El caso de Esmeralda, la niña indígena queretense embarazada producto de una violación, quien tras abortar espontáneamente fue acusada de homicidio por la fiscalía estatal (que, a su vez, exigió tres años de prisión para Esmeralda, así como que le pagara medio millón de pesos a su violador como compensación del daño), es uno de los grandes horrores del sistema de (in)justicia mexicano, sumamente racista, clasista y patriarcal.
Querétaro históricamente ha sido gobernado por la ultraderecha, siendo un bastión del PAN desde hace treinta años. Es también uno de los 20 estados que aún no despenalizan el aborto, motivo por el cual, al abortar Esmeralda en la clínica de Huimilpan, los médicos la denunciaron ante el Ministerio Público.
El metaperitaje (peritaje realizado al peritaje de la fiscalía de Querétaro) reveló que la fiscalía, debido a la ineptitud de los peritos, había aportado datos imprecisos y érroneos al conformar la carpeta, por ejemplo, la hora del aborto; asimismo, había mentido al decir que había nacido vivo un bebé de entre 36 y 38 semanas de gestación y que la causa de muerte había sido asfixia por estrangulamiento, cuando en realidad el producto había muerto en el vientre de la niña días antes del aborto espontáneo. Esto demuestra, una vez más, la degradación del sistema de justicia a nivel nacional, y la facilidad e impunidad con la que se puede manipular por completo una carpeta de investigación.
A raíz de la intervención de Citlali Hernández, Directora del Instituto de la Mujer, la Fiscalía General de Justicia de Querétaro desistió de la acusación por delito de homicidio contra Esmeralda. No podemos dejar de lado que la intervención de Citlali Hernández, dictada por la actual presidenta, se debió a la mediatización del caso por la indignación que generó y la rápida movilización de colectivas feministas en redes sociales, y por supuesto, por la hábil difusión de información que dió Adax Digitales, la colectiva que llevó el caso de Esmeralda.
El fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, la fiscal que integró la carpeta de investigación del caso, Margarita Luna Téllez Girón, así como sus auxiliares periciales, son los grandes responsables de la ignominia de la que fue víctima Esmeralda, pero no los únicos, pues son tan sólo una muestra del tipo de funcionarios y servidores públicos de los cuales depende la impartición de justicia. Por ello, este caso es también un llamado a emprender una transformación de los sistemas judiciales locales, ya que desde ahí se coarta la justicia a las víctimas y sus familias.
Lamentablemente, Esmeralda no es la única víctima de abuso sexual infantil y del machismo enquistado en el sistema de justicia. En México, tan sólo en 2023, cerca de 7,500 niños y niñas de entre 12 y 17 años fueron víctimas de violencia sexual, de las cuales 9 de cada 10 fueron mujeres. Y estamos hablando de que, además, la mayoría de estos casos de abuso sexual no recibieron justicia, y que inclusive se pudo haber revictimizado y criminalizado a la víctima, como a Esmeralda, pero son casos de lo que nadie supo y quedaron en la total impunidad. Mientras no se despenalice el aborto a nivel nacional, casos inauditos como el de Esmeralda, que nunca debió ocurrir, se repetirán.
Ante este escenario, es imperante aumentar los esfuerzos para despenalizar el aborto a nivel nacional y crear los mecanismos que sean necesarios para garantizar el aborto gratuito, seguro y universal para todas las personas gestantes en México. Dentro del movimiento feminista existe la fuerza para lograrlo y es urgente que esa fuerza se refleje en las calles. La conquista de la legalización del aborto no será una concesión del gobierno, sino algo que arrebataremos como producto de una lucha, como lo han sido todas las conquistas de la clase trabajadora y particularmente de las mujeres.
