¡Ni paz social ni unidad nacional! Responder con la lucha a la ofensiva de la patronal y la derecha
La pandemia de la Covid-19 no ha hecho más que poner en evidencia la catástrofe social incubada durante años de recortes sangrantes, desempleo crónico, desahucios, precariedad y empobrecimiento, acelerando la crisis del capitalismo en el Estado español y en el resto del mundo.
La economía global se enfrenta a la peor recesión desde el crack de 1929, y sus efectos ya se están dejando sentir en todos los planos. En el Estado español la situación no puede ser más sombría. Las previsiones de diferentes instituciones oscilan entre una caída del PIB del 12% y el 18% para este año. En su último estudio, el FMI dibuja un retroceso del 12,8% —el mayor desde la Guerra Civil— y un incremento exponencial del déficit público que pasaría de un 2,8% en 2019 a un 13,9% en este ejercicio. La deuda global española se situaría en el 124% del PIB, cuando a finales de 2019 cerró en el 95,5%. A nadie se le escapa que son datos escalofriantes y que se traducirán en un gran sufrimiento para los trabajadores y la juventud.
Los cálculos más optimistas señalan un incremento del desempleo desde el 14% al comienzo de la pandemia al 20 o el 25% para finales de este año. Otras afirman que se superará el 30% a principios de 2021. Intermón Oxfam estima que en el mejor de los casos 700.000 personas pasarán a engrosar las filas de la pobreza, que podría afectar de lleno al 26% de la población al acabar 2020. Mientras esta realidad se presenta como inevitable, las 23 mayores fortunas del Estado español han incrementado su riqueza en 19.200 millones de euros entre el 18 de marzo y el 4 de junio, es decir un 16% más, y seis veces el presupuesto destinado por el Gobierno al Ingreso Mínimo Vital. Resulta cada más obvio que no estamos todos en el mismo barco.
¿A quién beneficia la unidad con la patronal y la derecha?
Entre capas de activistas y militantes de la izquierda se está produciendo un debate que cada día se hará más intenso a tenor de estos datos y de los movimientos que desde el Gobierno se están realizando en las últimas semanas para lograr los apoyos de Ciudadanos y del PP para los llamados pactos de reconstrucción. ¿Es cierto, como afirma el PSOE y los dirigentes de Unidas Podemos, que la gestión de esta crisis está siendo cualitativamente distinta a la de 2008? ¿Se está produciendo una verdadera salida social? ¿Se están enfrentando las presiones de la CEOE y los grandes poderes económicos para impulsar una política en beneficio de las familias trabajadoras?
Los hechos, como ahora expondremos, ponen en evidencia el discurso oficial del Gobierno y desmienten muchos de los axiomas de su propaganda. No es algo para celebrar ni mucho menos. Cualquiera puede ver la ofensiva de la derecha en estos meses, y la pesadilla que supondría su vuelta a La Moncloa. Por estas razones rechazamos cualquier ejercicio arbitrario y gratuito de sectarismo, pero también ponemos distancia con el seguidismo que se niega a una profunda reflexión de los actuales acontecimientos y sus consecuencias políticas. Si queremos construir una izquierda a la altura de las circunstancias históricas que vivimos, lo peor es negar la realidad y agarrarse a un discurso que todo lo justifica y que equipara la crítica seria y legítima, desde un punto de vista de clase, a una “provocación” que supuestamente hace el juego a la derecha. Ya tuvimos suficiente de eso bajo el felipismo.
No es ninguna casualidad que el giro cada vez más agudo del Gobierno en su búsqueda de pactos con la derecha coincida con la Cumbre de la CEOE, clausurada por Felipe VI. La reunión, en la que participaron los representantes de los grandes monopolios del Ibex-35 y la banca, ha mandado mensajes muy nítidos. El primero, la necesidad del “máximo consenso político” para salir de la crisis y una fuerte presión al PP para que abandone su oposición sin cuartel al Gobierno y reme en la dirección que el gran capital marca en este momento. ¿Y qué es lo que la oligarquía empresarial y financiera exige al PSOE y a UP?
