Después de enfrentarse a uno de los mayores miedos de las mujeres en México, la violencia de genero en sus expresiones más bárbaras como son la violación sexual, desaparición forzada y el feminicidio, el monstruo no podría ser más grande, pero en los términos del sistema de justicia capitalista cada día puede ser peor al anterior.

En diciembre de 2018 compartía la pesadilla de la que fui victima, pero me sentí sobreviviente y valiente, con el acompañamiento de una organización que más que acompañar un proceso burocrático de “acceso a la justicia” ha construido un programa de lucha para alcanzar el objetivo de transformación socialista y acceso a la justicia para tod@s, no sólo para quien la puede pagar.

El monstruo del capitalismo es enorme, se vale de sus lacras, como la violencia, la drogadicción, la delincuencia, etc. para someter a la sociedad y de las instituciones corruptas y burocráticas del estado burgués para asegurar que las lacras afecten a la clase trabajadora a costa incluso de nuestras vidas y evitar que salgamos de los círculos de violencia. El miedo es una excelente forma de control de la sociedad.

Son las vidas de casi 11 mujeres al día las que nos cuestan la violencia de género y lo inoperante de las leyes e instituciones, ¡No más feminicidios, no creemos en sus leyes!, no importa cuántas leyes promulguen para prevenir y castigar la violencia de género, si desde que pisamos el Ministerio Público se empieza a cuestionar si somos víctimas y tratan de persuadirnos de no hacer la denuncia, “porque son procesos muy largos”, y así se quedan el 95% de denuncias en la impunidad con carpetas archivadas, ese ha sido uno de los principales motivos del agravamiento de la violencia de género en México.

Ya que se logró pasar la barrera de levantar una denuncia, la investigación no avanzará si no es por las víctimas y el círculo que les acompaña que terminan integrando una carpeta para poder judicializarse. La tortura continua cuando se llega a una Fiscalía con los escritorios y pasillos llenos de carpetas, tener que esperar al policía de investigación a que esté libre para hacer diligencias, revisar la agenda del perito en telefonía para tener un dictamen, esperar horas después de la agresión a que llegue el médico legista, tener que esperar meses a recibir atención psicológica, meses para poder ver los videos del C5, meses para resultados de estudios genéticos.

Eso sólo es indicativo de que los servidores públicos, además de no contar con una formación en perspectiva de género, están rebasados por la situación de violencia y las denuncias que se hacen todos los días, cayendo en el círculo vicioso de alimentar la impunidad y el mensaje a los agresores de que pueden hacer lo que quieran con la vida de las mujeres porque nadie los castigará por esos delitos.

En cuestión de justicia y de derechos, nunca nos han regalado nada hay que arrebatarlo, en mi caso fue fundamentalmente con lucha política y mucha presión a través de movilizaciones que la carpeta llegó a judicializarse, 2 años y 5 meses después de haber hecho la denuncia, pero para muchas victimas es un proceso imposible de seguir.

Un año 8 meses después de haber capturado al agresor esperamos una sentencia ejemplar en un proceso que aún se visualiza largo, el pasado 25 de marzo una audiencia intermedia se reprogramó porque la defensora pública del agresor estaba atendiendo otra audiencia y se dio plazo al 7 de mayo para el descubrimiento, un indicio más de lo que se percibía desde el inicio de este proceso: el personal para atender las denuncias y el consecuente proceso es insuficiente, por eso los procesos se alargan tanto, siendo tortuosos para las víctimas, mientras, ha salido a relevancia la controversia de los altos salarios de ministros, magistrados y jueces, quienes se han amparado para evitar su reducción, mientras las carencias en la atención a victimas son notables.

En abril de 2019 se anunció la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, con el principal objetivo de evitar que cualquier servidor público reciba una salario mayor al del presidente, ya que en palabras de Andrés Manuel, el salario de los magistrados puede ser de hasta $600,000.00 MXN y es un sector de la burocracia con una función fiel a los intereses de la burguesía, pues no han dado sentencias ejemplares, han dejado en libertad a presuntos culpables en proceso de investigación como fue el caso Ayotzinapa, resoluciones contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, fallos de jueces a favor de agresores como el caso del feminicida confeso de la hija de Marisela Escobedo, contra el agresor de Abril Pérez ante la denuncia de violencia intrafamiliar quien terminó siendo víctima de feminicidio, sólo por dar unos ejemplos, lavándose las manos, argumentando que las investigaciones no están bien integradas por los Ministerios Públicos y Policías de investigación, acusación que tampoco deja lugar a dudas, pues muchos feminicidios empiezan siendo catalogados como crímenes pasionales o suicidios, dejando de lado toda la responsabilidad estatal que lleva a los crímenes de odio por el hecho de ser mujeres y con una carpeta mal integrada un juez no puede dar una sentencia, dicen.

Las y los jueces, fiscales y magistrados son totalmente ajenos a las necesidades del pueblo trabajador, pertenecen a la burgesía, sus casas no se encuentran en barrios populares asediados por la delincuencia, no regresan a ellas por las noches en transporte público, ni tienen que caminar por calles solitarias por la madrugada para ir al trabajo. Mientras ellos pueden pagar seguridad y alumbrado privado, sistemas de alarme e incluso chofer y guardaesaldas, la mayoria de nosotos y nosotras seguimos en calles y barrios totalmente abandonados y relegados del presupuesto público.

Por ejemplo, en el Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del poder Judicial de la Federación para el ejercicio 2020, se autorizaron salarios mensuales para ministros de $204,683.00MXN con un aguinaldo de hasta $444,413.00MXN, pago por riesgo de $415,946, para jueces de Distrito salarios de $136,762.00 MXN, sólo para darnos una idea, sin considerar todas las prestaciones y seguros que se adjudican, mientras que un Asesor/Defensor público puede percibir máximo $62,575.00 MXN con un aguinaldo de hasta $113,209.00.

El presupuesto debe ser distribuido democraticamente, atendiendo en primera instancia las necesidades de las victimas, la eliminacion de la pobreza, desigualdad y marginación, que son el caldo de cultivo para las lacras criminales. Pero mientras el sistema de justicia siga estando en manos de burgueses, muchos de ellos tambien criminales, mientras la justicia siga siendo machista y patriarcal, no podra haber verdadera justicia para las víctimas ni reparación del daño integral y la violencia seguira reproduciendose.

Sin hablar de lo costosa que debió haber sido la promulgación de la decena de leyes para eliminar la violencia de género y que sirven para lo mismo y nada, pues los responsables de tomarlas y formarse un criterio para integrar carpetas sin errores y criterios para dar sentencias ejemplares parecen desconocerlas.

Exigimos una distribución del presupuesto orientado a la atencion pronta de victimas para evitar la re victimización durante los largos procesos, ¡Depuración inmediata de violentadores machistas, corruptos y negligentes en todo el aparato de justicia! ¡Sentencias ejemplares contra violadores y feminicidas, ningun violador más en las calles!