El 12 de septiembre el multimillonario presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretaba la eliminación del subsidio al diésel. Esta medida incrementa el precio de la gasolina un dólar por galón, golpeando duramente a millones de trabajadores y campesinos, sumándose a otros ataques que han precarizado la calidad de vida de la clase obrera y campesina del país suramericano, como los recortes en sanidad y educación o los cortes de electricidad de hasta 8 horas diarias, producto de la desinversión y privatización paulatina de la empresa eléctrica pública por el Gobierno.
A todo ello se suma el aumento de la inseguridad, con una tasa de homicidios que ha subido un 40% en el primer semestre del 2025, dejando en evidencia que los estados de excepción a los que recurre constantemente Noboa desde su llegada al poder no han hecho más que agravar la situación.
Todas estas circunstancias derivaron en el llamado a manifestaciones de diferentes grupos opositores al Gobierno de este multimillonario bananero vinculado a la ultraderecha global.
El 18 de septiembre la Asamblea de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) convocaba paro nacional indefinido exigiendo la derogación del Decreto que elimina la subvención al diesel, la reducción del IVA y otras medidas contra las subidas de precios, el aumento de los presupuestos en sanidad y educación, la revocación de licencias a multinacionales mineras en zonas ecológica y socialmente sensibles y rechazando diferentes ataques a los derechos democráticos.
La Unión Nacional de Educadores (UNE), las dos principales centrales sindicales y diferentes organizaciones populares y partidos de izquierda daban su apoyo al paro.
Militarización y represión salvaje
Dos días antes de que el paro fuese convocado, Noboa ordenaba la militarización de 7 regiones intentando atemorizar a la población para impedir una respuesta masiva a sus ataques. A pesar de ello, la huelga tuvo uno de sus seguimientos más masivos en la provincia de Imbabura, una de las militarizadas, y otras regiones del norte, donde hay mayores porcentajes de población indígena.
El Estado ecuatoriano respondió con una represión brutal contra los pueblos en resistencia. Siguiendo el manual de la extrema derecha, Noboa envió al ejército a controlar las protestas con el objetivo de aislarlas en el norte.
Los efectivos militares mataron a un comunero con un disparo en la espalda y apalearon a un compañero, que intentó auxiliarlo, durante veinte minutos. Esta agresión, y la salvaje actuación de la policía y el ejército deteniendo a decenas de personas y acusándolas de terrorismo (algunas de las cuales permanecen desaparecidas) fue grabada por los manifestantes. La difusión del video indignó a centenares de miles en todo el país.
La brutalidad contra la huelga en las regiones indígenas no pudo impedir que se extendiera a otras provincias, incluyendo la capital Quito, donde estudiantes, transportistas, maestros y trabajadores de otros sectores protagonizaron manifestaciones masivas.
Noboa respondió movilizando a su base social, convocando actos en su apoyo en Quito y otras ciudades a partir del 4 de octubre -con una participación bastante limitada- y con un nuevo decreto extendiendo la militarización a diez regiones.
La represión, que ha dejado tres víctimas mortales reconocidas oficialmente, centenares de heridos y al menos 120 detenidos, se combinó con una campaña de criminalización contra la huelga que incluyó la denuncia, el 7 de octubre, de un supuesto atentado contra Noboa por parte de manifestantes indígenas.
Esta mentira se cayó con el pasar de las horas por la aparición de videos que demostraban que su vida nunca estuvo en peligro y fue una provocación del propio Noboa, que ordenó a alrededor de 100 vehículos militares de su caravana embestir una zona cortada por manifestantes, llevándose por delante los bloqueos y amenazando la seguridad de decenas de personas. Cuando estas se defendieron con piedras y palos de la agresión, el régimen ultraderechista lanzó el bulo de un atentado con disparos contra Noboa que nunca ocurrió.
Fin del paro y nueva ofensiva de Noboa
No es la primera vez que el presidente ecuatoriano, para justificar la represión como herramienta para sostenerse en el poder, recurre a este tipo de mentiras. Por eso resulta aún más escandaloso que dirigentes de la izquierda reformista latinoamericana como el presidente colombiano Gustavo Petro, o el brasileño Lula, que conocen bien los fakes de la extrema derecha, en lugar de denunciar la represión de Noboa contra el paro le mostrasen su apoyo, condenando “el atentado” a través de sus cancillerías sin verificar la información.
Esto sirvió al Gobierno ultraderechista para seguir criminalizando la lucha y sembrar la máxima confusión entre sectores atrasados de las masas dentro y fuera de Ecuador.
Como parte de esta estrategia combinando la represión con las maniobras para abrir una brecha en el seguimiento y apoyo del paro, el ministro de Interior, John Reimberg, apareció en televisión el 15 de octubre firmando con algunos líderes indígenas de Imbabura, epicentro de la lucha, un acuerdo dando por terminado el paro y planteando el desbloqueo inmediato de las carreteras cortadas.
