Hay violencias que son visibles y otras no tanto, son practicadas con perfil más bajo y ocultadas bajo el argumento de ser instrucciones en un contexto laboral. A estas violencias estamos acostumbradas mayormente las mujeres trabajadoras, sobre todo aquellas quienes nos encontramos en situación de inferioridad jerárquica en los centros de trabajo.

La violencia laboral, institucional y machista, es la situación por la que han pasado y pasan trabajadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana, sin que exista un medio eficaz de defensa. En la oficina de la Contraloría, área adscrita a Rectoría General, mujeres trabajadoras han sufrido hostigamiento sexual y acoso laboral, y sorpresivamente ha habido un número importante de trabajadoras que han laborado en esta oficina por tiempos variados pero que no pasan de un año o un poco más, sucesos acontecidos durante la gestión del actual Contralor y lo que ilustra que al interior está sucediendo algo que no puede ser común.

Las trabajadoras que escribimos esta carta, acudimos en diferentes momentos a las únicas dos instancias universitarias que son competentes para velar por los derechos de la comunidad, la Oficina del Abogado General y la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Una trabajadora de nivel operativo decidió denunciar el hostigamiento sexual que ejercía su Director sobre ella, si bien en la oficina era conocido el proceder del agresor, así como también era conocida la relación de amistad que guardaba con el Contralor, lo que procedió fue una imponente liquidación y una carta de renuncia de la persona agresora. Hay que entender que cuando la UAM premia con una liquidación al agresor y permite que los violentadores renuncien, los hechos quedan impunes y el expediente de los responsables limpios. Nos preguntamos cómo se puede garantizar por parte de la Universidad el acceso a la justicia a las víctimas de violencia en estos casos, cuando propician que los agresores no formen más parte de la comunidad.

La Universidad tiene un vacío para responder eficazmente ante situaciones de violaciones de derechos humanos de su comunidad. Es evidencia de este vacío y de la incongruencia de los discursos de sus funcionarios y funcionarias, que las trabajadoras que acudimos a solicitar apoyo a la Defensoría de los Derechos Universitarios, seamos a quienes se nos aplicó en dos casos, procedimientos administrativos sin tomar en consideración nuestras quejas y testimonios ante la Defensoría, sobre lo que estábamos viviendo.

Lo anterior muestra no solo falta de congruencia, sino que pensamos es una estrategia bien sabida y aplicada de la Universidad, que es muy frustrante para quienes inocentemente pensamos que tendríamos un defensor que velaría por nuestros derechos, sobre todo por quien se supone debe luchar por los derechos de las mujeres, como es la Defensora titular.

No importó en nada que nuestra Directora testificara los maltratos y que como prueba de lealtad el Contralor le exigía “destrozarnos”, que las trabajadoras hubiéramos acudido a denunciar que nos vigilaban, que nos exigían cumplir con horarios que no estaban estipulados en el contrato, que nos sobrecargaban de trabajo, que incluso sufrimos amenazas de que no somos personas de confianza del Contralor, que actualmente todavía se insiste para quienes laboran ahí, que pueden perder el trabajo en cualquier momento, que no pueden dejar su escritorio porque las observan constantemente, que las afectaciones de salud física y mental que varias trabajadoras han experimentado, sean motivo para que digan en la oficina de Contraloría que “están locas”. Que incluso exista comunicación con personas que forman parte de nuestro entorno social externo a la Universidad, para decirles que somos personas conflictivas.

Si la Universidad no modifica la manera en cómo hace frente a las violaciones de derechos humanos en su comunidad por parte de sus funcionarios, estas situaciones están destinadas a repetirse. En Contraloría es ya una forma de trabajo, solo basta conocer la movilidad que ha tenido el área en cuanto a contratación de trabajadoras y despido de estas, por renuncia, por no recontratación, o por procedimientos administrativos, todo durante el periodo del actual titular.

La Universidad no protege a las mujeres miembros de su comunidad de la violencia, estos hechos seguirán sucediendo, porque las que ahora escribimos, hemos laborado en momentos distintos, y coincidentemente hemos experimentado las mismas afectaciones.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el “acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades los hechos”, pues resulta necesario “que los sistemas de denuncia sean eficaces y deriven en una investigación real y seria, ya que de lo contrario carecerían de utilidad”.

Nuestras denuncias ante la Defensoría de los Derechos Universitarios fueron usadas como anzuelo, es decir, no sirvieron más que para hacer más visibles a las mujeres denunciantes y por lo tanto colocarnos en situación de vulnerabilidad mayor, lo que ha sucedido en casos en los que se llevó a cabo procedimientos administrativos con la consecuente rescisión laboral sin responsabilidad para la Universidad Autónoma Metropolitana, es decir, sin el pago de finiquito ni partes proporcionales que acentúa el estado de indefensión al privarnos de nuestros recursos económicos para en su caso, poder contratar un abogado para nuestra defensa, sin que este órgano defensor universitario hiciera algo para evitarlo. Ahora, las denunciantes somos señaladas, marginadas y algunas fuimos expulsadas de la comunidad universitaria con imputaciones falsas y fabricadas a modo en coalición de los funcionarios de esa Universidad y la violencia institucional y malos tratos a los que fuimos sujetas quedarán en la impunidad.

¡Basta de violencia machista e institucional en la UAM!

¡Exigimos destitución inmediata de nuestros agresores y veto de trabajo en cualquier institución pública!