“El Gobierno del Estado moderno no es más que la junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”
(K. Marx y F. Engels, El manifiesto Comunista)
Casi tres meses después de las elecciones, la sesión de investidura se ha saldado con una derrota de Pedro Sánchez: los 124 votos a favor, 155 en contra y 67 abstenciones que le han impedido convertirse de momento en Presidente del Gobierno, aumentan la inestabilidad política y echan por tierra lo que pretendía ser un paseo triunfal hacia La Moncloa. El desacuerdo con Unidas Podemos, que finalmente se ha abstenido en la votación, no puede ser interpretado como una simple riña por más o menos carteras ministeriales. La dificultad para constituir un Gobierno de coalición entre el PSOE y la formación morada es un nuevo ejemplo de la profunda sacudida que vive el Régimen del 78 y de la intensa polarización política y social que sacude la sociedad.
El golpe al bipartidismo que desde 2016 se tradujo en una fuerte fragmentación de la representación parlamentaria, se ha convertido en una crisis que recorre todo el espectro político tanto a izquierda como a derecha. Sólo es posible desenmarañar esta madeja de hechos, algunos de ellos aparentemente contradictorios, si nos basamos en los cambios profundos operados en la lucha de clases y en las dificultades de la burguesía para seguir gobernando sus intereses como la hacía hasta hace unos años.
Las elecciones del 28 de abril, como ya dijimos, supusieron un duro golpe para el bloque de la derecha, que perdió por una diferencia de casi 2 millones de votos frente al PSOE, Unidas Podemos y la izquierda independentista. Una mayoría de trabajadores y trabajadoras, pensionistas y jóvenes que veníamos de protagonizar duras luchas contra las políticas de recortes y austeridad, contra la violencia machista y la justicia patriarcal, en defensa de los derechos democráticos y por la república catalana, nos volcamos en las urnas para frenar a la reacción españolista y su agenda política. Ahora, sin embargo, es inevitable que un amplio sector de la base electoral de la izquierda siga con asombro este espectáculo, con la inquietud de una posible repetición electoral que pueda beneficiar a la derecha.
Los capitalistas desconfían
Los resultados del 28A no significaron, de ninguna manera, un cheque en blanco a Pedro Sánchez. El mandato de las urnas era muy claro para la base social y electoral de la izquierda: revertir todas las contrarreformas aprobadas por los gobiernos del PP (laboral, de pensiones, educativa…), poner fin a años de recortes sangrantes en los servicios sociales esenciales, a los desahucios criminales, a la extensión del trabajo precario y los salarios miserables, al desempleo crónico que empuja a la juventud a la pobreza y el exilio económico. También fue un voto para acabar con la legislación autoritaria, empezando por la ley Mordaza, y depurar a fondo un aparato del Estado trufado de franquistas reparando moral, política y económicamente a las víctimas de la dictadura. Por supuesto, ese voto a la izquierda manifestó la aspiración de resolver la cuestión nacional en Catalunya sobre bases democráticas.
Sin embargo, la experiencia está enseñando que cualquier paso para alcanzar estas reivindicaciones sólo puede lograrse confrontando con los grandes poderes fácticos, económicos y políticos tanto del Estado español como de la UE, y mediante la movilización social más extensa y contundente posible. Los ocho meses de Pedro Sánchez en La Moncloa desde que triunfó la moción de censura, pusieron de relieve que no es posible gobernar intentando satisfacer intereses contradictorios: o se hace una política para defender las necesidades de la clase obrera y la juventud rompiendo con la lógica del sistema, o se gobierna siguiendo los dictados de los capitalistas, la gran banca, los especuladores y su aparato estatal.
