La cogestión en ALCASA bajo ataque
La cogestión revolucionaria y la postura de la dirección de la FBT Bolívar
En entrevista hecha por Isabel Arrieta, del periódico regional Nueva Prensa de Guayana, a Félix Antillano, secretario de asuntos sociales de SINTRALCASA y Alberto Marín, secretario de acta y correspondencia de la seccional de empleados de dicho sindicato, y ambos dirigentes del Movimiento 21 (FBT - Bolívar), acusaron al compañero Lanz de haber “propiciado la división entre los trabajadores y sin duda alguna implementa una anarquía continua en la planta”, además de que “estamos al frente de un caos institucional en Alcasa”. Asimismo, Antillano “cuestionó la divulgación de parte de la empresa del proceso cogestionario, ya que por el contrario no hay participación de los trabajadores en la toma de decisiones pese a que el principio fundamental de cogestión promueve la integración.”
Cuando sabemos que, con sus altos y bajos, la experiencia de cogestión en Alcasa es la más avanzada en estos momentos en el país, con alto contenido de control obrero, puede uno preguntarse ¿qué tipo de cogestión defiende la dirección de la FBT en Bolívar? En ocasión de las recientes elecciones sindicales en esa reductora del aluminio, camaradas de la Corriente Marxista Revolucionaria tuvimos la oportunidad de debatir con algunos sectores de trabajadores nuestras propuestas de control obrero. Entre con quienes debatimos sobre estos temas estaban dirigentes del Movimiento 21 (FBT Bolívar), en particular, el diputado suplente Marcano. Según nos comentaba el compatriota Marcano, ellos están en completo desacuerdo con el modelo de cogestión impulsado en ALCASA y defienden por el contrario propuestas como las que se intentaron desarrollar en CADAFE.
Ciertamente CADAFE fue en su momento una interesante experiencia de participación de los trabajadores. Pero varios errores y una falta de visión más global de la lucha por la cogestión finalmente derrotaron este proceso, que actualmente se encuentra estancado. En lugar de romper con las estructuras tradicionales de una empresa capitalista, el modelo cogestionario impulsado en CADAFE planteaba el anexar organismos de participación de los trabajadores a los distintos estratos de la empresa eléctrica. Enfrentado a una gerencia contraria a cualquier participación de los trabajadores más allá de un “buzón de sugerencias”, como llegó a plantear públicamente el presidente de esta empresa, este modelo cogestionario fue finalmente derrotado, o al menos estancado.
Si a esta propuesta la comparamos con los principales planteamientos de un modelo cogestionario aún en desarrollo, es claro que la propuesta alcasiana es mucho más avanzada. Por ejemplo, en lugar de anexar órganos de participación a las gerencias, en ALCASA se ha cambiado la figura de gerentes por ternas gerenciales, es decir, equipos de tres delegados elegidos en asamblea y revocables en todo momento. Junto a esto, la participación de los trabajadores se organiza a través de mesas de trabajo y voceros elegidos a tal fin por departamento y en asamblea, igualmente revocables. Pero más allá de esto, basta con mencionar que en ALCASA ya se han empezado a dar experiencias en la que en algunos departamentos, los trabajadores han participado de las decisiones acerca de la adquisición y uso de insumos. ¿Acaso no es esto participación de los trabajadores? Pareciera ser que el compatriota Félix Antillano y una pare de la dirección de la FBT regional o bien desconocen estas experiencias o tienen otro concepto de lo que es participación de los trabajadores.
