El pasado 8 de septiembre el titular de la Secretaria de Hacienda, Agustín Carstens, entregó al poder legislativo la incitativa de presupuesto de egresos e ingreso del Estado para 2009. Nada nuevo, lo de siempre: ninguna orientación por parte de la política presupuestal que ponga como prioridad las necesidades de las familias trabajadoras de la ciudad y el campo. Para los más pobres la misma historia: las migajas que se caen de la mesa de la burguesía por medio de los demagógicos y electoreros programas públicos como Oportunidades y otros de la Secretaria de Desarrollo Social. Para estos rubros el gasto, en relación al 2008, se incrementó en 42.9 y 25.9% respectivamente.
Pero otra apuesta demagógica de Calderón, quien tiene muy en cuenta las elecciones intermedias del 2009, es la seguridad. Este es un tema del cual Calderón espera magníficos dividendos políticos, pero que de paso le proporciona la oportunidad y los pretextos necesarios para fortaleces y endurecer su política represiva. Para las diferentes dependencias públicas relacionadas con esta área (ejército, policía, ministerios públicos, jueces, espionaje, cárceles, etcétera) el incremento en total es del 39.9%, siendo este superior al de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, para la cual, en comparación del año en curso, su presupuesto se reducirá en 9.4%.
La prioridades son claras, endurecer el aparato represivo del Estado a costa incluso de descuidar aún más a una dependencia sobre la cual formalmente debería recaer la responsabilidad de impulsar la infraestructura y condiciones más favorables para el desarrollo de la producción agrícola. Esta medida por sí misma contradice a sobremanera la demagogia de Calderón con su campaña medidita Para Vivir Mejor. El recorte del gasto de la SAGARPA afecta directamente a las ya de por sí difíciles condiciones de vida de los campesinos, pero del mismo modo ahondará la dependencia alimentaria viéndose México obligado a hacer mas importaciones en este terreno, encareciéndose más la vida.
Pero si de prioridades se trata, las relacionadas con el pago de la deuda pública (interna y externa) juegan un papal más que destacado en la propuesta de gastos del Estado. El pago de la deuda no es otra cosa que el traslado de dineros públicos a las bóvedas de los bancos privados, nacionales y extranjeros, para beneficio de estos. Para amortizar la deuda, el gobierno gastará el año entrante 305 mil millones de pesos. En términos comparativos, esa cantidad es 65% superior a la que se propone destinar a la Secretaría de Educación Pública, mil por ciento mayor a los recursos que se asignarán a la UNAM y 2 mil 500 % más grande que el que se destinará al IPN. Con esta política, la bancarrota educativa del país no tiene ninguna clase de remedio.
La propuesta de Calderón para los ingresos y egresos del Estado en 2009, aún tiene que ser debatido y resuelto por los legisladores; lo más probable es que sufra alguna clase de modificación tras su aprobación, sin embargo lo más seguro es que no haya ningún cambio significativo, mucho menos de fondo. De ello se encargarán las fracciones parlamentarias del PAN y el PRI, apoyadas estas por el ala de derechas del PRD en las cámaras organizada en Nueva Izquierda y dirigida por Jesús Ortega y Ruth Zavaleta.
Obligar al Estado a que invierta más en la educación pública, en el desarrollo del campo, en vivienda social, en obras de beneficio social, etcétera, pasa por ejercer una enorme presión en las calles movilizándose de manera unificada con los diferentes sectores en lucha, enarbolando todas las demandas de los trabajadores del campo y la ciudad.
Por ejemplo, para asegurar una mayor y significativa inversión pública en todos aquellos rubros que tienen que ver con las principales necesidades del pueblo trabajador es necesario cancelar la deuda pública la cual, como un parásito, absorbe cuantiosos recursos que bien podrían emplearse para instalar cientos de nuevos hospitales, nuevas universidades; para desarrollar radicalmente los sistemas de riego y subsidiar los insumos agrícolas; también se podrían incrementar por mucho las pensiones y dignificar con ello las condiciones de vida de todos los ancianos. Etcétera, etcétera…
Todos aquellos diputados y senadores del PRD, además del resto de dirigentes de ese partido que verdaderamente este comprometidos con los más pobres, deben convocar a la movilización y a la huelga general para obligar al PAN y al PRI a aceptar modificaciones para el presupuesto del 2009 en las que se vean más claramente representadas las demandas de los trabajadores y sus familias. Para dicho objetivo, el PRD y los sindicatos tiene que lanzar un frente único que unifique y organice los esfuerzos de la clase trabajadora y los campesinos, y lanzarse de manera decida a luchar contra la política de Calderón.
