Durante el final de la presidencia española en la UE, se aprobó el Pacto de Migración y Asilo. Nada más firmarse, Pedro Sánchez declaró a los cuatro vientos que era un acuerdo que permite la unidad entre los Estados así como consolidar “la cooperación y solidaridad”. Pero más de 50 ONG han denunciado ya que lo que se ha firmado en Bruselas no tiene ni una pizca de eso. Se trata de una política salvaje contra los inmigrantes, que les criminaliza y les trata como si no fueran seres humanos, negándoles cualquier tipo de derecho.
Ahora que asistimos al debate sobre si Junts es xenófoba y quiere expulsar más inmigrantes que el Gobierno, es bueno señalar lo que aprueba Pedro Sánchez La hipocresía en torno a la cuestión migratoria es despreciable. Realmente la sustancia de todo esto es: ¡A los inmigrantes los expulso yo!
Por eso mismo, la imagen de paraíso democrático y avanzado que nos han intentado vender sobre Europa cada vez es más falsa. Ese lugar donde se respetan los derechos humanos y el bienestar común no puede estar más alejado de la realidad. Mucho más para aquellas personas que huyen del horror, de las guerras y del hambre en África u Oriente Próximo. En la “fosa común” del Mediterráneo han fallecido 28.000 inmigrantes desde 2014 intentado cruzar sus costas. Además, Europa paga centenares de millones de euros al año a países como Marruecos, Turquía o Libia para que mantengan a raya a todas las personas que intentan llegar por estos países al continente europeo cueste lo que cueste. Aunque esto signifique la más salvaje represión, campos de concentración o torturas.
El pacto recientemente aprobado es una vuelta de tuerca más en la misma dirección: la extrema derecha. Este acuerdo socava los ya mínimos derechos de las personas que buscan refugio. Respecto a la solicitud de asilo, la UE seguirá reforzando la cooperación con los países fronterizos, para que se evite la salida de los inmigrantes. Países que son auténticas dictaduras serán las que tengan en sus manos el destino de quienes huyen de dictaduras similares.
Si alguna persona consigue cruzar la frontera, estas serán detenidas, sin ningún tipo de garantía jurídica. De hecho, este compromiso permite la detención de niños a partir de los 12 años (el año pasado llegaron 34.362, 18.000 sin sus progenitores). Niños y adultos que serán retenidos en centros de internamiento durante seis meses, hasta que se solucione su tramitación de asilo. Estos centros han sido denunciados en muchas ocasiones por ser lugares opacos donde las fuerzas policiales practican la tortura.
Si el trámite llegase a ser favorable, los países europeos se podrán negar a ubicar a los inmigrantes en su país, pagando la cantidad insultante de 20.000 euros por cada negativa, una minucia comparado con el gasto en Defensa de los países europeos (por ejemplo, si Hungría se niega a reubicar a los 30.000 inmigrantes que le pide la UE, tendrá que pagar 60 millones de euros, nada comparado con los 2576 millones de euros gastados por este país en tema militar. En el Estado Español, el gasto militar es de 16.543 millones). Estas personas rechazadas seguirán encarceladas en los centros de internamiento.
Como han denunciado organizaciones como Save the Children o Amnistía Internacional, este pacto no resuelve el problema de la migración y el asilo, sino que lo que hacen es cerrar fronteras, criminalizar a las personas migrantes, que sufrirán unas condiciones inhumanas en las fronteras y dentro de la UE.
Macron, Scholz y Sunak a la vanguardia de la xenofobia y el clasismo
Pero esta política de la Unión Europa no es otra cosa que la continuidad de las políticas de los Gobiernos europeos, que alimentan los discursos y la práctica de la reacción.
Francia es un buen ejemplo. Macron y su nuevo primer ministro, Gabriel Attal, se llenan la boca con “combatir a la ultraderecha” para las elecciones europeas. Sin embargo, en los hechos, sus políticas van de la mano de Le Pen y compañía. Con la aprobación de la Ley Migratoria a finales de diciembre de 2023, se restringen cualquier tipo de mínimo derecho para los inmigrantes.
