El martes 27 de agosto de 2024, fue celebrada la última audiencia del juicio laboral de la compañera Sam contra de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), juicio donde la UAM pretendió fundamentar una rescisión laboral cuando ni siquiera llevó a cabo el debido proceso estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo de la UAM, que también rige a las y los trabajadores de confianza. En los hechos se trató de una arbitraria separación del puesto, sólo porque Sam se atrevió a denunciar el clima de hostigamiento y acoso sexual y laboral al interior de la Contraloría de la misma Universidad que afectaba a decenas de trabajadores y especialmente a las trabajadoras.

La compañera Sam, apoyó las quejas y denuncias que formularon varias trabajadoras, ya que desde 2016 prevalecía hostigamiento y acoso laboral y sexual de distintos funcionarios, apoyo que, aunado a la presión y denuncia política desde Libres y Combativas con la Campaña “Justicia para Sam”, consiguió que dos de esas trabajadoras fueran cambiadas de área.

En total violación al Contrato Colectivo de Trabajo de la UAM, en julio de 2022, la compañera Sam fue separada del empleo sin el debido proceso administrativo, es decir, de manera ilegal; sin medidas precautorias, y menos aún se realizó una investigación con perspectiva de género ni aplicación de protocolos.

Con mayor razón debían cuidarse el proceso tratándose de una universidad pública pagada con presupuesto federal, es decir, financiada por el pueblo trabajador; y que alega cuidar la equidad de género.

La compañera Sam, además de promover demanda laboral ante la Junta Especial 14 Bis de la Junta Federal ha acudido a todas las instituciones que deberían velar por los derechos de las y los trabajadores, a la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía), cuya queja sigue en curso, y también y ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Asimismo, en total desigualdad y obstrucción al derecho de acceso a la Justicia de Sam, la UAM ha fabricado evidencia para intentar engañar a diversas autoridades y favorecerse en el ámbito laboral, y en el ámbito penal para beneficiar al ex Contralor, al grado de incluso desviar el uso de los recursos públicos para el pago de corruptelas y coludirse con él aportándole supuestas evidencias aun sin tener ya relación laboral. Luego de la vinculación a proceso, ofreciendo como uno de los testigos a la persona titular de la secretaria general, Norma “N”, y poniendo a disposición todo tipo de recursos de la Rectoría través del servicio del Abogado General y el personal que de éste depende, con la absurda excusa de velar por el prestigio de la Universidad.

En todo ello, Libres y Combativas hemos denunciado pública y políticamente la violación de muchos de los derechos humanos más básicos de la compañera Sam y un sin fin de compañeras trabajadoras que han vivido o viven este calvario, como estar segura en su centro de trabajo o el derecho al trabajo mismo, por ello, exigimos a la Junta Federal un laudo que sea dictado con justicia considerando la violencia machista y laboral a la que fue sometida la compañera por meses.

También hemos denunciado a los servidores públicos corruptos de la misma Junta que han actuado con cinismo frente a nosotras. Las medidas disciplinarias que hemos obligado a realizar al Órgano interno para parar este tipo de prácticas, han favorecido a trabajadores de otras instituciones educativas. En el caso de la UAM, ésta se vio obligada a solicitar la renuncia al entonces Contralor, mediante convenio que implicó una sustantiva “indemnización económica”, iniciando una cascada de renuncias de otros trabajadores y funcionarios universitarios implicados en la injustificada separación laboral de Sam, sin embargo, la UAM nunca ha reconocido qué le motivó a realizar estos movimientos.

Gracias a toda esta campaña arrebatamos la vinculación a proceso del ex-contralor, cuyo proceso sigue por abuso sexual agravado. Ante nuestro avance, la estrategia del agresor ha sido dilatar el proceso promoviendo hasta tres juicios de amparo, sabiendo que las instituciones de justicia operan de su lado, sin embargo, hasta el momento no ha conseguido echar atrás lo que hemos avanzado, y pese a que también desde la Abogacía General de la Universidad, se le ha permitido el prefabricar “evidencia” para su defensa; una vergüenza absoluta tratándose de una universidad pública y autónoma.

Este hecho evidencia como los altos funcionarios de esta universidad, como de muchas otras, se creen dueños de ellas, y actúan como patrones disciplinando a quien le obstruya su “negocio particular”, por ello nos quieren calladas y sumisas, tanto a las trabajadoras como al conjunto de la comunidad universitaria.

Tras el paro histórico con cierre de instalaciones de la UAM, por hasta dos meses en el año pasado, que cimbró a la universidad, las autoridades intentaron engañarnos con palabras bonitas, “disculpas públicas”, protocolos deficientes, etc. Empero, y en los hechos no habido avance real, todo lo que hemos arrebatado ha sido pese a su resistencia.

Al mismo tiempo la universidad se vanagloria de despidos de agresores en procesos totalmente irregulares y opacos. Ha sido evidente la incapacidad de los funcionarios de la UAM para abordar estos temas, su falta de voluntad y que ellos mismos que deberían velar porque la violencia machista no exista dentro de las escuelas, son los mayores agresores. Sí han tenido que aplicar instrumentos de carácter internacional, no ha venido de la buena voluntad, sino de la presión y la cada vez mayor y mejor organización por parte de toda la comunidad universitaria que ha dado la lucha para evitar que la violencia machista sea el pan de cada día al interior de las aulas y centros de trabajo, y evitar que esta violencia sea una razón de marginación de cientos de miles de mujeres en estos espacios.

Exigimos que la Junta Federal dicte un laudo ya favorable para Sam, que no se limite a la indemnización, si no a su reinstalación en su puesto de trabajo, devolviéndole el pleno goce de sus derechos laborales. También exigimos que acabe ya la impunidad y el Juez de lo penal dicte una sentencia ejemplar.

¡Exigimos al Colegio Académico de la UAM el análisis y respuesta a la alternativa ofrecida en marzo de 2024 con la que pudieran encontrarse las medidas y soluciones que el caso de Sam merece!

¡Exigimos a la Junta 14 Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje un laudo reconociendo la violencia machista de la que fue presa!

¡Exigimos a la Fiscalía de la Ciudad de México una sentencia ejemplar de al menos 30 años ante el abuso de autoridad y la vulnerabilidad de la víctima!

¡Exigimos a la magistrada Estrever adscrita al Octavo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, resolver con perspectiva de género confirmando los razonamientos de los Jueces en su legal determinación!