En primer lugar mantener intactas todas las contrarreformas estructurales adoptadas durante la crisis anterior por el PP, y especialmente la reforma laboral; ni subida de impuestos, ni nuevos impuestos; asegurar que continúe el chorro de dinero público para las grandes empresas; flexibilización de los ERTE y del mercado laboral garantizando la precariedad masiva, el descuelgue de convenios, la movilidad funcional o geográfica o la distribución irregular de la jornada; o potenciar la “colaboración público-privada” en la “sanidad, la educación y las infraestructuras”. Como siempre, se trata de garantizar los beneficios empresariales —que en 2018 registraron el récord de más de 500.000 millones de euros— a costa de la miseria creciente, la sobreexplotación de la clase trabajadora y las privatizaciones de los servicios públicos esenciales.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en un ejercicio extremo de cinismo, se permitió señalar que “las crisis no se financian con impuestos, porque no hay capacidad económica que gravar, se financian con deuda”. Los campeones de la austeridad y el equilibrio presupuestario —que lo son también en fraude fiscal— exigen que el Estado se endeude, como ya ocurrió en la crisis anterior, para mantener e incrementar sus dividendos. Por supuesto, la factura de esta deuda no la pagarán ellos, sino la clase trabajadora en forma de recortes sociales, hundimiento de los salarios y empeoramiento de las condiciones laborales.
El Gobierno PSOE-UP puede disimular, pero es imposible ocultar que ha reaccionado muy favorablemente a estas exigencias. En abril aprobó un plan de rescate de las grandes empresas y la banca todavía mayor que en 2008: 100.000 millones puestos a su disposición con el aval del Estado. Una cantidad insuficiente para Ana Patricia Botín, que se quejaba de que “mientras que el programa de avales a través del ICO equivale al 10% del PIB, el equiparable en Alemania supone el 30% del PIB alemán”. Botín es coherente cuando razona así. ¿Por qué no pedir más? En este ejemplo se aprecia una ley importante de la lucha de clases: la debilidad siempre invita a la agresión. Y este Gobierno se muestra débil y sumiso con el gran poder económico porque un componente esencial del mismo, el PSOE, siempre ha trabajado por sus intereses.
El Estado capitalista no es neutral, es un instrumento esencial de cara a proteger los negocios de la burguesía. Las recetas de fondo que se están adoptando ahora no difieren, en lo fundamental, de las que se tomaron al calor de la Gran Recesión de 2008 por mucho que se intente plantear lo contrario. Ahora toca que el Estado vuelva a pagar, o lo que es lo mismo socializar las pérdidas empresariales, pero como ya ha señalado la CEOE será necesario volver “a una senda de estabilidad a medio y largo plazo”, es decir, a las políticas de austeridad. Es evidente que alguien tendrá que pagar esta abultada factura. El Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya están abogando por un tajo de 60.000 millones al gasto público durante los próximos 10 años (6.000 millones por año), junto a nuevas “reformas estructurales” como la del sistema de pensiones —para recortarlas y atrasar la edad de jubilación— o incrementar impuestos como el IVA reducido y superreducido que afecta a productos básicos y pagamos los trabajadores.
La crisis ha puesto en evidencia el funcionamiento perverso —pero muy lucrativo para una minoría— del sistema capitalista y las políticas de austeridad. Unas políticas de recortes brutales que dejaron en un estado ruinoso a nuestra sanidad pública, y cuyas consecuencias son evidentes: la mitad de las muertes por la pandemia (más de 28.000) son el fruto directo del colapso del sistema sanitario por falta de personal, camas y recursos (UCI, EPI, mascarillas, pruebas PCR…). Unas políticas que al convertir los servicios sociales en un negocio, por ejemplo las residencias de mayores, han provocado en territorios como Madrid el fallecimiento de casi el 20% de sus usuarios, un genocidio por el que los responsables del PP no pagarán y que tampoco ha movido a ninguna intervención del Gobierno central para poner fin a esta indecencia criminal. El hecho es que los planes de privatizaciones y recortes siguen en marcha en esta misma Comunidad alentados por PP y Cs, sin que la izquierda parlamentaria pida la dimisión de Ayuso. Y son con estos actores políticos con los que el PSOE y UP pretenden llegar a un gran pacto por la sanidad y la reconstrucción.