Concretamente, el acceso a ayudas sociales, no se darán hasta que no se hayan pasado cinco años de residencia. Para los inmigrantes irregulares se suprime la asistencia médica, se impiden los reagrupamientos familiares hasta que no pasen dos años viviendo en el país y si se tienen unos “ingresos estables”. Toda esta política ha sido apoyada por la extrema derecha en la Asamblea Nacional, que entusiastamente han declarado que era “una victoria ideológica”. Esto ha provocado una crisis dentro del Gobierno, con la marcha de la ministra de Sanidad y de la primera ministra, Elisabeth Borne y se ha ido hacia un Gobierno más a la derecha, con antiguos miembros del Gabinete de Sarkozy.
En Alemania, dirigentes de la ultraderechista AFD se reunieron en noviembre para trazar un plan para la expulsión de millones de inmigrantes con dirigentes neonazis y grandes empresarios. No obstante, no hace falta que estos fascistas lleguen al poder para que el Gobierno socialdemócrata actual haya aprobado una normativa permitiendo la deportación de las personas con el permiso de residencia denegado. El primer ministro Scholz declaró que la inmigración irregular es “la culpable de la inseguridad del país”, discurso que poco se diferencia de la reacción.
En agosto de 2023, el Gobierno conservador británico del multimillonario Rishi Sunak propuso la expulsión de inmigrantes a Ruanda. Mientras esta expulsión se llevaba a cabo, se les hacinó en el barco Bibby Stockholm convertido en prisión flotante para más de 500 personas. Como en los peores tiempos de la esclavitud (de hecho, la embarcación pertenece a una familia que hizo fortuna con el negocio de los esclavos).
Sánchez avala la política migratoria de la extrema derecha en la UE
A pesar de que Pedro Sánchez se proclama como “el campeón del antifascismo”, el Gobierno español no se ha quedado lejos en la criminalización a los inmigrantes que huyen de la miseria y de las guerras. Más de 6000 personas han muerto en pateras y cayucos al intentar llegar a Canarias en 2023. La frontera de Melilla también es un lugar donde los que intentan cruzar son masacrados, como pasó en el verano de 2022, donde fueron asesinados entre 23 y 37 migrantes a manos de las fuerzas policiales españolas y marroquíes. Un año y medio después, ningún policía ni cargo político ha pagado por los crímenes cometidos y lo único que se ha hecho es reforzar la valla, con un costo de 5 millones de euros.
Esta política se ha acentuado en los últimos meses, tanto en su posición en la UE como en el Gobierno español. Con motivo de la aprobación de los decretos “anticrisis”, el PSOE acordó con Junts la cesión de competencias en inmigración para la Generalitat de Catalunya. Este partido de la derecha catalana, tiene un discurso completamente xenófobo. Por ejemplo, su secretario general, Jordi Turull defendió la expulsión de inmigrantes, por “ser los causantes del aumento de la delincuencia”. Además apoya en Ripoll a Silvia Orriols, una alcaldesa que se siente orgullosa de ser “islamófoba”. Con estos argumentos se entiende el “antifascista” Sánchez para llegar a acuerdos migratorios.
Pero lo peor ha venido después. Al ser entrevistado en El País y RNE sobre este tema, el presidente del Gobierno ha declarado que la política migratoria va hacia “una política comunitaria” y se felicitaba de haber llegado a firmar durante su presidencia de la UE el Pacto de Migración y Asilo. Es decir, se siente orgulloso de la detención de menores migrantes, del hacinamiento de los mismos en centros de internamiento, de que terceros países que violan los derechos humanos vigilen la entrada de estas personas a la UE.
Esta política, que criminaliza y recibe con balas, palos, tortura y campos de concentración a los inmigrantes es la que asfalta el camino a la extrema derecha. Defender estas posiciones es la antítesis del antifascismo y el programa de la izquierda. Es más, que esto venga por parte de Pedro Sánchez y el PSOE refuerza precisamente el avance de la extrema derecha.
Con quien hay que tener mano dura es con quienes someten a la miseria y al horror a millones de personas para lucrarse a su costa, con quienes persiguen y obligan a huir de sus casas y sus vidas a los que luego se la juegan en el Mediterráneo, con quienes reprimen y tratan como basura a nuestros hermanos de clase por ser pobres, con quienes les explotan y abusan en la democrática Europa para hacerse de oro a su costa.
Que nos cuenten cuentos. La política migratoria de Pedro Sánchez tiene cero de “progresista”.
