Para defender los puestos de trabajo y garantizar la función social de las cajas hay que nacionalizar todo el sector financiero
El año 2010 se presenta particularmente duro para los trabajadores de las cajas de ahorro. Como consecuencia del proceso de fusiones en curso, en los próximos meses se cerrarán 1.500 oficinas, y la previsión de los analistas financieros es que en los próximos cuatro años se cerrarán 5.000 oficinas más.
Para defender los puestos de trabajo y garantizar la función social de las cajas hay que nacionalizar todo el sector financiero
El año 2010 se presenta particularmente duro para los trabajadores de las cajas de ahorro. Como consecuencia del proceso de fusiones en curso, en los próximos meses se cerrarán 1.500 oficinas, y la previsión de los analistas financieros es que en los próximos cuatro años se cerrarán 5.000 oficinas más.
La destrucción de empleo va a ser considerable. Las cifras de despidos previstos son el peor ataque que hayan sufrido jamás los trabajadores del sector. Las cajas gallegas, envueltas en un problemático proceso de fusión, prevén 1.500 despidos. Dos de las cajas de Castilla y León, Caja España y Caja Duero, quieren deshacerse de 1.400 trabajadores. Y también las dos fusiones previstas entre cajas catalanas van a destruir empleo: la fusión liderada por Caixa Catalunya implicará 1.300 despidos, y la que afecta a las cajas de Girona, Sabadell y Manlleu añadirá 630 despidos más.
FROB, dinero público para reflotar entidades financieras
Este ataque al empleo no ocurre de forma aislada. Forma parte de un amplio plan de reestructuración del sector de Cajas de Ahorro, que ha estado paralizado durante más de seis meses hasta que la Comisión Europea aprobó, el pasado 28 de enero, el funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Este fondo, que es un nuevo capítulo en las operaciones de rescate de entidades financieras a costa del bolsillo de los ciudadanos, fue aprobado por el gobierno de Zapatero en junio de 2009, y su objetivo es sostener con dinero público un gigantesco plan de fusiones entre las actuales 45 cajas de ahorro, para reducirlas a la cuarta parte. A través del FROB, el Estado aportará hasta 90.000 millones de euros, de los que ya se han desembolsado 13.000, para reflotar a entidades financieras dañadas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Porque, a pesar de la propaganda sobre la inminente recuperación económica y sobre la solidez de la banca española, las consecuencias de la crisis del capitalismo iniciada en 2007 no sólo no han desaparecido, sino que sus peores efectos están aún por venir. Y son precisamente las cajas de ahorro quienes han quedado en peor situación a causa de los ingentes recursos que invirtieron en el sector inmobiliario durante los años del boom.
Las cajas sobrepasaron con creces a los bancos en concesión de créditos al sector del ladrillo. Mientras que la banca dedicó a ese sector 424.000 millones de euros, las cajas, a pesar de que sus activos son sólo una pequeña fracción de los activos de la banca, invirtieron nada menos que 608.000 millones. Y como consecuencia, al estallar la burbuja las cajas se han encontrado con un volumen de créditos potencialmente fallidos que aboca a muchas de ellas a la quiebra.
Inmenso agujero
A cierre de 2009, se estimaba que una gran parte (166.000 millones de euros) de la deuda de promotores inmobiliarios con las cajas estaba respaldada por garantías dudosas. La inmensa mayoría de estos promotores, entre los que están los protagonistas de las quiebras más sonadas de 2008 y 2009, no pueden pagar siquiera los 8.500 millones de intereses anuales que sus deudas generan. Para intentar rebajar el impacto que esta situación provoca en sus cuentas, y para mantener en límites aceptables sus índices de morosidad y solvencia, las cajas se han lanzado a adquirir inmuebles afectados por créditos fallidos. De esta forma han conseguido un doble resultado: con el importe de la venta cancelan la deuda, y, además, ralentizan la caída de precios de los inmuebles, evitando así la depreciación de sus activos y del valor de las garantías reales aportadas por los promotores.
Pero estos artificios contables tienen fecha de caducidad y la dura realidad se acaba imponiendo. El maquillaje de la contabilidad y la acumulación de viviendas vacías no resuelve ni los problemas de liquidez, ni el encarecimiento de la financiación, imprescindible para afrontar las renovaciones de la deuda de las cajas con otras entidades financieras, que desde el pasado 15 de diciembre, cuando finalizó la vigencia del aval estatal a las emisiones de deuda de las entidades financieras, se tiene que realizar a precios de mercado.
Por ello, las cajas de ahorro han tenido que empezar a vender urgentemente sus pisos (Caja Madrid ha lanzado una web dedicada a este tema) y se plantean iniciar durante 2010 la venta de sus participaciones bursátiles, que ascienden a 34.500 millones, y suponen el 5% de toda la capitalización de la bolsa española.
Pero estas medidas de urgencia sólo sirven para cubrir una mínima parte del inmenso agujero creado durante la época del boom. Para sanear definitivamente al sector sería necesaria una gigantesca ampliación de los planes de rescate que ya se han aplicado al sector bancario, pero esa posibilidad está cada vez más lejana después de que la Comisión Europea haya limitado severamente el alcance del FROB, debido en gran medida a las presiones del sector bancario.
