no expone públicamente sus costos por hijo, y vende su producto desde un discurso burgués, apelando al deseo de los futuros padres, donde la transacción monetaria es eludida; mientras tanto, las mujeres gestantes son invisibilizadas en las redes sociales de la empresa, refiriéndose a ellas con eufemismos: “nos inspiran día con día y ayudan a que otros logren el sueño de convertirse en padres.

Detrás del discurso propagado por una parte de la burguesía, sobre el empoderamiento femenino atribuido al alquiler de vientres, se esconde la hipocresía de pasar por alto tanto los derechos de las mujeres que por necesidad económica se prestan a este tipo de servicio, como los derechos de los propios recién nacidos. La lucha colectiva por los derechos de las mujeres debe seguir hasta que nuestros cuerpos no sean territorio de nadie, más que de nosotras mismas, hasta que finalice este sistema opresor de la clase trabajadora que lucra con todo lo que encuentra a su paso.

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