El Gobierno en funciones del PSOE no escatima buenas palabras y discursos, hablando constantemente de progreso y derechos, de feminismo y transición ecológica. Pero en política lo que valen son los hechos y no las palabras, y lo cierto es que, en todo este tiempo transcurrido, Pedro Sánchez se ha negado a derogar la Reforma Laboral, la de Pensiones, la LOMCE y la Ley Mordaza. Tampoco ha dudado en garantizar la continuidad de las políticas económicas del Ibex 35 y la CEOE. Y no sólo ha manifestado su respeto por una justicia patriarcal y machista, no se ha cansado de justificar a un aparato del Estado neofranquista que sienta en el banquillo a políticos independentistas acusándolos de rebelión militar, mantiene entre rejas a 8 jóvenes de Altsasu gracias a un montaje policial, y dicta sentencias ensalzando la figura de Franco para evitar su exhumación del Valle de los Caídos.
Lo señalado anteriormente no es ni mucho menos ajeno a la negociación tormentosa para un posible “Gobierno de coalición de izquierdas”. ¿Cómo se enfrentará a estas cuestiones un ejecutivo del PSOE y Podemos?
Los grandes poderes capitalistas no tienen ninguna duda: cuentan con la fiabilidad del PSOE y su garantía como Partido de “Estado” —probada a lo largo de décadas— para que sus decisiones estratégicas se cumplan solícitamente. La propia UE ya ha puesto encima de la mesa la necesidad de nuevos recortes, 15.000 millones de euros en los próximos dos años, y ha señalado que hay que “reformar” el sistema público de pensiones, una de las grandes agresiones pendientes contra los trabajadores.
Además, necesitan de un partido en el Gobierno capaz de garantizar la paz social en un momento en que los vientos de una nueva recesión empiezan a soplar con fuerza, y cuando la inestabilidad política no tiene visos de replegarse sino todo los contrario: tan sólo el desenlace del Brexit el próximo 31 de octubre, y la sentencia del juicio del Procés señalan un escenario inédito y lleno de convulsiones. Con este horizonte, las dudas sobre un gobierno del PSOE con Podemos han aflorado con fuerza en los círculos decisivos de la clase dominante, que no quieren verse sacudidos por nuevas turbulencias.
Estos cálculos están detrás de la intensa campaña de sectores de la burguesía, de la CEOE y la banca a favor de configurar un Gobierno estable entre el PSOE y Ciudadanos, y que se ha concretado en las dimisiones de diferentes dirigentes del partido de Albert Rivera que censuran su giro a la “extrema derecha” y su pérdida del sentido de Estado. Se trataba de convertir el “con Rivera no”, que cantaban los militantes socialistas en Ferraz la noche electoral, en “con Rivera sí por la estabilidad de España”.
Sin embargo, la dinámica de la lucha de clases ha impedido esta solución, con un Rivera en decadencia cada vez más escorado a la derecha en su permanente competición con PP y Vox. A pesar de todo, Sánchez no ha escatimado esfuerzos durante todo este tiempo pidiendo tanto al PP como a Ciudadanos su abstención para evitar depender de Unidas Podemos y gobernar en solitario utilizando pactos parlamentarios a la carta.
Es sintomático que Sánchez, que fue forzado a dimitir por no transigir con la abstención en la sesión de investidura de Rajoy, ahora pida a la derecha que le faciliten la llegada a La Moncloa. Un signo más que evidente de cuáles son sus intenciones al frente del nuevo gobierno, y que desvela que los elogios que personajes como Felipe González le han regalado no son casualidad. Pedro Sánchez ha dejado claro que no se saldrá de las políticas socialdemócratas en estos tiempos críticos, es decir, que llevará a cabo las contrarreformas que se le exijan por el bien “del país y la democracia”.
La estrategia errada de Unidas Podemos agrava su crisis
La difícil negociación con Unidas Podemos y los constantes bandazos durante la misma, han reflejado la enorme desconfianza que sigue existiendo entre amplios sectores de la burguesía respecto a su participación en un Gobierno de coalición. Y todo a pesar de las constantes cesiones de Pablo Iglesias, y de sus ingentes esfuerzos por aparecer como un hombre de Estado al frente de un Partido que puede abandonar los principios cuando se requiere. Tampoco es ninguna casualidad que Iglesias alabase a Tsipras tras su derrota en las últimas elecciones griegas, y tuviese la osadía de afirmar que “gobernó haciendo frente a grandes presiones”. Si la capitulación ante el FMI, el BCE y la UE para aplicar los programas de austeridad más salvajes es algo comprensible para Iglesias, hay que tomar nota de hasta dónde estaría dispuesto a llegar cuando sus responsabilidades de gobierno así lo “impongan”.
