El pasado 16 de septiembre, en el inicio de su gira de agradecimiento, Andrés Manuel declaro que “por la situación de bancarrota en que se encuentra el país que no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero que quede claro: sí vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña”. Estas declaraciones desataron una alarma por las posibles reacciones en los mercados financieros por lo que incluso Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, desmintió a Obrador con la clara intención de disminuir las presiones y reducir los riesgos en los mercados.
Sin duda las declaraciones de Obrador revelan parte del problema de la deuda, que ha crecido alrededor de 15 puntos del PIB entre 2013 y 2016. Incluso según los datos de la Secretaria de Hacienda, la deuda pública federal ascendió en 2017 a 194 mil billones de dólares, lo que representa el 46.2% del PIB, es decir, el gobierno que recibirá López Obrador, tendrá una deuda por poco menos dela mitad de la producción nacional. Sin embargo, dada la política de conciliación de clases por él impulsada, estas declaraciones son también una justificación previa sobre las promesas incumplidas de campaña, aun antes de haberlas impulsado. Nada extraño si miramos los reveses de su política en los meses transcurridos después de la elección, en los que se ha desdicho de algunas de las medidas progresistas planteadas en campaña.
Lo anterior significa que la administración federal ha recurrido al endeudamiento como medida para el financiamiento de las inversiones públicas, pero fundamentalmente para su funcionamiento. Esto no quiere decir necesariamente que la economía mexicana se encuentre al borde del colapso, como algunos apologistas de la catástrofe han querido indicar. Por supuesto que una crisis en la administración pública, puede desatar o catapultar una crisis económica, como ocurrió en 1982 con la caída de los precios del petróleo, ingreso que se había convertido en la pieza clave del crecimiento económico y del gasto público en la década precedente, o en 1994 en que la cobranza masiva de los bonos de deuda gubernamental o Tesobonos significó una caída en el tipo de cambio y la huida de 9 mil millones de dólares del país.
Según el Banco de México en el segundo trimestre del año se ha observado una contracción del PIB, especialmente industrial y agropecuario, así como una reducción en el dinamismo de otros sectores en comparación con los dos trimestres anteriores. Destaca especialmente la reducción de la producción minera y la desaceleración en la construcción. Lo cual ha significado una revisión a la baja de la perspectiva de crecimiento. Pasando del esperado de entre 2 y 3% a entre 2 y 2.6%. Aunque al mismo tiempo señala una tendencia positiva del consumo, especialmente de bienes nacionales. Por su parte en la inversión se observa una reducción de la financiación de las fuentes externas de 4.2 y 4.1% en 2013 y 2014, a 1.3% en 2017 y 2018. Compensada con las fuentes internas y con menor absorción de recursos del sector público. El INPC registró una inflación general 4.81%, resultado principalmente de los incrementos en los precios de los energéticos, en particular las gasolinas y el Gas LP.
Lo cual propicia una mayor volatilidad del peso, y una mayor depreciación, con un deterioro del balance de riesgos para la inflación. La política monetaria se utilizará para alcanzar el objetivo de 3% de inflación anual para 2018, aun con el incremento en las expectativas de la misma.
Este es el escenario en el que Obrador impulsará una serie de medidas que de modo temporal podrían reducir las contradicciones económicas e incluso tener efectos aparentemente positivos en los indicadores económicos. Nos referimos a las medidas administrativas como la reducción de los salarios de funcionarios, con lo que busca reducir el gasto corriente de la administración pública y así incrementar los activos públicos para el impulso de las medidas keynesianas que buscan incrementar los ingresos indirectos como los apoyos a adultos mayores. O las becas para estudios universitarios y capacitación para el trabajo, que supondrán una inversión de 110,000 millones de pesos. La capacitación para el trabajo es de particular interés pues supone la capacitación en las empresas de 2.3 millones de jóvenes. Es decir, el gobierno pagara a las empresas por la capacitación y el trabajo que efectúen esos 2.3 millones de jóvenes, que recibirán las empresas. Lo cual explica porque a diferencia de otras iniciativas de Obrador, esta ha sido recibida con los brazos abiertos.
El gobierno de Obrador se enfrentará en ese sentido al legado de los gobiernos de derecha, que han endeudado al país, al tiempo que sin romper con el capitalismo pretenderá beneficiar a los más desfavorecidos sin incomodar a los grandes empresarios. Esta política de conciliación impulsara nuevas contradicciones de carácter económico y político que se irán acumulando, por lo que si bien en el mediano plazo parecerá una gran labor a largo plazo se verán los efectos de la política de conciliación de clases en un escenario muy similar al que atraviesan hoy Argentina o Brasil.