¿Quién manda en el Gobierno?
Otro hecho inapelable, que demuestra qué intereses son los que orientan las decisiones de fondo del Gobierno de coalición, es el papel que juega la ministra de Economía Nadia Calviño. Esta representante directa del Ibex-35 ya demostró cuál es su función en el Consejo de Ministros cuando dio un golpe encima de la mesa invalidando fulminantemente el acuerdo con EH Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral. Un golpe que asestó públicamente en una reunión con grandes empresarios, ridiculizando y ninguneando a Pablo Iglesias y a los ministros de UP.
Nadia Calviño no está en esa posición por casualidad. Es la garantía para la burguesía española y europea de que las reglas del juego que marca el sistema se cumplen. Y el problema es que los ministros de Unidas Podemos, que llegaron a este Gobierno con el argumento de que su presencia empujaría al PSOE hacia la izquierda, están mostrando con su proceder que es exactamente lo contrario. Lo que está pasando realmente es que Pablo Iglesias y Garzón, a cambio de algunos recursos que presentan como un “Escudo social” pero que no cambian en nada la orientación de fondo, aceptan las políticas derechistas que el PSOE de Sánchez les impone. La retirada ignominiosa del impuesto a las grandes fortunas en el proyecto de reconstrucción presentado al parlamento es otro ejemplo más.
Pero lo más lamentable, y utilizamos conscientemente este adjetivo para no recurrir a otros, ha sido la actitud de UP ante la candidatura de Calviño para presidir el Eurogrupo. La noticia ha sido celebrada y apoyada no solo por la CEOE. Ciudadanos, o el PP; tampoco Vox ha escatimado su apoyo. Calviño también ha recibido la felicitación entusiasta de la mayor banquera del país, Ana Patricia Botín, y de muchos otros grandes empresarios españoles, e incluso el apoyo de Angela Merkel. Por eso sorprende que un ministro que se proclama comunista como Alberto Garzón, reproduzca estos mismos argumentos y parabienes, señalando que esto permitirá cambiar las políticas europeas y “reducir las contradicciones entre el centro y la periferia”. ¿Cómo puede explicarse esta coincidencia entre Garzón, la patronal, la derecha e incluso la ultraderecha?
El nombramiento de Nadia Calviño no solo no cambiará la política de la Unión Europea, sino que garantizará que el gran capital tenga un pie aún más firme en el Gobierno PSOE-UP. Plantear que la austeridad y los recortes son un problema de “centro y periferia” es una completa falacia. De hecho, las burguesías del sur de Europa y sus Gobiernos han defendido y aplicado con ahínco dichas políticas. La propia CEOE estuvo a la vanguardia en la exigencia de recortes y contrarreformas, alineándose sin matices con la troika. El problema, como Garzón bien sabe, es la lucha de clases.
Pero no nos encontramos ante un hecho aislado. Lo ocurrido con la comisión parlamentaria sobre la corrupción a Juan Carlos I, en la que el PSOE sumó sus votos al PP, Cs y Vox para impedir su creación, es más de lo mismo. Igual que el completo desastre que supuso la negativa inicial del portavoz Pablo Echenique a apoyar la comisión de investigación sobre la implicación de Felipe González en el terrorismo de Estado (GAL), para más tarde rectificar obligado por las presiones de su propia organización en Euskadi e intentar justificar ese cambio acusando a la izquierda abertzale de electoralismo.
Los dirigentes de UP siguen profundizando en su renuncia a un programa que les dio credibilidad y un apoyo de masas —la lucha contra el régimen del 78— en aras de sostener al PSOE y una política de colaboración de clases con la burguesía que, de mantenerse en el tiempo, conducirá a un desastre total. Y que no se diga que esta es la forma de impedir que la derecha acceda al Gobierno, porque el saldo de renunciar a la movilización social y la lucha de clases es también la pérdida de influencia electoral a favor de la socialdemocracia tradicional. Algo que se va a comprobar en las elecciones vascas y gallegas con un desplome más que probable del voto a UP.