De cara a convertirse en un socio fiable de Gobierno ante los poderes del sistema, Pablo Iglesias y la dirección de Podemos renunciaron a defender los derechos democráticos del pueblo de Catalunya y de los presos políticos independentistas, comprometiéndose a asumir la política del PSOE, es decir, la negación del derecho a decidir y la aplicación del artículo 155 y la represión.
También asumieron ese compromiso en política exterior, garantizando la defensa de los intereses del imperialismo europeo y norteamericano en Latinoamérica, o la colaboración con regímenes dictatoriales brutales como Marruecos o Arabia Saudí para garantizar los negocios de las grandes multinacionales capitalistas españolas. E insisten en que su único objetico es el cumplimiento de la Constitución, tratando de relegitimar el Régimen del 78 que vinieron a combatir. Unas concesiones que no han impedido que se mantenga la desconfianza, pero sí han contribuido a erosionar la imagen de Unidas Podemos haciéndoles partícipes de la cínica política burguesa de pasilleo e intercambio de poltronas.
La estrategia de Podemos, que ha fiado toda su política a entrar en el Consejo de Ministros, se ha convertido en un callejón sin salida. Por un lado, aparecen cada vez más subordinado a la política del PSOE dispuestos a implicarse en una gestión responsable del capitalismo, la misma que ha desacreditado y ha ido minando a la socialdemocracia en todo el mundo, especialmente desde el estallido de la gran recesión económica. Al mismo tiempo, intentan hacernos creer que mediante el control de 4 o 5 ministerios se podrá hacer frente al Ibex 35 y revertir las políticas de austeridad. ¿Realmente que haya un ministro de Podemos al frente de la cartera de Trabajo o dirigiendo las "políticas activas de empleo" marcarán una diferencia sustancial? ¿Es así cómo se podrá hacer frente a los poderes fácticos y al gran capital? ¡Desde luego que NO!
¿Cambiar las cosas desde el Consejo de Ministros?
Resulta paradójico que al tiempo que Pablo Iglesias y sus colaboradores consideran que sus habilidades políticas pueden marcar la diferencia en un Gobierno de coalición con el PSOE, pongan a Syriza, tras su reciente derrota electoral, como ejemplo de un Gobierno de resistencia frente a los poderosos. Lo ocurrido en Grecia es más que sintomático. Tsipras y Syriza prácticamente tenían mayoría absoluta en el Parlamento, lideraban y dirigían completamente el Gobierno, e incluso obtuvieron una victoria aplastante en el Referéndum por el tercer rescate de junio de 2015 y, sin embargo, fueron incapaces de resistir las presiones arrodillándose frente a la Troika y continuando con las políticas de austeridad incluso con mayor dureza.
¿Por qué cree entonces Pablo Iglesias que podrá enfrentarse a esas presiones, al Ibex 35 y a la UE, como parte minoritaria de un Gobierno de coalición con el PSOE? ¿Cree que podrá convencerlos, como pensaron Tsipras y Varufakis? ¿Cree que podrá torcer el brazo de la patronal y del aparato del Estado mediante discursos y buenas palabras?
La respuesta a estas preguntas ya se ha dado cuando analizamos la trayectoria de la dirección de Podemos y otras fuerzas aliadas al frente de los llamados “Ayuntamientos del cambio”. En Madrid, Manuela Carmena ha dejado constancia de cumplir fielmente con el pago de la deuda a la banca heredada del PP, que ha supuesto cientos de millones de euros del erario público, mientras ha dado la espalda a su propio programa en lo referido a la paralización de desahucios, la remunicipalización de los servicios públicos privatizados, o la aprobación de pelotazos inmobiliarios y especulativos como la Operación Chamartin.
