El 25 de agosto las calles de Yakarta, capital indonesia, así como las principales ciudades del país —Surabaya, Bandung o Makassar— entre muchas otras, eran escenario de movilizaciones de masas y un estallido de ira de la población. La aprobación de una asignación de 50 millones de rupias, equivalente a 3.000 dólares y más de 10 veces el salario mínimo indonesio, como ayuda para la vivienda de los diputados del Parlamento fue la chispa que encendió la furia popular.
Y es que la ostentación del caciquismo y la corrupción de los parlamentarios han alcanzado cotas realmente increíbles. Los vídeos de los diputados recibiendo con bailes y música la aprobación de esta jugosa asignación que les proporcionaría, en total, un salario equivalente a 14.000 dólares mensuales, se hicieron virales. Tal y como denunciaron organizaciones estudiantiles y sindicales, la mayoría de los trabajadores indonesios perciben menos del 3% de ese monto mensual (no llegan a 420 dólares). No contentos con los bailes, algunos de ellos, como el millonario Ahmad Sahroni, dijo de los manifestantes que pedían la disolución del parlamento que eran “las personas más estúpidas del mundo”. La indignación general no pudo más.
La muerte del joven Affan Kurniawan, un repartidor de comida de apenas 21 años, aplastado por un vehículo policial en las protestas de Yakarta unos días después, no hicieron más que servir de combustible a las movilizaciones y la radicalización, que se extendieron por todo el país, recordando al inicio de la Primavera árabe, y provocaron los mayores disturbios desde la revolución que provocó la caída del régimen de Suharto en 1998.
La indignación se expresó contra los símbolos del poder estatal, empezando por la quema de comisarías, edificios gubernamentales como el Parlamento y en protestas multitudinarias ante las casas de los políticos más identificados con la oligarquía corrupta que domina el país, como el miembro del Consejo Representativo del Pueblo (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR), Ahmad Sahroni, y el ministro de Finanzas, Sri Mulyani, artífice de todas las políticas de austeridad y recortes. Yakarta se vio paralizada en la práctica, con avenidas y autopistas bloqueadas a pesar de la brutal represión, que se cobró más de 600 detenidos.
Affan fue la primera víctima mortal de la represión pero no la única. Según Amnistía Internacional, al menos diez personas murieron en los incidentes ocurridos entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre y, tal y como alerta la Comisión para las Personas Desaparecidas y Víctimas de la Violencia de Indonesia (KontraS), al menos 20 manifestantes permanecen desaparecidos.
La juventud a la cabeza del levantamiento
El asesinato de Affan ha tocado un punto sensible. Le ha puesto cara a la precariedad juvenil sangrante que han provocado las medidas de austeridad del Gobierno del presidente Prabowo Subianto y que se suman al descontento general, en un país donde casi el 60% de la fuerza laboral se mueve en la economía informal, con empleos precarios y en muchos casos, salarios por debajo del mínimo, una inflación desbocada y la represión creciente de un gobierno corrupto, completamente desacreditado y que ha perdido el contacto con la realidad de la miseria generalizada.
Este levantamiento no surge de un cielo azul sino que viene precedido de una larga estela de golpes a la clase trabajadora, a las capas medias y especialmente a la juventud, con un peso enorme en el país. Y es que en Indonesia, el tercer país más poblado de Asia, 44 millones de personas, es decir, un cuarto de su población, son jóvenes de entre 14 y 25 años. Ellos están siendo los más castigados, particularmente, tras la aprobación de recortes en educación, sanidad e infraestructuras y también una polémica reforma laboral dirigida a precarizar aún más las vidas de los recién llegados al mercado laboral. Aunque el paro juvenil, según los datos oficiales, es del 16%, alcanza cifras que doblan las de sus vecinos Tailandia y Vietnam.
Las protestas que comenzaron este agosto vienen precedidas de, al menos, otras cinco oleadas de movilizaciones masivas en las que la juventud ha sido la gran protagonista. En septiembre y octubre de 2019 fueron las medidas del Gobierno para despojar de atribuciones y poderes a la Comisión de Erradicación de la Corrupción las que encendieron las calles. En 2020, la aprobación de la llamada Ley Ómnibus sobre la Creación de Empleo, que facilitaba el despido y debilitaba la protección ambiental para las inversiones en recursos naturales. En agosto de 2024 fue el “Aviso de Emergencia”, un símbolo que se volvió viral en todo el país y sirvió de catalizador de protestas masivas contra cambios legislativos autoritarios que se impusieron, desautorizando las decisiones del Tribunal Constitucional. Y en febrero de este mismo año fueron las movilizaciones de “Indonesia oscura” las que extendieron el descontento a todo el país, bajo la dirección de los estudiantes de universidad —concretamente por la Unión de Estudiantes de toda Indonesia (BEM SI)—, contra los recortes en servicios públicos como la educación y la sanidad.
La bandera del popular anime japonés One piece, que trata sobre unos piratas que luchan por la libertad contra un gobierno opresor, se ha convertido en el icono de el actual levantamiento juvenil, que ha utilizado las redes sociales como TikTok de forma masiva para difundir vídeos y proclamas de forma viral. Cuando ganó las elecciones en 2024 el presidente Subianto —empresario de una de las familias más ricas del país y exmilitar que participó en la ocupación de Timor Oriental a mediados de los años 70 del pasado siglo y al frente de la brutal represión contra la oposición bajo la dictadura de Suharto— llamó a izar la bandera nacional en cada casa el 17 de agosto, día de la independencia, la población más joven decidió desafiarle.
