Pilar de Borbón, Micaela Domec, esposa de Arias Cañete, Francisco Paesa, los Albertos, Fabra, Marina Ruiz, nieta de Picasso, y así una selecta lista que incluye celebridades como Vargas Llosa o Messi, jefes de Estado o primeros ministros como el argentino Macri, o el islandés Sigmundur David Gunnlaugsson; a 128 políticos (de los cuales nuestro ministro Soria ha sido de los últimos en unirse al convite), entre los que se encontramos el exdirector del FMI, Dominique Strauss Khan; a 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, entre ellos el padre de David Cameron, amigos íntimos del presidente ruso Vladímir Putin o el secretario personal del rey de Marruecos, Mohamed VI…

Ante semejante desfile de personalidades podría pensarse que se trata de la lista de invitados a una boda de la realeza o de la alta sociedad más exclusiva. En realidad, estos son solo algunos de los nombres que aparecen vinculados a las llamadas “sociedades offshore” y que la filtración de los llamados “papeles de Panamá” ha sacado a la luz.

Entre la documentación hay un ingente volumen de información que confirma lo que ya era evidente: ni hacienda somos todos, ni todos aportamos proporcionalmente al bien común. De hecho, los millonarios, no sólo aportan menos, o casi nada, sino que además lo hacen legalmente, como no se cansan de insistir muchos de los aludidos.

Porque lo más indignante de las revelaciones de los famosos “papeles de Panamá” no es el hecho de que una minoría de privilegiados, que acaparan en sus manos la riqueza generada por la mayoría de la sociedad, puedan defraudar al fisco, o eludir la ley a su antojo. Lo más indignante es que ni siquiera necesitan delinquir con más o menos guante blanco, porque lo que los muy ricos hacen a través de las “sociedades offshore” es, en la mayoría de los casos, impecablemente legal.

¿Qué son las sociedades offshore?

Básicamente son sociedades fantasmas cuyo único objetivo es poner el capital a buen recaudo. Se caracterizan por estar registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica o comercial. Estas compañías están controladas por empresas o ciudadanos extranjeros, que llevan a cabo sus negocios en otras partes del mundo y que utilizan el paraíso fiscal únicamente como domicilio legal de la sociedad.

Así es como una página financiera señalaba recientemente las ventajas de las offshore: “Las sociedades offshore están acogidas a regulaciones legales y fiscales muy favorables. Excepto una pequeña cuota de registro anual (que no suele superar los 200 dólares) las sociedades offshore no sólo están exentas del impuesto sobre sociedades, sino también de otros tributos habituales en la mayoría de los países, como el impuesto sobre el valor añadido (IVA), el impuesto sobre actividades económicas o el pago de contribuciones sociales.

A menudo también son utilizadas por sus propietarios, para eludir el pago de los impuestos sobre personas físicas. Entre los más importantes podemos mencionar el impuesto de sucesiones, el impuesto de transmisiones, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre la renta de las personas físicas o, en ocasiones, incluso los impuestos sobre vehículos...”.

Además de las ventajas fiscales, no se les exige tampoco la presentación de cuentas anuales, ni están sometidas a ningún tipo de regulación que les impida la participación en negocios, valores o fondos de inversión. Y pueden “volar” de un país a otro sin cesar su actividad.

En definitiva, las offshore son auténticos cofres del tesoro, y los países donde estas se radican, las cuevas donde los ladrones esconden esos cofres con la complicidad de la legislación internacional. Porque nadie puede creerse que países como Belice, Andorra, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, o las Seychelles, puedan ser viables económicamente si no es como servidores solícitos de los capitalistas internacionales que reclaman de ellos la labor de custodios del tesoro.

La guinda del pastel es la “estricta confidencialidad” que ofrecen estas offshore, pues los datos personales de accionistas y propietarios no figuran en ningún registro público. Así pues, no hay tampoco ningún control efectivo sobre el origen de esos capitales, que pueden venir de la trata de blancas, el tráfico de órganos, la venta de telefonía móvil o la herencia de la abuela. Entre caballeros la curiosidad es de mal gusto, y la honorabilidad se les supone.