También se puede comprobar esta misma línea de actuación en la falta de crítica y diferenciación frente a las burocracias sindicales de CCOO y UGT, y la renuncia a impulsar un sindicalismo combativo y de clase que frene las agresiones de la patronal y una legislación que ha llevado la precariedad y los bajos salarios hasta el último rincón del proceso productivo. Podemos ha mantenido un silencio cómplice hacia la estrategia sindical de desmovilización y pacto social que tanto aplaude la CEOE y el PSOE.
Es evidente que Pablo Iglesias, cuyo expediente académico es muy amplio y laureado, no ignora cómo funciona el aparato del Estado burgués y su Gobierno, construido meticulosamente durante años para defender los intereses de la clase dominante, y ligado mediante miles de hilos visibles e invisibles a los consejos de administración de los bancos y grandes empresas capitalistas. Incluso si una organización revolucionaria llegara al Consejo de Ministros de un país capitalista a través del sufragio universal, la única alternativa para impulsar medidas en beneficio de la clase trabajadora pasaría por defender una política socialista que chocaría inmediatamente con la brutal resistencia de la clase dominante, resistencia que sólo podría ser doblegada mediante la movilización masiva de la clase obrera y la juventud. Semejante coyuntura desataría una lucha decisiva por el poder entre los trabajadores y los capitalistas.
Los gobiernos y las instituciones burguesas (Parlamento, judicatura, etc…), son el envoltorio destinado a vender unas políticas que, en última instancia, siempre benefician a los capitalistas. Las decisiones trascendentales y que determinan la vida de millones no se toman ni en el Parlamento ni en el Consejo de Ministros, sino en los consejos de administración de los bancos y las grandes empresas, en los Estados Mayores y en los altos órganos judiciales que velan por sus intereses. Asumir, como ha hecho Podemos, que basta con el juego parlamentario y la habilidad negociadora para cambiar las cosas, no sólo es un error garrafal, sino que certifica su abandono de la lucha de clases y una perspectiva seria de transformación social.
Unidas Podemos se encuentra en un callejón, atrapado en el juego del parlamentarismo y habiendo renunciado a organizar a millones de trabajadores y jóvenes de cara a tener una palanca con la que sí poder hacer frente a los poderosos. La entrada en el Gobierno no hará más que agravar el proceso de derechización de Unidas Podemos y de adaptación a la lógica del sistema.
Millones votaron para cerrar el paso a la derecha y a la extrema derecha, y un posible Gobierno de coalición sería visto con ilusión y esperanza. Pero un Gobierno semejante chocaría inevitablemente con sus aspiraciones cuando pusiera en práctica nuevos recortes y ajustes. Ignorar los problemas y las contradicciones no es una solución. ¿Qué ocurrirá, con Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, cuando se dicte la Sentencia del Procés? ¿Obviaran la sentencia? ¿Respetarán la “autonomía” de Sánchez a este respecto? ¿Y cuándo se exija concretar los nuevos recortes por parte de Bruselas? Lo que ocurrirá, si Unidas Podemos mantiene esta estrategia es que, bajo la justificación de evitar una crisis de Gobierno terminará aceptando lo que sea necesario.
Frente al cretinismo parlamentario hay una alternativa: la organización y movilización de la clase trabajadora y de la juventud bajo un programa de lucha que rompa con la lógica del capitalismo y levante la bandera del socialismo.
Cerrar el paso a la reacción con la movilización y un programa socialista
Que el bloque reaccionario pudiera llegar a La Moncloa después de los resultados del 28A sería un retroceso que no tiene justificación alguna. Esta es la única razón por la que Unidas Podemos no tiene que impedir que Sánchez forme su Gobierno, pero eso no implica su participación en el Ejecutivo del PSOE. Vistas las intenciones de Pedro Sánchez, incluso su decisión de dar por finalizadas las negociaciones con Podemos e insistir en la abstención del PP y Cs, defender que los dirigentes de Unidas Podemos se comporten como fieles escuderos de la socialdemocracia sólo servirá para que se cubran de lodo hasta las cejas.