La adecuación tecnológica y el inicio de la Línea V
Otro de los frentes desde los cuales desde hace meses vienen atacando la actual gestión en ALCASA tiene que ver con la construcción de la denominada Línea V. El pasado 28 de Enero, el diario regional Correo del Caroní publicaba las declaraciones de las directoras laborales Morella Cordero y Mary Briceño, ambas del Movimiento 21 (FBT Bolívar), quienes “manifestaron su preocupación por la desaparición o desvío de una partida de 194 millones de dólares previstos para la ejecución del proyecto de expansión de la empresa reductora de aluminio conocido como la V Línea”. Ambas dirigentes sindicales señalaron que la “decisión de rebajar el presupuesto de la V Línea de CVG Alcasa se tomó en el mes de noviembre del 2005, cuando se hizo la planificación del presupuesto del año 2006, pero lo que levanta sospecha, es que ningún directivo de la empresa haya dado una explicación de si este dinero será utilizado en otro proyecto dentro de la planta".
Al momento de salir la nota anteriormente citada, distintos diarios regionales anunciaban la supuesta eliminación del proyecto de ampliación de las capacidades productivas en ALCASA. Con bombos y platillos, los diarios regionales acusaban a la actual dirección de la empresa de haber echado para atrás el proyecto de construcción de la Línea V y en muchos casos decían citar anuncios oficiales por parte del compañero Carlos Lanz. Más recientemente, en las mismas declaraciones dadas por Félix Antillano y Alberto Marín al Nueva Prensa, “responsabilizaron al presidente Lanz de la paralización de la construcción de la V línea de Alcasa que daría equilibrio al proceso de producción y apalearía los altos niveles de desempleo en la zona.”
Sin embargo, las razones de la demora en el inicio de la construcción de la Línea V poco tienen que ver con antojos personales sino con haber dado un alto a un proyecto que estaba planteado adelantarse con una empresa trasnacional en condiciones desventajosas para ALCASA y para el país mismo. Antes estaba prevista la implementación de una tecnología de la trasnacional francesa Pechiney, conocida en el mercado como AP-35. La implementación de esta tecnología francesa implicaba que parte de la producción de ALCASA iría a manos de esta trasnacional, en condiciones poco favorables a la empresa venezolana. Más aún, la otra propuesta implicaba el uso de la tecnología de celda V-350, desarrollada en VENALUM. Esto no sólo implicaba el ahorro de costos, sino evitaba la condición de ceder materia prima en condiciones desfavorables.
La demora en la iniciación del proyecto justificó el ataque recibido desde diversos sectores. Curiosamente, el actual Secretario General de SINTRALCASA, Henry Arias (Causa R), declaraba el pasado 29 de Enero a Correo del Caroní que “hasta donde yo sé, el proyecto de la V Línea de Alcasa va, puesto que la semana pasada me reuní con el presidente de la empresa Carlos Lanz y es lo que se manejaba” y explicó que “las últimas informaciones que hemos tenido es que el proyecto de la reductora de aluminio se llevará a cabo con tecnología V-350, que es venezolana, no como se tenía programado en un inicio, que era hacerla con tecnología francesa”.
Sin embargo, para Arias, “no importa si estos proyectos se llevan a cabo con tecnología nacional o extranjera, lo importante es que se hagan y por eso Sintralcasa y los sindicatos de la construcción no nos podemos quedar de brazos cruzados”. Finalmente, según se reseñó en los medios regionales, este primer semestre de 2006 se iniciará las labores de construcción de la Línea V en ALCASA, así como también de la Línea VI de VENALUM, ambos proyectos empleando la tecnología desarrollada en la región. Según publica el diario Correo del Caroní en fecha 08 de Febrero, en referencia a la tecnología francesa, Carlos Lanz señalaba que “esa idea se estaba ejecutando de manera equivocada” y que “existía mayor viabilidad empleando las celdas diseñadas por Venalum”. Según señala la nota periodística sobre las declaraciones del compañero Lanz, “el Ejecutivo Nacional absorberá un porcentaje importante de los gastos, es decir, el proyecto será ejecutado 51% con capital oficial. Sin embargo, no se ha descartado del todo la participación foránea. Lo que sí advirtió que por decisión del Ejecutivo no se intercambiará tecnología o inversión por materia prima.”