Pero los paraísos fiscales no se encuentran sólo en diminutas islas, o países casi inexistentes, sino que la mayoría de países desarrollados mantienen su propia legislación que favorece de forma obscena a las grandes fortunas, y desarrollan incesantemente nuevas y originales formas para que los que más tienen paguen lo menos posible. Las famosas SICAV que tributan al 1% son solo un ejemplo de esta situación.

Doble rasero

Comparemos ese tratamiento con el que recibimos los trabajadores, con el control implacable del último de nuestros ingresos, con los gritos de indignación con los que tertulianos a sueldo del poder despellejan a ese fontanero que cobra el paro y ¡hace chapuzas! para llegar a fin de mes… ¡Qué descaro! ¡Qué falta de civismo la de tantos trabajadores que piden en el taller que no les hagan factura para evitar pagar el IVA! Y esas amas de casa que van a los servicios sociales a pedir una ayuda mientras trabajan limpiando portales en “la economía sumergida”. Así no se levanta un país.

Para comprender la magnitud de la podredumbre, legal y económica, del sistema capitalista que padecemos basta con una pequeña comparación. Los impuestos pagados por la hermana del Rey Juan Carlos, Pilar de Borbón, durante los 40 años que mantuvo su sociedad en Panamá ascienden en total a 6.100 euros. En ese mismo periodo de tiempo, un autónomo que facturara 1.000 euros al mes habrá pagado más de 160.000.

Y mientras por un lado los que más deberían pagar evaden impuestos de un capital más o menos legal, más o menos transparente dependiendo de los casos, los servicios sociales básicos se desmantelan por “falta” de recursos “públicos” con que sostenerlos. En el colmo del cinismo, los gobiernos a sueldo de los capitalistas vacían las arcas públicas del dinero que, con gran pericia recaudan mayoritariamente de los trabajadores y autónomos, para tapar los “agujeros” de la banca cuyos propietarios ocultan sus fortunas en paraísos fiscales exclusivos, no aptos para pobretones.

O saquean, como en el caso del gobierno del PP, la hucha de las pensiones, año tras año, para cubrir el “déficit estructural” mientras se decretan amnistías fiscales y se facilita el lavado de dinero de los delincuentes financieros. Desde que llegó al Gobierno, el PP ha extraído un total de 45.451 millones de euros, más de la mitad del fondo de reserva. Por si fuera poco, también ha utilizado 5.350 millones de los “excedentes” de las mutuas de accidentes de trabajo. Como señalaba Lenin en su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo en la fase decadente del capitalismo “el grueso de los beneficios va a parar a los ‘genios’ de las intrigas financieras”, y la enorme acumulación de capital perpetúa la pobreza de las masas llevando la desintegración social hasta el propio corazón del sistema.

Entretanto, la fiscalía actúa de oficio para denunciar y encarcelar sindicalistas, activistas sociales y titiriteros subversivos, mientras en la cima del mundo la fiesta continúa ininterrumpida. Da igual que robes, que quiebres una empresa o que defraudes millones de euros al erario público. Si lo haces a manos llenas, es probable que la ley sea comprensiva, que los procesos se alarguen, que las pruebas se desestimen o que el delito prescriba. Vamos con los ejemplos: si eres terrateniente y cometes un fraude con las subvenciones que te da la UE por valor de hasta 50.000 euros y, por fatalidades de la vida, Hacienda te pilla muy a su pesar, te enfrentarás a una pena de cárcel entre 3 meses y un año. Si eres un trabajador y se produce un incidente durante tu participación en una movilización (da igual que tú no lo hayas provocado) pueden caerte más de tres años de cárcel. Ese es muy resumidamente el caso de Andrés Bódalo. U ocho, como pedían para los sindicalistas de AIRBUS.

El doble rasero de la justicia se ha hecho tan evidente en los últimos años a los ojos de la inmensa mayoría de la sociedad, que ya nadie se asombra de situaciones como esa. Las vacaciones de los duques de Palma tras declarar en el caso Nóos, o el yate donde Rato olvidó el mal trago que le hizo pasar la chusma a la entrada de los juzgados, nos recuerda cada día que la ley es magnánima y comprensiva con los ricos y cruel e implacable con los trabajadores. La misma ley que no ve delito alguno en gasear a los refugiados de Idomeni, y que no exigirá responsabilidades por la reciente muerte de un bebé de siete meses a causa de la inhalación de ese humo, fruto del ataque de la policía macedonia.