Pablo Iglesias ha sufrido la arrogancia y la soberbia de la socialdemocracia, una experiencia a la que no está acostumbrado. Pero más allá de aspectos que son secundarios, lo fundamental es rectificar humildemente toda esta estrategia para transformar a Podemos en el baluarte de una oposición de izquierda consecuente, que entienda que sólo se pueden conquistar reformas si se ganan en la calle con la movilización.
Muchos considerarán esta posición política “utópica” o una renuncia sectaria a cambiar las cosas “realmente posibles”. Pero este tipo de pragmatismo es el que ha destruido a organizaciones de la izquierda antaño poderosas, que renunciaron al marxismo revolucionario en su programa y acción, y terminaron plegándose a las exigencias del sistema hasta ser fagocitados y convertidos en formaciones inocuas.
Las próximas semanas pondrán nuevamente a prueba a los dirigentes de Unidas Podemos. Entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez implica pagar una factura muy elevada: tendrán que avalar sus políticas y hacerse cómplices de sus decisiones. Si no entran pero en lugar de votar su investidura para liderar una oposición de izquierda contribuyen al adelanto electoral, pagarán un precio igual de alto: serán responsabilizados de abrir la posibilidad de un triunfo de la derecha en los comicios de noviembre.
La única forma de segar la hierba bajo los pies de la socialdemocracia, en este caso del PSOE, y desenmascarar los intereses ocultos a los que Pablo Iglesias se refiere constantemente, es luchar efectivamente por el cumplimiento del programa por el que estamos luchando desde hace años y por el que millones fuimos a votar el pasado 28 de abril:
- Derogación inmediata de todas las leyes reaccionarias aprobadas por el PP (reforma laboral, de pensiones, ley Mordaza, LOMCE…) y reversión de todos los recortes sociales.
- Devolución inmediata por parte de la Banca de los más de 60.000 millones de euros regalados por el Estado.
- Incremento drástico de las partidas de sanidad y educación públicas en los próximos presupuestos.
- Prohibición por ley de los desahucios y un plan de choque para crear en cuatro años un parque público de dos millones de viviendas con alquileres sociales asequibles.
- Nacionalización inmediata de las grandes empresas eléctricas y de la energía para acabar con la pobreza energética y defender el medio ambiente
- Incremento del SMI y de la pensión mínima a 1.200 euros.
- Depuración de fascistas del aparato del Estado, policía ejército y judicatura. Por la reparación política, social y económica de las víctimas del franquismo.
- Luchar con medios materiales y humanos suficientes contra la violencia machista y la justicia patriarcal.
- Reconocimiento del derecho a la autodeterminación y anulación del juicio a los presos políticos catalanes.
Cumplir con este programa, arrancar estas conquistas, no dependerá de estar o no estar en el Consejo de Ministros, sino de la organización del movimiento en las calles, rompiendo en primer lugar con la estrategia de paz social impuesta por los grandes sindicatos. Cerrar el paso a la reacción y permitir ahora un Gobierno de Sánchez, sin entrar en el mismo, no impediría a Unidas Podemos desarrollar una política combativa y coherente. Al fin y al cabo, con los llamados “Ayuntamientos del cambio” ya hemos podido comprobar las enormes limitaciones de una política basada en gestionar las instituciones burguesas, que finalmente conllevan incluso enfrentarse a las y los trabajadores que votaron por ese cambio.
Las lecciones de este periodo son claras. No podremos asaltar los cielos desde los despachos, o renunciando a combatir a la “casta” asumiendo los planteamientos del régimen del 78 y su Constitución. Para transformar la sociedad necesitamos volver al espíritu del 15M, de las mareas, de las marchas de la dignidad, de las huelgas generales, y construir una izquierda combativa y revolucionaria. No hay otro camino.
¡Únete a Izquierda Revolucionaria!