Hay que señalar que, en nuestro criterio, parte de los ataques lanzados desde distintos sectores, pero particularmente desde la dirigencia de la FBT regional, pudieran haber sido contestados revolucionariamente, lanzando una consulta a los propios trabajadores alcasianos. Una asamblea general de trabajadores, en la que se hubiese dado el debate sobre las ventajas de la tecnología nacional sobre la francesa, además de señalar las condiciones desventajosas que la trasnacional pretendía imponer hubiese sido no sólo una respuesta contundente a quienes, por intereses que parecen ser más de tipo personal por compromisos adquiridos, sino además habría permitido en otro aspecto clave del desarrollo de esta estatal del aluminio, haber impulsado la participación de los trabajadores.
La lucha de los jubilados y pensionados
Los pasivos laborales que acumulan las distintas empresas básicas en Guayana son inmensos. ALCASA no es ninguna excepción. En las últimas semanas, por no decir meses, se han dado reiteradas movilizaciones de trabajadores de las distintas empresas metalúrgicas de la región, reclamando el pago de lo adeudado. Recientemente, el reclamo del pago de una deuda que mantenía la reductora del aluminio con sus jubilados de los años 1990-200 por errores en los cálculos de prestaciones llevó a acciones de protesta por parte de estos ex trabajadores, quienes llegaron a cerrar las instalaciones del edificio administrativo de ALCASA, cerrar el acceso vehicular a la factoría y amenazar el inicio de una huelga de hambre para forzar el pago de lo adeudado.
A mediados de diciembre pasado, la empresa había llegado a un acuerdo con los jubilados y pensionados, además del compromiso de la CVG de transferir el monto de 4,9 millardos para el pago de los pasivos laborales. En nota de prensa en el diario Correo del Caroní de fecha 17 de Enero de 2005, se señalaba que “El Directorio de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), presidido por el ministro Víctor Álvarez, firmó este viernes un acuerdo aprobando el auxilio financiero por un monto de 4.9 millardos de bolívares, para honrar la deuda por concepto de ajustes de pensiones de los jubilados y pensionados de CVG Alcasa.” Sin embargo, el traspaso de los fondos no se ha concretado sino que luego de semanas de protestas lo que se ha alcanzado es el compromiso de que a partir del 08 de Febrero se iba a iniciar el traspaso de los fondos. ¿Por qué se ha demorado este traspaso de fondos?
El pasado 1 de febrero, el Correo del Caroní señalaba que “Un grupo representativo de los 520 jubilados y pensionados de la empresa CVG Alcasa, tomaron la decisión de instalarse de manera indefinida en la sede del edificio administrativo de la empresa reductora de aluminio, exigiéndole a la Corporación Venezolana de Guayana, y específicamente al ministro Víctor Álvarez, titular del Mibam, que autorice la transferencia de los 4.9 millardos de bolívares para el pago de la deuda correspondiente a la bonificación por el mal cálculo del salario de los ex trabajadores desde el año 1991.” Los medios regionales aprovechaban las protestas, que los jubilados y pensionados dirigieron siempre hacia los responsables administrativos de la CVG, para atacar en ALCASA, en una campaña mediática sin descanso que adelantan contra la empresa bandera de la cogestión revolucionaria.
El propio abogado del grupo de trabajadores jubilados y pensionados, José de Jesús Díaz, declaraba en esa misma nota de prensa que “el proceso administrativo de transferencia de los 4.9 millardos de bolívares, desde la Corporación Venezolana de Guayana hasta la empresa CVG Alcasa, no se ha realizado por una serie de trámites de carácter burocrático, que están entorpeciendo una negociación transparente y democrática entre los jubilados y la empresa CVG Alcasa. En tal sentido hacemos un llamado al ministro Víctor Álvarez para que le dé celeridad a este proceso, y se le pague este dinero a los jubilados de CVG Alcasa". Adicionalmente, denunció que "existen personas enquistadas dentro de CVG matriz, que están interesadas en sabotear este proceso”.