Así, frente a los casi 100.000 despidos que han tenido lugar este año y las crecientes medidas represivas y autoritarias, sazonadas por el lujo y la ostentación de una élite económica corrupta y representada por los partidos de la política institucional, miles y miles exhibieron la bandera pirata en sus balcones.
No es extraño, por tanto, que con estos precedentes, la movilización juvenil haya encontrado un terreno fértil entre la clase trabajadora, a la que ha contagiado con el ejemplo de su fuerza y su arrolladora frescura, incorporando a algunas organizaciones sindicales como la Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI) a la lucha, exigiendo protección contra despidos masivos y contra la subcontratación, pero que no han dado el paso de convocar una huelga.
La fuerza del movimiento obliga a retroceder a Subianto
Ante la oleada de movilizaciones que han sacudido el país, al Gobierno no le ha quedado más remedio que hacer determinadas concesiones. El presidente Subianto apareció públicamente el 31 de agosto, arropado por todos los líderes de los principales partidos, llamando a la calma y afirmando comprender “las aspiraciones legítimas del pueblo”. Se han visto obligados a destituir a siete policías por el asesinato del joven repartidor y se promete una investigación en condiciones para depurar responsabilidades. También, el 8 de septiembre se destituyó al odiado ministro de Finanzas, Sri Mulyani. Pero lo cierto es que aunque estas medidas buscaban calmar los ánimos, vinieron acompañadas de un mensaje muy amenazante a los participantes en las protestas, a los que se acusaba de terrorismo y de traición.
Todos los partidos presentes en el Parlamento están colaborando plenamente con la estrategia de Subianto. Pretenden bajar la temperatura de un ambiente social incandescente. Y para ello hasta el Partido Democrático Indonesio de la Lucha (PDI-P), el único partido parlamentario que no forma parte del Gobierno, se está empleando a fondo. El anuncio de la retirada de las cuantiosas ayudas a los representantes de la Cámara fue realizado por Puan Maharani, dirigente del dicho partido y presidenta de la Cámara de Representantes.
Pero estos gestos no han apagado la iniciativa de la multitud de colectivos y organizaciones que siguen denunciando en las calles a los culpables de la penosa situación que afrontan las masas indonesias. Y es que el estado de ánimo general, que a través de una sociedad que bulle de hartazgo y malestar, se expresa en multitud de protestas que recorren el país y que tienen un punto en común: un rechazo completo a las instituciones burguesas, a los partidos que las forman, identificados con la explotación y la precarización más salvaje, el robo a manos llenas de los recursos públicos, la malversación y la represión. Algo que comparten con otros países vecinos del sudeste asiático cuya juventud también han protagonizado recientemente levantamientos revolucionarios o han estallado en movilizaciones multitudinarias contra las políticas de esa misma casta, que con diferentes nombres, gobierna en nombre del capital en cada país. Nepal, Filipinas, Tailandia, Bangladesh o Myanmar son buena muestra de este escenario.
Organizar la fuerza para echar a Subianto y acabar con la dictadura de la oligarquía
A pesar de lo limitado de los gestos del gobierno, lo cierto es que han sido una expresión de lo comprometido de su situación. Las organizaciones políticas y sindicales más importantes hicieron público un manifiesto unitario —conocido popularmente como 17+8— en el que exigían 17 demandas a corto plazo y otras ocho demandas a largo plazo. Entre las inmediatas figuran algunas como la retirada de los militares de funciones civiles, la liberación de los detenidos, la suspensión de los beneficios de la Cámara de representantes o que se garanticen condiciones laborales justas. El manifiesto pedía al presidente que se involucrara y pasara a la acción para garantizarlas, pero los días pasan y el presidente no parece tener la más mínima intención de hacer nada distinto a salvar los muebles para continuar con más de lo mismo.
Las reivindicaciones de este manifiesto recogen cuestiones muy sentidas en el movimiento pero lo cierto es que la radicalización que hemos visto en las calles no ha encontrado ni la expresión ni el programa que necesita en esta iniciativa. Es impensable concebir que Subianto o el parlamento actual vayan a salirse un milímetro del guión de la corrupción y el caciquismo que tanto ha beneficiado a la élite para la que gobiernan. Este levantamiento ha mostrado con claridad que existe fuerza de sobra para echar a este gobierno y para romper con el dictado de los grandes poderes económicos. Para lograrlo hace falta organizar a la juventud y a la clase trabajadora bajo un programa de ruptura con el capitalismo, que ponga los recursos del país a disposición de la mayoría y no del expolio de potencias como China —su principal socio comercial y con quien tiene una deuda de 55.000 millones de dólares en 2024— que imponen su propia ley a través de una élite con la que hace grandísimos negocios aplastando los derechos laborales y desvalijando los recursos naturales del país, como ocurre con el níquel, a costa de la miseria general.
Aunque las protestas hayan bajado, los problemas estructurales a los que se enfrenta la economía indonesia siguen presentes. Los planes de hacer pagar todo a la clase trabajadora también. Por eso es importante ver más allá de lo inmediato. La situación volverá a estallar. Hay que prepararse, recuperar las enormes tradiciones de lucha de la clase trabajadora indonesia y sobre todo, armarse de un programa socialista para transformar toda la fuerza que se ha puesto sobre la mesa en una victoria para los oprimidos y las oprimidas del sudeste asiático.
