A pesar del discurso de estar comprometidos con la erradicación de cualquier tipo de violencia y de pleno respeto a los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria, los hechos ocurridos como el despido de compañeras de la Contraloría General, quienes denunciaron y testificaron ante la Defensoría de los Derechos Universitarios violencia por razones de género, acoso laboral, discriminación y, en al menos dos casos, violencia sexual; muestran la cada vez más frecuente realidad que padecen las trabajadoras universitarias.

Adicionalmente, se ha propagado la práctica de acusar al personal trabajador universitario, sin pruebas, de actos de esa naturaleza y sin atenerse al procedimiento establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) por lo que son rescindidos de su relación laboral sin responsabilidad laboral para la UAM.

Desde la oficina del Abogado General y la Secretaria General de la Rectoría General de la Universidad, se ha instrumentado un mecanismo o procedimiento ajeno a lo que establece el pacto laboral que protege los derechos laborales de los trabajadores universitarios y con levantamiento de actas de hechos e imputaciones falsas, invierten los papeles, haciendo pasar a los victimarios como víctimas para de esta manera infundir terror y violentar los derechos laborales de las compañeras, dejándolas en la total indefensión.

A las compañeras se les privó de la reunión conciliatoria previa, establecida en la cláusula 5 del CCT y se les convocó a una supuesta “entrevista de investigación”, que en realidad es el acta administrativa que inicia la rescisión laboral. Es decir, no se trató de una entrevista y mucho menos de una investigación de los hechos, acusaciones, o faltas imputadas, como se les hizo creer, muy por el contrario, se ignoraron sus aclaraciones y se pasó por alto lo establecido en cláusula 6 del CCT: “no se podrá proceder sin que sea citado el trabajador y la representación sindical por escrito”.

Por lo que, sin más trámite, se pisoteó su dignidad y quedaron sin empleo. Por lo tanto, el procedimiento para imponer una sanción fue arbitrario, pues no se ciñó al pacto bilateral y las acusaciones falsas que les imputan no se ajustan al marco contractual o laboral. Así pues, en estos dos sentidos; violentar el procedimiento contractual e intentar equiparar actos o hechos considerados delitos con las causales de rescisión laboral, son hechos que ventajosamente vulneran, violentan y perjudican los derechos de nuestras compañeras trabajadoras.

Para la UAM las imputaciones falsas que a modo se orquestaron en contra de las trabajadoras, son equiparables a las causales de falta de probidad, injurias y violencia hacia compañeros de trabajo y en ningún ordenamiento legal, expresamente, se enuncian esas falsas imputaciones como causales de rescisión laboral.

La administración universitaria ha transgredido el espíritu del pacto laboral, violó el pacto bilateral y los derechos laborales de las compañeras puesto que aplicó a conveniencia para actos y acciones consideradas un delito, la LFT y el CCT como lo reconoce públicamente en sus comunicados. En el más reciente acepta sin tapujos y pretende convencer a la opinión pública con engaños de haber procedido de conformidad con la LFT y el CCT, para “resolver” o “erradicar” la violencia de género en la UAM.

El espacio universitario no está exento de esta cultura de violencia por razones de género. La actual estructura y marco normativo universitario carece de jurisdicción, legalidad y atribuciones formales para investigar, condenar y sancionar a quienes incurren en actitudes de violencia hacia las mujeres. Los hechos constitutivos de violencia de género, misoginia, discriminación, etc., no deben verse sólo a través de una política transversal con perspectiva de género, porque, además, hasta ahora como Universidad, no contamos un protocolo de aplicación general, instancias profesionales y suficiente personal capacitado para prevenir, atender y erradicar esta problemática.

Como comunidad universitaria debemos participar en la construcción y fortalecimiento de una cultura de respeto hacia las mujeres, tanto en el ámbito estudiantil, académico y laboral para gozar verdaderamente de un espacio universitario libre de violencia contra las mujeres.