La banca al acecho
Tradicionalmente, la banca y las cajas han estado enfrentadas por hacerse con un trozo mayor del mercado financiero. Durante los años de prosperidad, este enfrentamiento se mantuvo soterrado, pero la gravedad de la crisis ha roto ese equilibrio inestable. Desde el sector bancario, tanto español como europeo, se ha exigido a la Comisión Europea que impusiese condiciones leoninas a las cajas de ahorro que se acogiesen al FROB: intereses del 7,75% anual, devolución de los créditos en cinco años, límite de ayudas fijado en sólo el 2% de los activos ponderados por riesgo... Los bancos han visto en el segmento de mercado que monopolizan las cajas una oportunidad de expandir su negocio, y no han querido desaprovecharla. Además, la aprobación del FROB ha coincidido con la publicación de los últimos datos sobre las cuentas del Estado español. Estos datos revelan que el déficit público está descontrolado, y han obligado al gobierno a anunciar un plan de ajuste de 50.000 millones de euros, en medio de una creciente desconfianza de los países más ricos de la Unión Europea sobre la capacidad de Zapatero para evitar un hundimiento de las finanzas del Estado español similar al de Grecia. En estas condiciones, ampliar el déficit público para salvar a las cajas de ahorro está totalmente descartado, de modo que el peso del ajuste tiene que recaer directamente sobre los trabajadores.
Puede parecer sorprendente que esta situación ocurra en un sector que alardea de su carácter "social" e incluso "benéfico". Es cierto que las cajas tiene un estatus legal muy particular. A diferencia de la banca tradicional no tienen accionistas, sino que son fundaciones creadas por instituciones públicas (ayuntamientos y diputaciones) o por entidades como la Iglesia Católica. Supuestamente, las cajas no tienen ánimo de lucro, sus políticas de inversión y concesión de créditos están inspiradas por el interés general, y sus beneficios se dedican a lo que llaman "Obra Social".
¿Entidades ‘benéficas' y ‘sociales'?
Obviamente, la realidad no guarda ningún parecido con tan elevados principios. Las cajas operan exactamente igual que la banca (dedicando, eso sí, algunas pequeñas cantidades a actividades sociales para guardar las apariencias), y su sed de beneficios es similar a la de los más codiciosos tiburones financieros. Y su vinculación a la empresa privada no es una novedad. Durante la expansión económica de los años 60, a raíz del Plan de Estabilización, las cajas empezaron a jugar un papel importante en la financiación de la actividad industrial y comercial. A través de las instituciones del estado franquista, diversos grupos de interés privados fueron tomando el control de las cajas para hacer uso de sus importantes recursos financieros en interés propio.
En 1985, el gobierno del PSOE aprobó una nueva Ley de Cajas, que sigue en vigor. Esa ley no cambió en lo más mínimo la vinculación real de las cajas con diversos grupos empresariales, pero, al conceder amplias competencias en el gobierno de las cajas a las comunidades autónomas, sentó las bases para que las cajas se convirtiesen en una extraordinaria herramienta para que los gobiernos autonómicos creasen redes clientelares. Gran parte de los conflictos surgidos en el proceso de fusiones tiene que ver con la resistencia de dirigentes políticos, de cualquier partido, a perder una fuente de poder tan importante. El esperpento organizado en torno a la lucha de Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón por el control de Caja Madrid es un buen ejemplo de esta situación.
Y también Caja Madrid es un buen ejemplo de la inutilidad de la participación de la izquierda en las cúpulas de las cajas cuando se hace con una perspectiva de "gestionar bien el sistema". Los representantes de PSOE e IU en el consejo de Caja Madrid han acabado apoyando al candidato del PP, Rodrigo Rato, después de implicarse a fondo, y de forma vergonzosa, en las batallas subterráneas que los dos sectores del PP han llevado a cabo.
Lo mismo ocurre con los sindicatos. La política de intentar defender el empleo de forma aislada en cada caja, apoyando a sus actuales gestores para que ganen cuota de poder, con la esperanza de que así podrá mantenerse el empleo en la caja propia, a costa, inevitablemente, de los trabajadores de otras cajas, es la vía más segura para una completa derrota.
Los sindicatos de clase tienen que afrontar el problema
La defensa del empleo en las cajas pasa por unificar a los trabajadores del sector, por encima de las barreras artificiales de la comunidad autónoma o la provincia. La alternativa de los sindicatos de clase tiene que afrontar el problema fundamental de las cajas, que es determinar al servicio de quién están. Si las cajas van a seguir siendo parte del mundo financiero capitalista, la suerte de sus trabajadores va a ser muy dura. Los despidos previstos serán sólo el principio. Las medidas legislativas en marcha (asignación de derechos políticos a los titulares de cuotas participativas, regulación de los SIP para acercar las cajas a la estructura jurídica propia de un banco, etc.) anticipan que el destino final de las cajas es que sus recursos sean absorbidos por la banca, y que una buena parte de sus puestos de trabajo, simplemente, desaparezca.
En cambio, unas cajas al servicio de las necesidades de ahorro y crédito de las familias, de los trabajadores autónomos, de los pequeños comerciantes y los pequeños empresarios, puede asegurar el mantenimiento del empleo. Pero ese tipo de caja de ahorro no es compatible con la existencia de un sector financiero privado. Las cajas sólo pueden salvarse si se incorporan a un sistema de banca público, formado a partir de la nacionalización de todo el sector financiero, sin indemnización alguna y bajo el control de los trabajadores. Con ese tipo de sistema bancario, en un sistema socialista, regido por la planificación democrática de la economía al servicio de las necesidades de los trabajadores y sus familias, los recursos que hoy se dedican a enriquecer obscenamente a una minoría se pondrían al fin al servicio del desarrollo social.