¿Quién utiliza a quién? Unidas Podemos debe rectificar urgentemente
El anuncio e insistencia en los llamados Pactos de Reconstrucción Social y Económica, apuntan en esa misma dirección. La ambigüedad del documento del Gobierno aprobado en la Comisión de Reconstrucción busca, como han reconocido desde la Moncloa, el apoyo del partido de Inés Arrimadas y el de Pablo Casado. Es además la manera de lograr que los recursos de Europa lleguen a sus destinatarios reales: las grandes empresas y la banca, y blindar la política de recortes y contrarreformas que la UE capitalista exige a sus Estados miembros. El PSOE no ha dudado nunca en aceptar estas exigencias, pero cuando UP plantea discrepancias con la boca pequeña mientras renuncia en los hechos a su programa, se arroja por un precipicio.
La aproximación del Gobierno a Ciudadanos, tanto por parte del PSOE como de dirigentes destacados de UP abiertos ahora a negociar con esa formación los presupuestos, o el giro que se está operando en el PP, que votó a favor del decreto gubernamental de la “nueva normalidad”, ponen aún más en evidencia la estrategia del gran capital. Como ocurrió con los Pactos de La Moncloa en 1977, se trata de garantizar una salida capitalista de la crisis, manteniendo la paz social y a la clase obrera atada de pies y manos en un momento de catástrofe económica y de despidos masivos. Para lograr este resultado hay que comprometer a fondo a los dirigentes reformistas de la izquierda parlamentaria y de los sindicatos. Este es el secreto de lo que está ocurriendo.
En una entrevista publicada el sábado 13 de junio en el diario El Mundo le preguntaban a Alberto Garzón: “Eso que dice usted de que son las empresas y no el Gobierno los que cambian el modelo productivo no suena muy comunista, ¿ha cambiado usted de opinión desde que es ministro?”. Garzón respondió así: “Cuando hablo con las empresas tecnológicas y grandes empresas veo niveles de acuerdo muy superiores a los que veo en el Parlamento”. No se puede estar más alejado del marxismo y de una política de independencia de clase. Es realmente asombroso.
La clase capitalista ha demostrado siempre una gran flexibilidad y pragmatismo, colaborando con Gobiernos de distinto signo siempre que en lo fundamental garanticen sus intereses. Por eso hay que entender que el nivel de acuerdo con la CEOE y el Ibex-35 no es el fruto de la habilidad de los ministros del PSOE o UP para convencerlos, o de que los grandes empresarios hayan adquirido súbitamente conciencia social, sino de las cesiones constantes del Gobierno ante sus exigencias.
Y si estas ya eran lo suficientemente importantes para satisfacer las expectativas de los poderes económicos, las presiones de las últimas semanas han tenido efectos inmediatos como queda reflejado tanto en las propuestas del Gobierno como en sus silencios clamorosos para ese Pacto de Reconstrucción:
1) Se ha abandonado la derogación integral de la reforma laboral. Así lo confirmaban las kellys tras una reunión con las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Trabajo, Yolanda Díaz: “En esa reunión han quedado muchas cosas en el aire. Nos dicen que es muy complicado derogar la reforma laboral, tocar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, pero ¿sabes qué es complicado? No poder pagar la hipoteca, no poder ni pagar el abono transporte, hacer 400 habitaciones en un mes, no cotizar todas las horas que trabajas. Eso, es complicado” (elplural.com,18/06/2020). Ese artículo 42.1 legaliza la subcontratación, el puro prestamismo laboral responsable del proceso de precarización vivido durante la última década. El documento del PSOE-UP aprobado en la Comisión de Reconstrucción ni siquiera cita la reforma laboral.