El día 3 de febrero, Rubén Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de CVG Alcasa (Ajupal), declaraba también al Correo del Caroní que la transferencia de los 4,9 millardos“no se ha hecho efectiva debido al enfrentamiento de tipo político que existe entre dirigentes enquistados dentro de la CVG, que responden a los intereses del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez” y señaló a María de Lourdes Berti, vicepresidenta de recursos humanos de la CVG, así como María Carolina Morillo, consultor jurídico de la CVG, “quienes están creando este cuadro de conflicto al negarse a pagar el dinero que se le adeuda a los jubilados y pensionados de CVG Alcasa”.
Movimiento 21 y el debate post-electoral en las bases bolivarianas
Por otro lado, y como lo habíamos previsto desde el momento mismo de las elecciones sindicales del pasado Enero, entre los trabajadores bolivarianos de ALCASA, pero particularmente entre las propias bases del Movimiento 21, se está desarrollando una dinámica de cuestionar la política seguida por la dirección ante las recientes elecciones. Más aún, la negativa de algunos dirigentes de este movimiento por abrir los espacios de debate necesarios para reflexionar y entender las consecuencias de las pasadas elecciones sindicales está acentuando el descontento, que en cualquier momento podrá causar nuevas fracturas.
Durante una jornada de venta de nuestro periódico El Topo Obrero a puerta de fábrica, pudimos conversar con algunos camaradas del Movimiento 21 con quienes habíamos conversado durante las largas jornadas electorales de enero. Éstos nos comentaban que habían intentado abrir un debate interno para discutir los resultados de las elecciones, pero no habían encontrado ningún eco en la dirección. Como habíamos previsto, algunos sectores de las bases están planteando preguntas, que un sector de la dirigencia se niega a contestar. Esto por supuesto no significa que un quiebre total de esta dirección es inminente. Pero es claro que es urgente, como decíamos al final de nuestro análisis de las elecciones sindicales, que en ALCASA se desarrolle una dirección sindical clasista y revolucionaria alternativa que pueda agrupar a estos sectores descontentos que seguirán saliendo de las filas del Movimiento 21. Si no es así, es posible que caigan en el desánimo y la apatía o, como sucedió en estas elecciones, se agrupen tras dirigentes que vienen de las filas de organizaciones nada interesadas en impulsar el proceso de cogestión en líneas de control obrero en ALCASA o el proceso revolucionario en general.
De la Cogestión al Control Obrero
Es claro que en el movimiento bolivariano existen diversas concepciones de lo que debe ser la cogestión. Desde las propuestas más atrasadas y reformistas, que incluyen la democratización de capital al estilo SIDOR, hasta el sano instinto de la clase de avanzar hacia el control obrero, de gestionar las empresas y mostrar, como lo hicieron los trabajadores petroleros durante el sabotaje a la industria petrolera a finales de 2002.
Con el lanzamiento de las Empresas de Producción Social (EPS) se abren nuevos debates, pues son presentadas por algunos sectores del Gobierno Bolivariano como un salto hacia delante en las relaciones de producción. Sin embargo, ya han sido anunciadas que las EPS, al menos las que conformarán la Compañía Nacional de Industrias Básicas (CONIBA), serán Compañías Anónimas (C. A.) donde parte del capital accionario de la empresa será distribuido entre los trabajadores, nuevamente cayendo en el concepto de “democratización del capital” que poco éxito ha tenido en otros países, incluidos los capitalistas desarrollados. En este sentido se abrirá ahora un debate en las bases obreras, donde los revolucionarios defenderemos la necesidad de avanzar hacia el control obrero, donde los trabajadores seamos la dirección consciente de las empresas del Estado, bajo una planificación democrática de la economía, donde participemos trabajadores, campesinos y demás sectores de la sociedad.