El Gobierno implicó a la Iglesia local y a un exdirigente del partido opositor de izquierda Revolución Ciudadana que se ha pasado al bando de Noboa: Fausto Jarrín, antiguo abogado del expresidente Correa.
Con ello buscaban dar “cobertura progresista” a un acuerdo que solo contenía promesas sin concretar que ya han sido incumplidas, como constituir una mesa de negociación (sin presencia de la CONAIE y demás convocantes del paro) para discutir la “mejora de las condiciones de vida” en Imbabura, “debatir la congelación del precio del diésel y alternativas al actual subsidio” (que ha acabado en un sistema de bandas que permite la subida de precios mientras el subsidio ha sido eliminado) y una “investigación” de las muertes causadas por la represión que, como era obvio que pasaría, ha quedado en nada.
La CONAIE llamó a mantener el paro, denunciando este acuerdo como una maniobra. Sin embargo, tras un mes de lucha, con una campaña mediática salvaje presentando a quienes se oponían al mismo como criminales y el Gobierno amenazando con ordenar al ejército actuar sin contemplaciones en Imbabura y otras regiones si continuaban los cortes de carreteras, el 22 de octubre la CONAIE desconvocaba el paro, llamando a organizar asambleas en cada zona para reorganizarse y continuar la lucha contra los próximos ataques que ya ha planeado el Gobierno de Noboa, empezando por una reforma constitucional para concentrar más poder en sus manos.
Echar al Trump ecuatoriano con una política revolucionaria
La eliminación del subsidio al diesel es la punta de un iceberg que se completa con la solicitud de un nuevo crédito de 4.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) (el tercero en 6 años) que compromete a Ecuador a cumplir sus condiciones draconianas, exprimiendo a la clase trabajadora y campesina, precarizando aún más todos los servicios fundamentales y ofreciendo los recursos minerales del país a las multinacionales estadounidenses.
Ecuador ha sido definido por EEUU como un punto estratégico para restablecer la base militar de Manta y construir una base militar en las Islas Galápagos, que le ayudaría a avanzar en el control del Pacifico en su disputa con China por recuperar posiciones en América Latina. Y especialmente en la batalla estratégica por el dominio de la costa del Océano Pacífico, clave para varios proyectos chinos intentando agilizar e incrementar aún más las inversiones e intercambios comerciales con Latinoamérica.
La nueva constitución que plantea Noboa devuelve las bases militares estadounidenses al país (prohibidas por la constitución de 2008) y concentrar aún más poder político en su Gobierno, eliminando controles judiciales y parlamentarios y mecanismos de consulta popular y golpeando los derechos democráticos.
Más del 50% de la reformas están dirigidas aumentar el poder de las fuerzas armadas y su inmunidad, así como a establecer mecanismos en la financiación y legalización de los partidos políticos, que marginarán a los partidos de izquierda e incluso podrían facilitar su ilegalización.
El régimen hará todo lo posible por ganar la consulta del 16 de noviembre para abrir paso a una Constituyente bajo su control e imponer esa nueva constitución. Utilizará los mismos métodos empleados contra el paro y los que también usó para asegurar la reelección de Noboa en las presidenciales celebradas en abril de 2025: la militarización del país, con la excusa de la lucha contra la violencia y el narco (que ellos mismos promueven), y la combinación de la compra de votos, el control de los medios de comunicación y las amenazas y asesinato de luchadores sociales.
Para enfrentar estos planes hay que basarse en la movilización y disposición a luchar que han mostrado las masas en el paro durante este último mes pero dotándola de una estrategia y un plan de movilización ascendente, que combata las maniobras y represión del régimen, y unifique claramente la defensa de los derechos democráticos y sociales amenazados con las reivindicaciones del movimiento indígena, obrero y estudiantil, los movimientos feminista y LGTBI, etc.
El programa de la izquierda no puede ser volver a las políticas de gestión reformista del capitalismo del correísmo, que aunque permitieron inicialmente a las masas arrancar mejoras con su lucha, acabaron cuestionadas por amplios sectores de la población ya que mantuvieron el control de la economía en manos de los capitalistas y las multinacionales mineras. Este dominio ha permitido a las grandes corporaciones lograr que se hayan llevado a cabo todos los ataques que han arrastrado a la crisis actual del país.
La crisis del capitalismo ecuatoriano no tiene solución bajo el capitalismo. Acabar con el saqueo de la oligarquía y las multinacionales, frenar la destrucción del medio ambiente y de las comunidades indígenas exige levantar un programa socialista que plantee claramente la expropiación y nacionalización bajo control obrero y popular de la banca, la tierra, las grandes empresas alimentarias (incluida la bananera de la propia familia Noboa) y los recursos mineros y petroleros del país. Eso permitiría planificar democráticamente la economía y satisfacer las necesidades del pueblo.
Hay que impulsar asambleas y comités de acción y autodefensa para impulsar la lucha contra la represión y los planes autoritarios del régimen ultraderechista en cada barrio, centro de trabajo y estudios y defender este programa revolucionario.