2) La política generalizada de ERTE, acordada con la patronal, CCOO y UGT, se ha convertido en una herramienta de reconversión laboral en manos de las empresas. El Estado asume los salarios y cotizaciones, las y los trabajadores ven reducidos sus salarios hasta en un 30% y las grandes empresas no ponen un duro de los beneficios multimillonarios acumulados durante años. Esta política, que se ha prorrogado hasta septiembre, amenaza con perpetuarse en línea con lo que reclama la patronal: “…el diálogo social estudiará un marco adecuado de regulación y cofinanciación para que los ERTE sean un instrumento de flexibilidad interna de las empresas (…) se analizará también que las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad procedan a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada…” (cita del documento del PSOE-UP Comisión Reconstrucción).
3) Se ha impulsado el Ingreso Mínimo Vital con un presupuesto de 3.000 millones de euros anuales, lo que contrasta no ya con las ayudas al sector financiero y empresarial (100.000 millones), sino con las aprobadas a la industria del automóvil, que ascienden a casi 3.750 millones euros, o con las del sector turístico, de 4.262 millones de euros. Al mismo tiempo se ha abandonado la propuesta de un impuesto a las grandes fortunas o a la banca, tal y como exigieron Ana Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), Jordi Gual (CaixaBank) y José Ignacio Goirigolzarri (Bankia) en la cumbre de la CEOE.
4) En la sanidad, el Gobierno ha aprobado una partida de 9.000 millones de euros para compensar la crisis sanitaria. Dicha partida tendrá que afrontar gran parte de los gastos que ya se han realizado, incluyendo el pago a la sanidad privada para seguir engordando su negocio, quedando en manos de las Comunidades Autónomas la gestión. No se establecen criterios que primen la defensa de la sanidad pública ni que impidan utilizar estos recursos para hacer negocios en beneficio de la privada. De hecho, en la Comunidad de Madrid ya se están planteando nuevas privatizaciones y conciertos.
El documento del PSOE-UP omite cualquier mención a la recuperación de los servicios privatizados o a la derogación de la Ley 15/1997 que abrió la sanidad pública a las multinacionales del sector. Y, por supuesto, carece de cifras concretas en cuanto a contrataciones de personal sanitario, mejoras en sus condiciones laborales e inversiones concretas en recursos. Por otro lado, después de reconocer que solo el 29% de las residencias de mayores son públicas, y de ellas solo el 25% de gestión directa, se omite cualquier referencia a la necesidad de recuperar este sector como un servicio 100% público.
5) Lo mismo podemos decir sobre la educación. Ninguna mención a un plan de rescate de la enseñanza pública para garantizar la gratuidad de la enseñanza desde infantil a universidad para las familias trabajadoras, ni a la contratación de miles de docentes para la puesta en marcha del próximo curso en las condiciones necesarias de seguridad y calidad. Tampoco hay referencia alguna a la supresión de los conciertos educativos y la financiación de la privada.
6) Respecto a la vivienda la propia PAH ha sido muy crítica con Pablo Iglesias y el Gobierno, planteando la necesidad de que la moratoria se aplique en todos los casos en que no exista alternativa habitacional. La organización explica que con la reanudación de los plazos procesales están volviendo los desahucios, quedando muchas familias fuera de las medidas del Gobierno, al ser muy limitada la definición de vulnerabilidad de cara a acogerse a las mismas. A esto se suma que las ayudas al alquiler o para el pago de hipotecas suponen préstamos del Estado que hay que devolver por los inquilinos y propietarios de una vivienda, para garantizar el negocio de la banca y los especuladores. Ningún plan específico para establecer el acceso a la vivienda pública, con alquileres sociales asequibles, ni de contención de la especulación inmobiliaria.
7) En cuanto a las pensiones, en el documento se insiste en la retórica de “sostenibilidad” y “suficiencia” del sistema público, términos siempre utilizados para justificar ajustes. El propio ministro de la Seguridad Social ya ha señalado la necesidad de aumentar la edad real de jubilación y el periodo de cotización de cara a computar la pensión, restringiendo la jubilación anticipada, lo que implicaría más recortes para los futuros pensionistas.
