Está ante nosotros la necesidad apremiante de organizarnos y exigir la determinación de este gobierno para eliminar la criminalización de la lucha social y garantizar la libertad de todos los presos políticos, sujetos a procesos penales bajo teatros armados que han buscado frenar el movimiento.

Kenia es activista y defensora de la tierra, de los derechos de los pueblos indígenas, es coordinadora del colectivo “Zapata Vive” que promueve diferentes formas de resistencia pacífica frente a modelos de desarrollo neoliberal impuestos por el Estado.

Una mujer que ha sido criminalizada en estos últimos meses y que por esa persecución de la protesta social, actualmente tiene 7casos abiertos en relación con delitos fabricados como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos, cinco en el orden federal y 2 en el fuero común.

Se le acusó de robo con violencia, presuntamente robando 500 pesos a los tripulantes de una camioneta en la caseta de cobro San Cristóbal.

Las vejaciones a las cuales se ven expuestos los seres humanos en procedimientos penales se hacen evidentes ante casos públicos que la lucha expone, la campaña de difusión y exigencia de justica por parte del Colectivo Zapata Vive en colaboración con muchas otras organizaciones que se han sumado a esta lucha ha dejado expuestas las condiciones de insalubridad en los centros de detención y reclusorios, mismas que han alcanzado a la compañera quien padeció un virus estomacal derivado de bacterias contraídas por la mala alimentación en el Centro Federal Femenil. No recibió medicamentos oportunos para combatir el virus, sólo le suministraron analgésicos. Su abogada reportó que se seguían ofreciendo alimentos y agua carentes de los mínimos requerimientos de salubridad.

Además de la falta de conocimiento de los derechos y cultura indígena por parte del sistema de justicia evidenciado cuando el abogado de Kenia solicitó un intérprete, y la respuesta del juez fue comunicarle que sería arrestado como sanción por considerar que dicha petición del litigante tenía por objetivo alargar el juicio. Este Juez, Jorge González Rivera,  se vio obligado desde el 13 de mayo a estudiar sobre derecho y cultura indígena.  Finalmente, se le asignó hasta este pasado 28 de mayo por parte de un juez de Distrito un intérprete amuzgo de la región de Guerrero.

Garantizar la protección de todas las personas bajo cualquier forma de detención o prisión debiese ser un derecho humano, esta demanda junto a la liberación de los luchadores sociales, está ligada a la lucha por una vida digna, a un cambio de sistema, fortalezcamos la lucha contra la violencia institucional, machista, racista y opresora.

Exigimos la Liberación de Kenia