Anzoátegui, Venezuela, 29 de enero de 2009.-
Voceros de los trabajadores de la planta MMC Automotriz SA (Mitsubishi), consideran que la muerte de dos trabajadores a balazos, por disparos de la Policía del Estado Anzoátegui, ocurrida en la tarde de hoy, es producto de una acción patronal-judicial-policial premeditada. Para ellos, forma parte de una atendencia a la criminalización de las luchas obreras que vienen imponiendo sectores del aparato del Estado, en el sector judicial y en organismos de seguridad que permanecen controlados por los intereses patronales y transnacionales.
El Secretario General del sindicato de MMC Automotriz, Félix Martínez, expresó que la actuación policial les parece expresamente dirigida a conseguir el desalojo de las instalaciones de la empresa a cualquier costo, tal como lo habría afirmado la Juez de Ejecución Diana Vásquez, encargada de aplicar la medida. Ese “costo” incluyó la muerte de los dos obreros y varios heridos por armas de fuego, en lugar de emplear el diálogo u otras vías de solución que hubieran evitado el derramamiento de sangre. Uno de los heridos, de nombre Alexander García, recibió un impacto en el pecho.
La cantidad de cartuchos descargados por armas policiales, recogidos por los trabajadores, es “impresionante”, según el directivo sindical. Señaló que los trabajadores simplemente se resistieron a ser desalojados y recibieron una respuesta claramente desproporcionada, comparable a una operación de “sicariato” al servicio de la transnacional.
La acción de desalojo, fue ordenada por el Juez de Primera Instancia Henry Gobián Diettrich (escrito tal como sonó en la declaración telefónica) y el procedimiento quedó a cargo de la juez mencionada, con la utilización de policías comandados por el comisario Manuel Ortíz.
El dirigente sindical Félix Martínez, reportó los antecedentes del conflicto laboral, que abarca a la MMC Automotriz (Mitsubishi) y a una de sus contratistas de autopartes (asientos) de nombre Macusa. Ciento treinta y cinco trabajadores de esta contratista fueron despedidos, a pesar de la inamovilidad laboral. La Mitsubishi no reconoce la relación laboral con este personal tercerizado.
El sindicato dice que las autoridades del trabajo en Anzoátegui no daban solución a este y a otros casos y por eso los trabajadores resolvieron la toma de la planta, con la intención de obligar a la aceptación del diálogo.
Se quejan de que la empresa viola sistemáticamente la convención colectiva y de que hay trabajadores con enfermedades laborales músculo-esqueléticas, porque no se cumplen las normas de seguridad, higiene y salud laboral, pues la empresa no quiere invertir en la prevención de las enfermedades provocadas por el tipo de trabajo que se realiza.
A pesar de la brutal y criminal acción policial, la patronal y sus agentes judiciales y represivos no lograron desalojar a los trabajadores, que enfurecidos e indignados por el asesinato de sus compañeros, ahora permanecen más aferrados a su puesto de lucha. Por ahora dicen que la policía se retiró a cierta distancia y la planta está rodeada por trabajadores de esa y otras empresas, así como por gente de las comunidades vecinas y Consejos Comunales que apoyan solidariamente a los trabajadores.
La dirigencia sindical asegura que los trabajadores no abandonarán la toma hasta que se dé con los culpables y se haga justicia, exigiendo, además que la empresa dé muestras de su disposición a buscar una solución a los reclamos de los trabajadores y su sindicato. Hacen un llamado a todos los dirigentes del movimiento obrero de Anzoátegui y del país para movilizarse con el objeto de darle un “parao” a los asesinatos de luchadores sindicales. Exigen que se intervenga a la policía de Anzoátegui.
Aclaran que saben distinguir muy bien entre los factores patronales que actúan desde organismos del Estado a favor de la patronal y lo que significa para los trabajadores el gobierno bolivariano y el proceso revolucionario. Aseguran que situaciones como esta no quebrantan su disposición de defender el Sí a la Enmienda Constitucional para mantener los logros de los trabajadores, pero que la planta de Mitsubishi no la van a abrir mientras no se garantice la verdadera justicia y que no habrá impunidad en este caso.
Para el sindicato hay un complot empresarial-judicial-policial contra los trabajadores. El vocero sindical recordó que empresas automotrices como General Motors han estado involucradas en acciones golpistas como sucedió cuando Allende (Chile 1973) y que las automotrices en Venezuela muestran iguales inclinaciones a pesar de haberse favorecido de las políticas del gobierno nacional. Quedaron insatisfechos con las declaraciones del Secretario de Gobierno Rafaél Vegas sobre los hechos ocurridos, por cuanto habló de "enfrentamiento", cosa que los trabajadores afirman que nunca sucedió y que las agresiones fueron unilaterales y procedentes de la fuerza policial. Consideran que esto no favorece a la posición obrerista que reivindica el gobierno.
La Guardia Nacional tuvo que presentarse en el lugar para que la policía se retirase y se evitaran posibles nuevas agresiones.