8) Y en el terreno de los derechos democráticos se mantiene íntegra la Ley Mordaza del PP, un brutal atentado contra el derecho a manifestación, organización y expresión que se aprobó con el único objetivo de castigar a los trabajadores y organizaciones que luchan, a los movimientos sociales y a la juventud. La derogación de esa ley era una de las reivindicaciones más sentidas por la base social de la izquierda, y es vergonzoso que todo ese arsenal represivo, hecho a medida de los sectores más reaccionarios de la sociedad y del aparado del Estado, siga intacto con un Gobierno que se comprometió a ponerle fin. No solo no lo han hecho, sino que ahora está siendo utilizada como nunca: en menos de dos meses, desde la entrada en vigor del estado de alarma hasta el 1 de junio, las fuerzas de seguridad han batido todas las marcas con la imposición de 1.089.917 multas, un 42% más que entre 2015 y 2018.
Nos encontramos ante las viejas recetas de siempre. El documento del Gobierno PSOE-UP aprobado en la Comisión de Reconstrucción está lleno de abstracciones, generalidades y gravísimos olvidos, con el objetivo de ganar el apoyo de la derecha. Pero, ¿a qué precio se obtiene el respaldo de la derecha y la patronal? La experiencia es muy clara al respecto: el Gobierno de Tsipras en Grecia se plegó a todas las presiones de la troika y de la burguesía griega y europea, aplicando sus fórmulas de recortes y austeridad. Hizo el trabajo sucio y finalmente perdió las elecciones ante la derecha. Si el Gobierno de coalición no da un giro de 180 grados en su política, esta perspectiva que se puede repetir aquí.
Para enfrentar la catástrofe social, necesitamos una alternativa de clase y revolucionaria
La derrota de la derecha en las últimas dos elecciones y la formación del Gobierno de coalición PSOE-UP fue un golpe para la clase dominante, que buscaba un Gobierno estable y “responsable” sin la presencia de Unidas Podemos. Tras imponerse por la vía de los hechos una solución que no era del agrado de los capitalistas, y que también reflejaba una correlación de fuerzas favorable para romper con la lógica del sistema y la disposición de millones para sostener la movilización en las calles, la burguesía está activando todos sus recursos y medios para que todo siga igual. Y cuenta en la dirección del PSOE con un firme aliado para lograr sus objetivos estratégicos.
La pandemia ha acelerado la crisis capitalista y los planes para llevar adelante contrarreformas estructurales, más recortes y nuevas políticas de austeridad contra la clase obrera. Pensar, como creen algunos, que la salida a la crisis será distinta porque los empresarios han adquirido supuestamente conciencia de esta dramática situación es una utopía reaccionaria. ¡Es justo lo contrario! Aprovechando el desplome económico que la pandemia ha acelerado, la plutocracia financiera y los Gobiernos a su servicio aprovecharán para estrujar aún más a la clase trabajadora. Así fue en la crisis de 2007/08, aunque numerosos líderes mundiales e incluso algunos grandes oligarcas hablaran de la necesidad de un sistema más responsable y ético. El resultado final ha sido y es más desigualdad social y pobreza, más explotación y opresión, más guerras y un capitalismo más salvaje y depredador.
Lo único que puede frenar esta dinámica es la lucha de clases, la organización y movilización masiva y consciente de la clase obrera y la juventud. Ese debería ser el objetivo de Unidas Podemos, y no la mera gestión de un sistema cuya lógica les obliga a ceder cada vez más en sus planteamientos y en sus objetivos.
Necesitamos prepararnos para el choque colosal que se avecina. El capitalismo en esta época de su decadencia senil muestra su auténtica cara. La degradación medioambiental, que mucho ha tenido que ver en esta pandemia, ha puesto también en evidencia que caminamos hacia un precipicio que amenaza al conjunto de la humanidad. Plantear que no es el momento, que no hay fuerza o que, en última instancia, hay convencer a nuestros opresores para que se sumen al cambio, no solo es utópico sino inútil y estúpido. Lo que necesitamos es levantar una alternativa para la transformación socialista de la sociedad que enfrente a los responsables de esta catástrofe. Y por eso mismo se hace urgente construir una organización revolucionaria dispuesta a asumir esta tarea hasta sus últimas consecuencias.
¡Socialismo o barbarie! ¡Únete a Izquierda Revolucionaria!
